Hoy martes 1º de noviembre, Venezuela presenta por segunda vez el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU y la crisis existente en materia de Justicia es completamente ignorada por el gobierno.
Como hemos explicado anteriormente, el EPU es un proceso que busca evaluar en condiciones de igualdad a todos los Estados miembros de la ONU en materia de Derechos Humanos. Adicionalmente, los países hacen recomendaciones sobre áreas de mejora que el Estado evaluado decide si acepta o solo anota.
Uno de los documentos fundamentales en este proceso es el informe nacional que presenta el Estado evaluado antes del examen. En este documento se hace un balance de los avances logrados en relación a las recomendaciones aceptadas del examen anterior, y se agregan aquellos aspectos que el gobierno estime relevantes.
Por esa misma razón, Acceso a la Justicia revisó el informe entregado por Venezuela y el balance es bastante negativo. Lo primero que vale la pena resaltar es que se hace un uso selectivo de las estadísticas, y a pesar de que el período evaluado incluye los años 2012-2015, muchos indicadores se citan con referencia a datos de 2014. ¿Por qué no incluye todos los datos entonces?
En cuanto al tema más directamente relacionado a nuestra labor, pudimos constatar que la independencia judicial brilla por su ausencia en el reporte, confirmando que para el gobierno este no es un tema importante, como no lo es para el Poder Judicial. Más aún, las dos únicas referencias que hacen al Tribunal Supremo de Justicia son para informar que llegó a un acuerdo institucional para reducir el retardo procesal (algo que no ha sucedido), y para señalar que prohibió la publicación de imágenes pornográficas en medios impresos. Del resto, solamente se anuncia la creación de los Tribunales de Protección de la Mujer.
Desgraciadamente esto no resulta sorprendente ni novedoso, ya que durante la primera edición del EPU, el Estado venezolano rechazó todas las recomendaciones hechas por distintos países que estuviesen dirigidas a promover una mayor independencia e imparcialidad del Poder Judicial en nuestro país.
Esto refuerza nuestra opinión, plasmada en el informe que entregamos para este examen, de que el deterioro de la independencia judicial en el país es parte de un plan sistematizado y continuo del Poder Ejecutivo. En dicho documento expusimos, para conocimiento de los demás países, la gravedad de la situación; lo que resulta doblemente importante ante el silencio absoluto del Estado. A continuación una breve síntesis de los temas centrales del mismo.
El desmantelamiento de la independencia judicial ha llegado al punto que el Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2019 se pliega abiertamente al llamado Plan de la Patria, es decir, el plan de gobierno (el cual responde a una parcialidad política y además promueve un pensamiento único), y establece que la jurisprudencia debe potenciar la “doctrina bolivariana”.
Del mismo modo, el conjunto de leyes que regulan el funcionamiento del Sistema de Justicia en Venezuela han sido diseñadas con la intención de permitir cada vez más injerencia del Poder Ejecutivo en las funciones propias del Poder Judicial, lo que es contrario al principio de separación de poderes y a lo establecido en la Constitución.
Probablemente el caso más llamativo de esta situación es el del Código de Ética del Juez y Jueza venezolanos, que mediante sentencias de la Sala Constitucional ha sido desaplicado para magistrados y jueces no titulares, con lo que los primeros son irremovibles por razones éticas y a los segundos se les quitan las garantías y el debido proceso previsto en el mencionado código, pudiendo ser removidos por un simple oficio.
Otro aspecto resaltado es el hecho de que la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha lesionado el estado de Derecho pues, por una parte, ha avalado la destitución de funcionarios electos por el voto popular como María Corina Machado, Vicencio Scarano y Daniel Ceballos y por otra, ha vulnerado la seguridad jurídica al crear normas de Derecho, que en algunos casos contradicen abiertamente a la Constitución. Esta Sala también ha usurpado funciones del Poder Legislativo y ha desconocido y violado derechos humanos escudándose en el concepto de soberanía.
Finalmente, el Tribunal Supremo de Justicia no publica su informe anual desde el año 2011, dejando a los venezolanos sin estadísticas judiciales y recubriendo su gestión de una opacidad tan irregular como el nombramiento de los magistrados al TSJ. Y es que, no solamente el 50% de los magistrados no cumple con los requisitos Constitucionales y legales para ejercer el cargo, sino que el procedimiento para nombrarlos a todos no ha cumplido con el procedimiento establecido.
¿Y tú venezolano, qué puedes hacer?
Un Poder Judicial independiente e imparcial es una condición necesaria para que una sociedad pueda ser verdaderamente democrática, y también para que los niveles de conflictividad existentes en la nuestra puedan disminuir paulatinamente hasta volver a la normalidad, así como para que los ciudadanos puedan tener derechos.
Desgraciadamente, como hemos mostrado, el Estado venezolano hace caso omiso a las recomendaciones que hemos hecho diversas organizaciones no gubernamentales del país y aquellas que le hicieran (específicamente en materia de independencia judicial) países como Eslovenia, Estados Unidos, Suiza, Canadá, Reino Unido, Australia, Alemania, Francia e Israel, por mencionar algunos, durante el primer ciclo del EPU.
Por esa razón, es muy importante que los ciudadanos nos informemos de este y otros temas planteados en el EPU, y que hagamos presión sobre el Estado venezolano para que se dé por aludido.
Acceso a la Justicia, con más de 50 organizaciones de la Sociedad Civil, estarán difundiendo más información relevante sobre el Examen Periódico Universal a través del hashtag #EPUVzlaHoy. Te invitamos a seguirnos.
Acceso a la Justicia
