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Abogados afirman que el Estado es el que comete las violaciones de los derechos humanos a través de sus funcionarios públicos

“Los vamos a matar. Los vamos a joder”, les gritaban en la madrugada de un día de enero pasado cuerpos de seguridad del Estado, encapuchados y vestidos de negro, a los habitantes de la comunidad El Limón, ubicada en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Temerosos y nerviosos, los residentes escuchaban dentro de las cuatro paredes de sus casas las amenazas de los “hombres de negro”, como los llamaron posteriormente, quienes se deslizaban a través de la penumbra en las calles del barrio.

Los peores temores se hicieron realidad: los funcionarios allanaron hogares. Luego empezaron a vigilar permanentemente la comunidad. Amenazaron con que no se entregarían más las cajas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y con aprehender a todos los habitantes.

La abogada Anamar Pérez, especialista en derecho procesal penal y derechos humanos, señaló que esa fue la respuesta de los cuerpos de seguridad luego de que los vecinos de la comunidad decidieron grabar, para dejar un registro, del paso de más de 30 camiones del Banco Central de Venezuela por la autopista hacia el litoral, fuertemente custodiados.

“Cuando los funcionarios allanaron los hogares en El Limón preguntaban quiénes grabaron la caravana de camiones y de las fuerzas de seguridad del Estado. Para la comunidad fue sorprendente ver la presencia de esos camiones, les pareció atípica y curiosa esa situación porque nunca lo habían visto y todo el mundo estaba en tensión luego de lo acontecido días antes y después del nombramiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela”, dijo.

La también abogada voluntaria del Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que hubo varias detenciones y que incluso una noche ejecutaron a un ciudadano. “Los residentes de la comunidad les dicen ‘hombres de negro’ y los que llevamos esta investigación presumimos que son del FAES y colectivos aledaños al barrio, de Catia, un sector cercano a la carretera Caracas-La Guaira”, dijo la experta luego de su ponencia en el conversatorio Derechos Humanos y defensa penal, realizado en el salón “Monseñor Romero” de la parroquia de la UCV.

Un miedo inoculado

Que haya personas detenidas a pesar de no tener ninguna acusación oficial en su contra, es una ilustración de la dramática situación de derechos humanos en la que se encuentra sumergido nuestro país. “Aunque la frase no la escribí yo, sino Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, la quise traer porque este es un tema muy grave y latente en nuestro país. Está sucediendo en Venezuela”, así fue como Pérez inició su intervención en el conversatorio.

A diario ocurren en Venezuela detenciones arbitrarias, que suceden “cuando una autoridad pública somete a una persona a un arresto o detención sin informarle las razones del mismo o por causas de poco peso y sin que se tenga la oportunidad de defenderse”, explicó. “De hecho invité a víctimas de los barrios para que vinieran y dieran sus testimonios, pero me respondieron que lamentablemente ya no creen en nadie. Imagínense el terror que tienen que no quisieron venir. Dicen también que ya no saben dónde más denunciar. Es un drama bastante serio”, expresó.

Señaló que luego de tantos “abusos desmedidos y proporcionales que sufren los venezolanos desde hace 20 años”, es importante conocer los medios internacionales y regiones que existen para defender los derechos humanos. Señaló que en el ámbito global está el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, y en el regional la Organización de los Estados Americanos. “Desde que Chávez se montó en el poder se están violando los derechos humanos en este país. Y si nosotros seguimos permitiendo la impunidad estaremos reduciendo nuestra calidad de vida como ciudadanos”, advirtió.

Pérez aseguró que el Estado venezolano es el que comete las violaciones de los derechos humanos a través de sus funcionarios públicos en el ejercicio de sus actividades. “Sabemos que en el país no hay una normativa penal que tipifique delitos de violaciones de derechos humanos, pero tenemos una Constitución que le dice al Estado que tiene la obligación de investigar y sancionar legalmente los delitos cometidos por sus autoridades”, recordó.

El artículo de la carta magna al que hace referencia la abogada es el 29, el cual establece, ciertamente, que “el Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades”.

Jueces sin autonomía

El compromiso hacia la verdad, la imparcialidad, el actuar alejado de la corrupción y ser capaz son los cuatro principios de un juez autónomo, de acuerdo con el abogado Sergio Correia Fernandes, especialista en defensa penal y procesal, otro de los ponentes del conversatorio. Sin embargo, tras más de una década de experiencia como fiscal nacional del Ministerio Publico comprobó que no existe autonomía en los jueces en Venezuela. “En papel tenemos un sistema garantista, que lamentablemente no se cumple en la práctica. Y precisamente el problema en nuestro país está en cómo se está aplicando la ley”, señaló.

“Por ejemplo en Venezuela ocurre, y lo digo desde una visión crítica, que un juez en una audiencia de presentación está prácticamente subordinado al imperio del fiscal, es decir, el fiscal viene con un acto desproporcionado a imputar delitos que ni siquiera están debidamente acreditados, no existen elementos de convicción para realizar la imputación y el juez acuerda la calificación”, ilustró.

Para cada delito debe haber suficientes elementos de convicción para que se pueda acreditar. “Pero lamentablemente en Venezuela actas policiales que además no cumplen con lo que establece el artículo 153 del COPP (Código Orgánico Procesal Penal), como que no están firmadas por los funcionarios, llegan con un solo elemento de convicción que puede imputar hasta diferentes tipos penales solo con lo dicho por un funcionario, eso quiere decir que lo que el proceso quiere buscar es que el juez sea ecuánime”, añadió.

El artículo mencionado por el abogado Correia señala que “toda acta debe ser fechada con indicación del lugar, año, mes, día y hora en que haya sido redactada, las personas que han intervenido y una relación sucinta de los actos realizados”. Además, indica que el documento “será suscrito por los funcionarios y demás intervinientes y si alguno no puede o no quiere firmar, se dejará constancia de ese hecho”.

La importancia de denunciar

La tercera ponente del conversatorio fue Paola Crimaldi, miembro joven de Defensa UCV, una iniciativa creada por estudiantes de Derecho de la universidad dirigida a atender casos de detenciones arbitrarias a lo largo y ancho de Venezuela. La organización busca también empoderar a la víctima para que ella misma pueda levantar una voz que cada vez sea más fuerte y se convierta en un grito general. “Es para que se den cuenta de que son capaces, de que denunciar es realmente importante para evitar futuras víctimas, hacer justicia, identificar patrones y, además, porque es su derecho”.

Por Carlos Seijas Meneses