En el marco del 159 periodo de sesiones CIDH realizada en Panamá, el viernes 2 de diciembre de 2016 se realizaron cuatro audiencias de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las que participaron, como es regular, organizaciones de la sociedad civil y representantes del Estado venezolano. Se trataron los temas: situación del derecho a la libertad de expresión e información, el derecho humano a la vivienda, situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad, y derechos humanos en el contexto del proyecto “Arco Minero del Orinoco”.
De las Organizaciones No Gubernamentales venezolanas estuvieron presentes Espacio Público, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Programa Venezolano de Educación- Acción (Provea), Observatorio Venezolano de Prisiones, Laboratorio de Paz y Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes. La delegación estatal estuvo liderizada por Larry Devoe, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y otros representantes que se fueron turnando según el tema de la audiencia.
Libertad de expresión
Esta audiencia fue solicitada por las organizaciones no gubernamentales Espacio Público y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), ante la crisis societal que vive el país “el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión es una posibilidad para que la sociedad venezolana acceda a los diagnósticos, a las propuestas de soluciones y a que podamos debatir las mejores soluciones para solventar esta grave crisis”, comenzó diciendo Carlos Correa de Espacio público.
Entre los temas tocados por las organizaciones de la sociedad civil se encuentra la hegemonía comunicacional como política de Estado, los problemas para acceder a las informaciones públicas, el poco pluralismo y libertad, el abuso del Estado en el uso de los medios para la propaganda política; las amenazas a los medios privados; la monopolización del papel por parte del Estado; la dinámica de pedir permiso cada vez que se quiera hacer una manifestación pacífica; la ausencia de requerimiento de visas para el ejercicio peridístico de extranjeros a quienes se les niega o se deportan.
De igual forma se puso sobre la mesa la situación del periodista Braulio Jatar; las prohibiciones de difundir información sobre linchamientos, investigaciones de contraloría, etc.
También se tocó el tema del internet, reconociéndose la existencia de una “muy alta” penetración, aproximadamente un 62% pero con una velocidad de descarga de 1, 5 megas por segundo.
Otros temas de preocupación fueron las últimas declaraciones del Estado relacionadas con la necesidad de hacer regulaciones a los servicios vinculados a internet. Se trajo a colación la situación de personas detenidas por el uso de redes sociales. Todo ello, como lo mencionaron las ONG trae como consecuencia el “temor a expresarse”; se describió hostigamiento y represalias contra quienes promovieron el derecho al referendo revocatorio.
Ante estas exposiciones, el gobierno venezolano afirmó que el 65% de venezolanos accede a internet. “Ha habido una revolución en acceso a internet»,. Asimismo: «Hemos impulsado democratización y acceso en área comunicación».
En relación con la monopolización del papel prensa, el recorte de divisas, y la muerte de los diarios impresos, el gobierno señaló que eso era producto de la migración a la plataforma digital, así como denunció que los medios de comunicación privados incitaban al magnicidio y a la violencia, y aplicaban sabotaje comunicacional. «El negocio de los periódicos no es traficar con divisas sino traficar con ideas», expusieron.
En relación el ejercicio periodístico, señaló que no había pruebas de que existieran periodistas detenidos, y reconocieron que han habido profesionales de la comunicación agredidos, y que tales situaciones deben denunciarse.
Cuando tocó el tema de la detención de Braulio Jatar, el gobierno de Venezuela explicó que el ciudadano estaba siendo investigado por otros delitos q no tienen q ver con libertad de expresión.
Los representantes de la CIDH, entre otras cosas preguntaron cuál es el concepto que el estado Venezolano maneja de libertad de expresión; también reiteraron que «Nadie debe estar en prisión por expresar sus ideas políticas o compartir su opinión»; cuáles serán las medidas que el Estado piensa adoptar para facilitar mejor ambiente a libertad de expresión.
El derecho humano a la vivienda en Venezuela
Seguidamente, comenzó la audiencia sobre el derecho humano a la vivienda, solicitada por el Estado venezolano para, según lo dijeron, mostrar los logros y avances en esa materia.
Comenzó su intervención el gobierno venezolano señalando, entre otras cosas del deterioro importante en el que estaba el derecho a la vivienda cuando asumió el fallecido presidente Hugo Chávez; de los avances de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y de otras misiones relacionadas con habitad y vivienda; que en los últimos 17 años se redujeron exitosamente vivienda inadecuadas afirmaron; 326.323 viviendas fueron construidas en 2015. Este mismo año, según señaló el gobierno, se registró ocho punto quince (8.15) muertes por cada cien mil habitantes. “Ha habido reducción de muertes por viviendas inadecuadas”. Asimismo afirmaron que “Venezuela está libre de desalojos arbitrarios”, que el derecho a la vivienda ha cumplido sin discriminación, priorizando a personas en situación de pobreza.
El programa Venezolano de Educación- Acción (Provea), la única ONG que estuvo de contraparte en esta audiencia, comenzó su intervención exponiendo, con datos, las contradicciones de las cifras presentadas por el gobierno, así como la ausencia de información sobre el tema en el portal del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.
En ese sentido, Rafael Uzcátegui explicó que las cifras de Banco Central de Venezuela no reflejan aumento en construcción, sino más bien la disminución en el área, y todavía no se han publicado números de 2016; la memoria y cuenta de 2015 del MPPHV no registra dónde están las viviendas construidas ese año. También habló de la escasez de materiales de construcción declarada a Provea por fuentes especializadas.
Con respecto a las condiciones de las viviendas entregadas por el gobierno, Uzcátegui afirmó que los títulos de propiedad de GMVV no han sido protocolizadas en su totalidad para resguardar a las personas de desalojos arbitrarios, y que ha habido allanamientos ilegales, además de hurtos y destrucciones en el marco de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). “976 viviendas demolidas y 10 incendiadas en el marco de OLP según denuncias a Provea”, precisó el representante de la sociedad civil. De igual forma recomendó al gobierno transparencia en cifras de construcción de viviendas; suspensión de las OLP, justicia para las víctimas, e insistió con firmeza en que el gobierno venezolano se comprometiera a no tomar represalia contra las víctimas cuyos casos fueron expuestos ante la CIDH en esa audiencia.
Entre las intervenciones de los representantes de la CIDH, se pidió al Estado explicar cómo es el protocolo jurídico de asignación de las viviendas de la GMVV, cuál es el protocolo jurídico de asignación de las mismas, así como justificar demoliciones a viviendas. Se le preguntó cuál es la política para proteger y garantizar los Derechos Económicos Sociales y Culturales, y, por último, el presidente de la Comisión exigió al Estado comprometerse con no ejercer represalias contra las familias mostradas como victimas de OLP.
Es importante señalar que frente al tema de las OLP, representante del gobierno venezolano precisó: “No voy a ahondar en materia de #OLP porque no es objeto de esta reunión».
Situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela
Esta tercera audiencia fue solicitada por el Observatorio Venezolano de prisiones para hablar sobre la grave situación que afrontan las personas privadas de libertad: hacinamiento, insalubridad (afirmó que las enfermedades más comunes que presentan los reclusos son Tuberculosis, Escabiosis), enfermedades venéreas, VIH) sistema penitenciario inadecuado, la situación contraria a los derechos humanos que se vive en los recintos carcelarios y los calabozos policiales. Muchas de estas últimas en espera de un proceso judicial.
En este sentido, se le solicitó al gobierno la incorporación de las reglas Mandela en la legislación venezolana, el respeto al trabajo de los defensores de DDHH, y se pidió investigación y justicia por la desaparición forzada de Francisco Guerrero Lares en 2009.
Ante las intervenciones de la sociedad civil, el gobierno venezolano respondió que: se ha alcanzado un 96% en el control de las cárceles; la población penitenciaria tiene garantías totales en el respeto a sus derechos humanos. Asimismo negó el hacinamiento y expuso que se estaba haciendo u esfuerzo conjunto en lo q corresponde a operadores de sistema de justicia para garantizar el debido proceso. Derechos a la salud y a la alimentación de los privados de libertad está garantizada en un 100%, señaló la Viceministra para asuntos penitenciarios. “Se ha cumplido con la transformación de los privados de libertad”, concluyó.
En esta ocasión, las intervenciones de los representantes de la CIDH, específicamente de su presidente, puso en evidencia sus dudas, y su asombro con respecto a las cifras presentadas por el gobierno dada la situación carcelaria de los países latinoamericanos en general. Por último instó al gobierno venezolano a invitar a relatores para mostrar esas condiciones tan óptimas de las cárceles que reflejan sus cifras.
Derechos humanos en el contexto del proyecto “Arco Minero del Orinoco” en Venezuela
Esta audiencia fue a petición del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), Laboratorio de Paz y Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes.
Las ONG mencionadas plantearon aspectos relacionados con las violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los tratados internacionales que se han derivado del decreto del Arco Minero del Orinoco, como es el caso de la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada, la inexistencia de un estudio de impacto ambiental, así como la deuda que el Estado tiene con los pueblos originarios en materia de demarcación de los territorios. Además de ello la militarización de los territorios indígenas; la violación )con el decreto del Arco Minero (AMO), al derecho al trabajo, pues el gobierno se reserva las formas de contratación.
Otros temas denunciados ante la CIDH fueron los relativos a cómo el gobierno anuló las competencias de la Asamblea Nacional en el caso AMO, y la criminalización de quienes han expuesto públicamente su oposición al decreto.
La réplica del gobierno ante los señalamientos de la sociedad civil fue señalar que el decreto AMO se enmarcaba dentro de un proyecto ecosocialista con el reconocimiento de los pueblos indígenas y de las leyes; impulsaba un nuevo orden en la dinámica de las actividades mineras, y que hasta la fecha se han realizado más de 58 asambleas de consulta.
En esta comisión venezolana estuvieron presentes dos líderes indígenas de la comunidad mapoyo quienes reconocieron que el gobierno no ha violado el derecho de los pueblos indígenas en caso AMO.
En esta materia, la CIDH reconoció que la CRBV es pionera en incluir derecho de los pueblos indígenas, asimismo, representantes la Comisión preguntaron cómo y a quienes fue hecha esa consulta sobre el decreto AMO; si en el futuro habrá participación de los pueblos indígenas en lo que se produzca; invitaron al gobierno venezolano a impulsar campañas públicas que reconozcan la legítima labor de defensores de DDHH; y reconocieron no estar en contra de las actividades mineras mientras se respeten DDHH y estándares internacionales.
El 159avo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realizará hasta el 7 de diciembre de 2016 en Ciudad de Panamá
Prensa Provea
