En el marco del 161 periodo de sesiones CIDH realizada en Washington, el miércoles 22 de marzo de 2017, se realizaron tres audiencias de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las que participaron, como es regular, organizaciones de la sociedad civil y representantes del Estado venezolano. Se trataron los temas: Derecho a la verdad e informe de la Comisión por la Justicia y la Verdad de Venezuela, Denuncias sobre persecución política en Venezuela y Acceso a la justicia
De las Organizaciones No Gubernamentales venezolanas estuvieron presentes: el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (Cofavic), la Vicaria de Derechos Humanos de Caracas, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el Foro Penal Venezolano (FPV), Un Mundo Sin Mordaza (Sin Mordaza), Defensores Activos (DA), Refugee Freedom Program (RFP), el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la Asociación Civil Transparencia Venezuela, la Asociación Civil Sinergia, la Asociación Civil Espacio Público, la Asociación Civil Acceso a la Justicia, Civilis Derechos Humanos, y el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys).
Por el Estado venezolano estuvieron presentes Larry Devoe, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Zair Mundaray, Director General de Actuación Procesal de Ministerio Público, y Romer Pacheco, Consultor Jurídico del Tribunal Supremo de Justicia.
Derecho a la verdad
El Estado de Venezuela solicitó la audiencia: «Derecho a la verdad e informe de la Comisión por la Justicia y la Verdad de Venezuela», para, según lo indicó Larry Devoe «presentar parte de los resultados del trabajo desarrollado por las instituciones de nuestro país para hacer justicia frente a las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en Venezuela en el periodo histórico 1958- 1998». Devoe explicó que estos hechos no fueron reflejados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Sobre la Comisión por la Justicia y la Verdad habló Zair Mundaray, quien (además de su cargo en el Ministerio Público) fue parte del equipo que desarrolló la Comisión por la Justicia y la Verdad. El funcionario en su intervención puso en contexto histórico la creación de la Comisión, y habló de la metodología que usaron y que sustentan el informe preliminar hecho.
Mundaray explicó que la Comisión es particular en Venezuela porque tiene un fundamento jurídico y es el «producto de una serie de luchas y reclamos históricos sostenido por organizaciones sociales que fueron objeto de persecución por razones políticas e ideológicas». Otro elemento que rescató el funcionario fue la participación de las víctimas en esta Comisión.
también expresó que la idea es que la Comisión «pueda generar alertas tempranas institucionales y que frente a cualquier desviación, las mismas instituciones sean capaces de corregir, visibilizar y aplicar los correctivos necesarios en materia de graves violaciones de derechos humanos»
El abogado aseveró que el manejo metodológico de la investigación de la Comisión por la Justicia y la Verdad los ha ido «acercando paulatinamente a la verdad lo que implica uno de los objetivos fundamentales. Concluyó con los hallazgos: existencia de un aparato represivo estatal constituido a partir de la tesis del enemigo interno. «Haber convertido al otro en enemigo fue el inicio de la institucionalidad desviada, o pseudo institucionalidad»; identificación de los entes principales de la actividad represiva: servicios de inteligencia de la fuerza armada venezolana ejecutaron «los mas brutales interrogatorios, torturas, allanamientos, asesinatos en enfrentamientos armados simulados, falsos positivos. El ala civil: la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, Digepol dedicados a la persecución a la disidencia, censurar medios, detenciones arbitrarias, tortura para interrogar, irrupción en la intimidad de personas y allanamientos sin orden para ello.
Mundaray también mostró los desaparecidos y las masacres ocurridas en el periodo estudiado y concluyó enfatizando en la importancia de la reparación integral de las víctimas del «terrorismo de Estado» como parte del ejercicio del derecho a la verdad. «Debemos seguir afianzando las investigaciones, proseguir la búsqueda de desaparecidos y hacer una campaña agresiva de promoción y difusión de derechos humanos para garantizar la no repetición».
A continuación tomó la palabra Liliana Ortega de Cofavic, saludó la iniciativa del Estado venezolano de crear esta comisión pero criticó el hecho de que sea tomado solo un periodo histórico. «Esta iniciativa se diluye su sentido de reparación integral cuando abarca un periodo que excluye abiertamente graves crímenes de derechos humanos. Limitación que no tiene justificación mas que la de renunciar deliberadamente al escrutinio de lo que ha ocurrido bajo el mandato de quien está impulsando la iniciativa». En este sentido, la activista enumeró varios casos de violaciones de derechos humanos ocurridos después de 1998. Mostró preocupación por la persecución y casi exterminio de la familia Barrios del estado Aragua, situación que comenzó en 1998 y que se ha mantenido en el tiempo. «La impunidad no es solo un asunto del pasado sino también del presente». Ortega reclamó que la masacre del Reten de Catia y la explosión social de El Caracazo no hayan sido considerados por la Comisión y sigan impunes luego de tantos años.
La activista concluyó diciendo que para lograr que los graves crímenes no se repitan, se debe lograr la verdad, sin exclusión ni discriminación.
«Solicitamos que se abran investigaciones a todos los responsables de violaciones de derechos humanos. No puede haber victimarios de primera y de segunda»
Seguido de Cofavic, vino la intervención de Provea, con Inti Rodríguez, quien saludó la iniciativa del Estado de investigar las violaciones de DDHH entre 1958 y 1998. Sin embargo, catalogó como negativo que la Comisión haya sido creada solamente con personas identificadas con el proyecto político de fallecido presidente Hugo Chávez; que se haya ignorado las violaciones de DDHH de víctimas relacionadas con la disidencia política del gobierno; que en vez de trabajar en conjunto con las organizaciones de DDHH, se hayan estigmatizado y criminalizado; que hasta ahora no se hayan investigado a responsables de violaciones de DDHH vinculados al gobierno como a Cordero Lara vinculado a la masacre de Cantaura y Rodriguez Chacín con caso de El Amparo. «Solicitamos que se abran investigaciones a todos los responsables de violaciones de derechos humanos. No puede haber victimarios de primera y de segunda. Todos deben ser investigados y juzgados, y pedimos que se cumpla con las resoluciones de la Corte Interamericana sobre caso de El Amparo y que no sea procesado por justicia militar». Estos fueron algunos de los puntos que abordó Inti Rodríguez.
El delegado de la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, José Gregorio Guarenas, también objetó la exclusión de la Comisión de violaciones de DDHH, manifestando que esto contribuiría a la impunidad. Para fortalecer su argumento, mencionó los casos de violencia policial ocurridos en el periodo de estudio de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que no fueron incluidos, mucha de ellos concretados en ejecuciones extrajudiciales responsabilidad de los cuerpos policiales. Recordó el caso de la pastelería La Poma donde dos presuntos asaltantes fueron capturados vivos por la otrora Policía Metropolitana y luego encontrados muertos. Asimismo, hizo referencia a las violaciones de derecho a la vida y la integridad personal «en el contexto de supuestos enfrentamientos» ocurridas en los años noventa en el estado Aragua. «En este contexto, con una diferencia de un mes fueron asesinados dos hermanos: los hermanos Landaeta, en dos episodios en los que participó la policía del estado Aragua», dijo Guarenas asegurando que estos dos sucesos siguen impunes hasta la fecha a pesar de que por ellos, la Corte Interamericana condenó al Estado.
Los representantes de la CIDH orientaron sus preguntas hacia el tiempo y las políticas que implementará el Estado en cuanto a la reparación simbólica y material, y a la no repetición de violaciones de DDHH.
Persecución política
La audiencia «Denuncias sobre persecución política en Venezuela», fue pedida por Foro Penal Venezolano (FPV), Un Mundo Sin Mordaza (Sin Mordaza), Defensores Activos (DA), y Refugee Freedom Program (RFP). Como contraparte estuvo
Alfredo Romero, de Foro Penal Venezolano, inició su intervención solicitando a la CIDH que le exigiera al Estado venezolano el respeto a la integridad de cada uno de los representantes de las organizaciones presentes. «Antes de salir para acá, en un programa del canal del Estado que utilizan comúnmente para intimidar, agredir, amenazar, atacar a activistas de derechos humanos, ya se refirió concretamente el que representa ese programa sobre la presencia nuestra el día de hoy.», asimismo Romero denunció que el día anterior a la audiencia, el Presidente de la república habló públicamente de las audiencias tergiversando las razones por las que los activistas participarían. «Tenemos dudas sobre que vaya a haber algún tipo de persecución o agresión como la que ya ha existido en Venezuela».
El abogado testificó que ha habido un aumento de la represión en el país e inmediatamente arrojó algunas cifras de arrestos y presos políticos: en lo que va de año han habido 6.893 arrestos por razones políticas, y más de 433 presos políticos. Actualmente hay 115 tras las rejas. «Varias organizaciones, dentro de las que se cuenta Amnistía Internacional, señalan que existe un patrón sistemático de persecución política por parte del gobierno venezolano».
Romero también refirió que el gobierno no reconoce, y oculta la crisis socioeconómica y cuando se vuelve evidente en protestas o manifestaciones, las personas son encarceladas. «Cuando no es suficiente para ocultar el problema, entonces son apresados empresarios, farmacéuticos… usados como chivos expiatorios para justificar su narrativa, y se crean, por cierto, falsos positivos para presentar a la población como responsables».
Habló del fenómeno de la puerta giratoria: «mientras encarcela a más personas, libera a otras». De los más de seis mil arrestos, hay 2.105 personas que se mantienen procesadas con medidas restrictivas a su libertad. «¿Quisiéramos que el Estado explique por qué hay tantas personas procesadas sin que sea culminado su proceso?».
Asimismo informó que existen 19 personas detenidas a quienes ya se les ha dictado boletas de excarcelación. «¿Cómo es posible que un tribunal dicte una boleta de excarcelación y las personas no han sido liberadas». Otra preocupación señalada por Romero fueron la torturas y los tratos crueles. Para sustentar presentaron situación y testimonios de víctimas.
«Las historias de torturas y tratos crueles del pasado son las mismas del presente» fueron las palabras de Gonzalo Himiob, también de foro penal, quien además destacó ante la CIDH que la administración de justicia en el ámbito penal se usa como castigo y no con el fin de buscar la verdad. En este sentido, habló de la estigmatización y criminalización a los defensores de DDHH. «El propio TSJ ha señalado a todos los que estamos aquí como criminales»; y, entre otras cosas trajo al debate las 19 personas fallecidas en las protestas de 2014 a consecuencia directa de acciones de funcionarios del Estado. A estos argumentos se sumó los de Sin Mordaza sobre los casos venezolanos de petición de refugio por persecución política que en 2016 fue de 18.155. Siendo Venezuela el primer país de aplicación de refugio en: Estados Unidos, España y Brasil.
Larry Devoe, representante del Estado venezolano rebatió los fundamentos de las organizaciones de derechos humanos, y aseguró que en Venezuela no existen presos políticos (para ello mostró habló de las barricadas y grupos violentos en protestas); que se garantiza el respeto a los DDHH incluso en personas privadas de libertad (mostró fotos de las condiciones de encarcelamiento de Leopoldo López para demostrar incluso que se respetan las reglas Mandela); de igual forma aseveró que «Venezuela no tolera actuaciones de organismos de seguridad que violen derechos humanos»; En Venezuela no existe persecución a la disidencia.
Representantes de la CIDH mostraron preocupación por las cifras que presentaron las ONG.
Derecho a la Justicia
La audiencia de Acceso a la Justicia fue solicitada por diversas organizaciones de la Sociedad Civil venezolana entre las cuales figuraron las siguientes organizaciones: Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Asociación Civil Transparencia Venezuela, Asociación Civil Sinergia, Asociación Civil Espacio Público, Asociación Civil Acceso a la Justicia, Civilis Derechos Humanos, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Instituto de Prensa y Sociedad (YPIS) y en contraparte el Estado venezolano. En esa ocasión estuvieron presentes la comisionada Margarette Macaulay, el comisionado Jesús Orozco relator para el defensa de los activistas de DDHH y el presidente de la Comisión Francisco Eguiguren.
Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela comenzó su intervención al mencionar algunos elementos del informe consignado a la Comisión como la vinculación entre la justicia y la política, el número de sentencias que han aumentado la concentración de poderes alrededor del ejecutivo nacional y conjunto de acciones que han debilitado la independencia del sistema. También señaló cómo se han visto vulnerados los derechos de los venezolanos a través de las sentencias que han limitado la participación. Mencionó las medidas que han limitado el derecho a la libertad de expresión, la falta de imparcialidad de los poderes públicos, así como la ausencia de concurso público de oposición para la imposición de los jueces, sentencias que han negado el acceso de la información, acciones interpuestas por la organización Provea que no han recibido respuesta del TSJ, las omisiones y fallas del TSJ en contra de quienes atentan contra el patrimonio público.
“El Tribunal Supremo de Justicia ha dictado 51 sentencias en los últimos 15 meses contra el Parlamento, debilitando la separación de poderes. 7 de esas sentencias declaran la constitucionalidad de 4 decretos de emergencia económica en todo el territorio nacional. 10 sentencias declararon la inconstitucionalidad de leyes declaradas por la Asamblea Nacional. 1 sentencia limitó el control político que tiene la Asamblea Nacional sobre los órganos del gobierno. 2 sentencias impiden que el parlamento revise que el Parlamento revise el procesamiento constitucional de selección de los Magistrados del 2015. 9 sentencias sustrajeron al Parlamento de sentencias constitucionales de aprobación, de ejercer un control sobre el gasto público. El TSJ anuló todas las actuaciones de la AN y además sustrajo competencias a las gobernaciones. La sentencia 848 que modificó la administración de vías terrestres y gobiernos locales, incluso limitó la solicitud de protestas y de presupuestos para gobiernos locales.”
De Freitas advirtió sobre el conjunto de funciones adicionales que ha ejercido el Tribunal Supremo de Justicia al intervenir en el proceso del Referendum Revocatorio y establecer requisitos adicionales. Estableció límites adicionales en el extranjero para participar en comicios electorales. “Se han registrado más de 35 sentencias del TSJ que niegan el acceso a la información, ninguna de las solicitudes ha salido favorable, se ha limitado la investigación de procesos relacionados con la corrupción.”
Alí Daniels, representante de la organización Civil de Acceso a la Justicia reiteró que el Estado venezolano se comporta de una manera dual en donde se perfila como un enemigo interno, cuando el poder ejecutivo pide algo se le da rápido y oportunamente mientras que el ciudadano común solicita algún recurso no sólo no se cumplen los lapsos legales sino que se rechaza cualquier demanda. Respecto al nombramiento de los magistrados del TSJ existe un conjunto de normas de la Constitución del año 99 que no han sido aplicadas, pues desde el primero de esos nombramientos de obviaron los procesos, esto da como consecuencia que al menos 21 de esos 32 magistrados no cumple con los requisitos legales para ocupar su cargo, es decir más de las dos terceras partes, esto es mucho más grave en el caso de los magistrados Express, nombrados a la carrera en diciembre de 2015, 10 de los 13 magistrados no cumplen con los requisitos, sólo predomina la lealtad hacia una parcialidad política. En el nombramiento de los magistrados no se cumplió ninguno de los lapsos establecidos, diferentes actores sociales impugnaron a todos los candidatos sin tomarse en cuenta este recurso.
“Uno de los principales requisitos para ser magistrado es haber ejercido como abogado por lo menos durante 15 años, ese caso se aplica a Calixto Ortega, debido a que obtuvo su título en el año 2006 en la Universidad del Zulia, apenas tiene 10 años de graduado. La situación del actual presidente del TSJ es el más comprometedor ya que en dos ocasiones fue presuntamente vinculado a casos de homicidios como reseñó la prensa, por esta información ha habido amenazas por quienes han presentado estos datos. Además esta persona fue destituida de su cargo por haber dejado en libertad a los autores de un homicidio años atrás. Son graves cuestionamientos a la carrera. “
Daniels criticó la militancia político partidista por parte de los magistrados, un aspecto que la ley prohíbe y sanciona, como es el caso de Christian Zerpa, quien a los 6 días de su nombramiento fue designado para decidir sobre las impugnaciones hechas sobre las elecciones parlamentarias.
La investigación refleja la ascensión de un régimen enfocado en la represión mediante acciones que se pueden clasificar en patrones específicos de persecución
Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz habló sobre el rol del poder judicial y la no garantía de los derechos humanos. Destacó que han monitoreado y hecho seguimiento constante a situaciones de persecución política desde el 2014 con una mirada independiente a través del estudio de más de 70 casos. Han podido identificar la sistematización de patrones de persecución a la disidencia política venezolana y han analizado la aplicación diferenciada a diversos críticos del gobiernos como lo pueden ser periodistas, líderes estudiantiles, gremiales, políticos, defensores de DDHH, entre otros. La investigación refleja la ascensión de un régimen enfocado en la represión mediante acciones que se pueden clasificar en patrones específicos de persecución.
Los patrones que han identificado y a los que hacen referencia fueron los siguientes:
- Apertura de procedimientos legales.
- Destitución de cargos públicos.
- Allanamientos irregulares a la propiedad privada.
- Ataques a la comunidad parlamentaria.
- Inhibilitaciones políticas.
- Usurpación de las funciones políticas
- Quiescencia de actos violentos a través de los medios de comunicación, que sólo se han remitido a la transmisión de hechos.
El Estado venezolano hablo a través del Dr. Romer Pacheco, quien es el consultor jurídico del Tribunal Supremo de Justicia que indicó que el poder judicial es autónomo e independiente.
“Contamos con un TSJ refundado en la Constitución de 1999, un TSJ sólido desde el punto de vista moral, es un TSJ que encuentra entre sus fortalezas con la promoción diaria de la justicia. Dado que esta en Venezuela es gratuita, accesible, transparente, imparcial e idónea, equitativa y expedita. En ese sentido podemos informar que desde mediados del año pasado se comenzó a regularizar el ingreso de los jueces provisorios acerca del concurso de oposición para ser magistrado.
Pacheco informó acerca de los procedimientos del TSJ e hizo énfasis en los casos que ha procesado el Gobierno ante la Sala Política-Administrativa donde ha perdido 840 juicios, ante la Sala Constitucional en los últimos cinco años el Estado ha perdido al menos 49 juicios. Justificó las acciones emitidas por el ente para frenar las leyes promulgadas de la Asamblea Nacional, alegando que éste ha ejercido poderes que se establecen más allá de sus funciones.
Expresó además que el Poder Judicial está obligado a participar en algunos casos donde se vincula al ejecutivo nacional a dar respuesta expedita, en casos excepcionales. El Estado venezolano admite haber recibido 36 solicitudes al derecho al acceso de la información pública, excusan el no responderlas por no incluir especificaciones de uso para acceder a la información y que la magnitud de la información sea proporcional de acuerdo al uso respectivo.
“En Venezuela el poder judicial se abstiene de aplicar mecanismos de represalias de acuerdo a su pensamiento político. La Sala Constitucional sólo ratificó el contenido del artículo 124 que exige un documento como sinónimo de permanencia fuera del país.”
Pacheco recalcó que la Asamblea Nacional había sido decretada en “desacato” durante dos oportunidades por incorporar a 3 diputados de Amazonas.
Francisco Eguiguren, presidente de la Comisión señaló que la preocupación de la Comisión por la separación de poderes en Venezuela es una materia que siempre tienen presente. Criticó el haber privado de representación en la Asamblea Nacional a 3 diputados indígenas a partir de una “mera denuncia” y mientras ese sector de la población quedaba impedido de expresarse dentro de la Asamblea Nacional, no sólo afectando el derecho de los parlamentarios electos sino también a quienes votaron por ellos.
Jose de Jesús Orozco, comisionado de la Comisión hizo un llamado a aclarar la situación alrededor de la estabilidad de los procesos judiciales y el proceso en que son seleccionados algunos magistrados. De igual forma pidió que las partes involucradas detallaran los casos en donde señalaban persecución política y parcialidad de los poderes.
Daniels respondió a la solicitud de los comisionados respecto al desacato de la Asamblea sobre la que se basó la orden en una supuesta grabación que fue realizada de forma ilegal , anónima y editada y bajo esa sola prueba que pocos comprobaron, se inhabilitó a todo un poder. Utilizando este mismo método nombró rectores, una función que debe llevar a cabo la Asamblea Nacional. Denunció que en el Plan Estratégico del Poder Judicial no se mencionan normas, sólo señala que seguirá el Plan de la Patria.
Carlos Correa, director de Espacio Público expresó que las razones por las que se le niega información a las organizaciones son contrarias a los estándares adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y desarrollados también en Naciones Unidas, lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos y lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos y Culturales y entre la información que se niega es información relacionada a los temas de salud sexual y reproductiva. El poder judicial no está garantizando el cumplimiento de un derecho establecido en la Constitución.
Criticó la “Misión de justicia solicialista”, revelada por el ministro Reverol en donde fijaba unas líneas de justicia, en donde participa el poder judicial. Consideró que es muy importante que la Comisión haga seguimiento de éste en relación al contenido de la Constitución.
Larry Devoe, secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela alegó que el TSJ suspendió la proclamación de esos ciudadanos que habían sido electos como diputados, reiteró que el proceso se encuentra en trámite, y que la posición de las partes es lo que ha generado que no haya una resolución del caso.
“En cuanto al desacato, ninguna autoridad está llamada a incumplir una orden y esto fue lo que sucedió con la Asamblea Nacional. Nadie puede pasar por encima de la ley en Venezuela. Cabe destacar además que los partidos políticos que actualmente controlan la Asamblea se han comprometido a través del diálogo a desincorporar esos tres diputados ilegitimamente incorporado con el fin de normalizar su funcionamiento. En Venezuela hemos venido tomando medidas para avanzar en la regularización de jueces, por ejemplo en Agosto de 2016 se publicaron las normas en ascenso, igualmente se han realizado concursos en el Ministerio Público para regularizar la situación de los fiscales y darle la estabilidad. Pero lo más importante es que hemos incluido ese tema en el plan de Derechos Humanos en nuestra estructura de funcionamiento aprobado por Nicolás Maduro.”
Prensa Provea
