La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), presentó este viernes un nuevo Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela, em el que concluyó que los venezolanos « continuaron enfrentándose a importantes desafíos para ejercer y disfrutar de sus derechos».
El reporte, presentado por la OACNUDH en el marco del 56° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se centró en los más recientes acontecimientos relacionados con la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho a un medio ambiente sano, el estado de derecho y el espacio cívico, y el nivel de aplicación de las recomendaciones correspondientes formuladas anteriormente por la OACNUDH al Estado venezolano.
«Los desafíos económicos reportados como la alta inflación y la devaluación de la moneda venezolana, el bolívar, persistieron y continuaron restringiendo el poder adquisitivo, afectando desproporcionadamente a los grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad«, señala el documento en el que se destaca el estancamiento, desde marzo de 2022, del salario mínimo oficial, que a la fecha se sitúa en unos 3,61 dólares mensuales de acuerdo a la tasa oficial.
«Esto también reduce efectivamente las pensiones y contribuye al aumento de los niveles de pobreza y a la falta de acceso a productos esenciales«.
La OACNUDH recordó al Estado venezolano que «el criterio mínimo de remuneración incluye salarios justos que aseguren la garantía de una vida digna para los trabajadores y sus familias».
Salud, ambiente, pueblos indígenas y género
El reporte de la OACNUDH resalta la escasez de equipos, insumos y personal de salud en los centros asistenciales públicos del país, como un factor que incide en la persistencia de la crisis de la salud en Venezuela. Añade que las zonas rurales y los territorios indígenas se han visto particularmente afectados por las limitaciones en la distribución y el suministro de medicamentos.
«El ACNUDH recibió informes de pacientes, familiares y médicos que luchaban por acceder a tratamiento especializado para la lepra y la leishmaniasis. Los informes indicaban una mayor exposición de los pueblos indígenas a la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades que afectaban desproporcionadamente a niñas y niños«.
La OACNUDH informó que siguió documentando denuncias de degradación medioambiental, y reportes de asesinatos, violencia sexual y trata de personas que «afectan de manera desproporcionada la vida y los derechos de los pueblos Indígenas«, que habitan en territorios donde se desarrolla la minería ilegal al sur del país.
«Los pueblos Indígenas de Venezuela se ven desproporcionadamente afectados por la malnutrición y la pobreza extrema, así como por la exposición a enfermedades y la degradación medioambiental, en parte debido a las actividades extractivas que se llevan a cabo en sus territorios«, dice la OACNUDH.
En materia de derechos de la mujer y personas LGBTIQ+, la OACNUDH exhortó al Estado venezolano a fortalecer la prevención y la respuesta a la violencia de género y los delitos motivados por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas.
Espacio Cívico y Democrático
La OACNUDH expresó su preocupación por diversos incidentes ocurridos en el país, y que contribuyen a «inhibir el derecho a participar en los asuntos públicos«. Destaca la detención de dirigentes y militantes de partidos de oposición en el marco del período pre-electoral y las denuncias de actos de persecución y hostigamiento luego del re-lanzamiento, a comienzos de año del Plan Furia Bolivariana.
En el informe, el órgano recuerda la detención del defensor de Derechos Humanos Javier Tarazona y la detención y desaparición forzada de la también activista y defensora de Derechos Humanos, Rocío San Miguel en febrero de 2024. «El ACNUDH expresó su preocupación por la desaparición forzada de la defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel, cuyo paradero fue desconocido durante los cuatro días siguientes a su detención. Según la información recibida, continúa detenida y aún no ha tenido acceso a una defensa legal de su elección».
La OACNUDH llamó al Estado venezolano a promover un espacio pluralista propicio para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, establecer garantías para la libertad de asociación, incluidos los sindicalistas y periodistas, y a liberar de manera plena e incondicional a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente, «incluyendo personas defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, asegurando garantías de no repetición«.
Prensa Provea
