El próximo 9 de septiembre se tiene previsto que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, encabezada por su principal representante, Michelle Bachelet, presente un informe oral actualizado sobre la aplicación de las recomendaciones que hicieran el pasado mes de julio sobre las violaciones de derechos en Venezuela.
Entre las principales recomendaciones destaca disolver las FAES, un brazo policial de la dictadura de Nicolás Maduro que en los últimos años ha asesinado con un modus operandi fundamentado en el terror, con efectivos encapuchados, sin nombres visibles, armas largas e imágenes de calaveras que caracterizan a este cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana.
Denominado por Provea como “escuadrón de la muerte” las FAES se ha desempeñado en las fuerzas represivas de Maduro como la más letal, solo en el estado Lara asesinaron a 238 personas durante el 2018, atacando a las poblaciones más vulnerables, violentando el derecho al debido proceso y el principio de la vida. En los casos documentados, el FAES asesinó a personas solo por el hecho de tener antecedentes, a pesar de que estos ciudadanos se hubiesen reinsertado en la sociedad, o como también han sido los ejecutores de personas a las cuales no se les ha podido verificar la existencia de antecedentes. El FAES ha actuado como juez y ejecutor, implementando en Venezuela lo que en otros países se conoce como “la pena de muerte”.
Dada la recomendación de la ACNUDH, y el impacto que este cuerpo de muerte ha ocasionado en Venezuela, recientemente un grupo de investigadores latinoamericanos realizó un trabajo de investigación sobre del uso de la fuerza letal en América Latina, un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela, con data solo del 2017 (o hasta el 2017), año límite acordado regionalmente.
En el caso de Venezuela, Keymer Ávila fue el encargado de recopilar todos los datos y evidencia sobre los estudios de muertes en manos de la fuerza pública y el impacto que ha ocasionado en el país. Según Ávila, mediante este trabajo se busca medir la intensidad del uso de la fuerza contra civiles, además de intentar concluir en qué grado se presentan estos abusos en Venezuela y cómo los mismos han aumentado durante los últimos años bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Para contextualizar, en 2010, para Venezuela la tasa por cada cien mil habitantes (pccmh) de personas fallecidas por intervención de la fuerza pública era de 2,3, y en 2016 llegó a 19. Un incremento de 726%, solo entre 2010 y 2017 han muerto en manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 18.401 personas, reportándose un 60% de estos casos entre 2016 y 2017.
Si desea leer completo el trabajo monitor del uso de la fuerza letal en América Latina: Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela, puede a continuación descargarlo o leerlo mediante el archivo PDF.
MONITOR USO FUERZA LETAL AMERICA LATINAPrensa PROVEA
