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Una nueva encuesta realizada por los Comités Populares de Derechos Humanos y Provea durante los meses de noviembre de 2020 y enero de 2021, en varias parroquias de los municipios Libertador y Sucre de la Gran Caracas, reveló que el 79,7% de las familias consultadas no contó con el servicio de agua potable por tuberías de forma constante durante el último trimestre.

El 34,8% de quienes afirmaron no contar de manera frecuente con el suministro, aseguró que los cortes se prolongaron por entre una semana y un mes, afectando con ello otros derechos como la alimentación y el derecho a la salud. En el municipio Libertador, las parroquias que reportaron más afectación fueron Coche y Santa Rosalía, mientras que en Sucre la más perjudicada fue La Dolorita donde los cortes se prolongan incluso por hasta 6 meses.

En cuanto a la calidad del agua recibida, el 84,8% de las personas entrevistadas dijo que la misma era de color amarillento o marrón turbio, lo que refleja los escasos esfuerzos del Estado por garantizar el saneamiento y potabilización de las aguas que llegan -escasamente- a los hogares.

La escasa disponibilidad de agua y la deficiente gobernanza de la gestión de los recursos hídricos, acentúan las desigualdades y tienen un impacto significativo en las poblaciones más vulnerables y en condición de pobreza. En Venezuela la población urbana y rural está seriamente afectada por las constantes interrupciones en la prestación del servicio de agua potable por parte del Estado y, aunque las interrupciones afectan a todos los estratos socioeconómicos, el impacto de la falta de agua es más pronunciado en los más pobres, quienes carecen de medios para acceder a servicios privados de suministro de agua, instalar alternativas para la recolección en las viviendas y recurrir a mecanismos de saneamiento de la escasa cantidad de agua que reciben.

De acuerdo al Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de 2019, realizado por UNESCO y otras organizaciones, Venezuela se situó en el cuarto lugar entre las naciones de América Latina y El Caribe, con la mayor tasa de desigualdad en el acceso al agua entre el sector más rico y el sector más pobre de la población. Nuestro país es uno de los que menos invierte en infraestructura para el saneamiento de aguas, por debajo del 50% de los recursos necesarios para cumplir con las metas nacionales, según UNESCO.

Prensa Provea