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En 2016 Provea registró 153 denuncias que incluyeron 1.790 casos de violaciones del derecho a la integridad personal con igual número de víctimas individualizadas. Estos datos son el resultado de la información obtenida de las denuncias publicadas en prensa, los casos levantados por Provea mediante el trabajo de campo o las denuncias remitidas por las propias víctimas. Los datos indicados, comparados con el periodo 2015 cuando se registró un total de 18.184 casos de violaciones al derecho a la integridad personal, representan una disminución de 90,15% en el número de violaciones.

Este descenso se debió principalmente a la disminución en el número de casos de allanamientos ilegales a viviendas, que durante la primera fase de ejecución del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) en 2015, alcanzó la cifra de 17.215 casos. En 2016 el OLP pasó de ser un operativo en el que se registraba un alto número de detenciones masivas y allanamientos ilegales, a una medida más selectiva que tuvo como principal característica el incremento de las presuntas ejecuciones extrajudiciales.

En el caso de torturas, el número de víctimas registradas por Provea tuvo un aumento respecto a lo registrado en 2015. Provea logró individualizar a 18 víctimas de este patrón de violación al derecho a la integridad personal, lo que, en comparación con las 6 víctimas registradas durante 2015 representa un incremento de 300%, al menos en la data levantada por Provea. En el caso de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el número descendió un 59,64% en comparación con el período anterior, siendo identificadas 473 víctimas, 320 menos que en el estudio anterior. En el caso de heridos, Provea registró e individualizó un total de 316 heridos y lesionados, un aumento de 106,53% con respecto al año anterior en el que se había registrado un total de 153 heridos y/o lesionados.

Del total de heridos, 245 personas fueron heridas y/o lesionadas en el contexto de manifestaciones de diversa índole realizadas a lo largo del 2016. 222 personas contabilizadas en el mismo número de denuncias, fueron objeto de amenazas u hostigamientos, lo que implica un preocupante incremento de 909% en las cifras recabadas por Provea, respecto al 2015 cuando se registraron 21 víctimas. Finalmente en el patrón de allanamientos, se registraron 763 casos lo que, en comparación con el período anterior, significa un descenso de 95,56%, cuando se registraron 17.215 casos. Del total de allanamientos ilegales practicados en 2016, el 96,06% se realizaron en el marco del OLP encabezados por la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Aunque hubo un descenso considerable en el número de allanamientos realizados en la primera fase del OLP, entre junio y diciembre de 2015, el alto número de casos registrados en 2016 da cuenta de la recurrente comisión de abusos en el marco de este operativo policial-militar y su alto impacto en los sectores populares.

En 1.642 casos de violaciones al derecho a la integridad personal ocurridos en 2016 se pudo identificar a los organismos responsables. La Policía Nacional Bolivariana es el cuerpo que concentra el mayor número de casos individualmente considerados con 484 denuncias. Sin embargo, en cuanto a las violaciones al derecho a la integridad personal ocurridas en el contexto de actuaciones conjuntas de diversos actores, el SEBIN figura como el cuerpo de seguridad más señalado con 769 casos registrados que incluyen sobre todo allanamientos ilegales y hostigamiento contra ciudadanos. Le sigue el CICPC involucrado en 618 casos, en su mayoría por allanamientos ilegales.

En Venezuela se ha consolidado la doctrina de seguridad nacional y la respuesta autoritaria del Estado, para hacer frente a la protesta social y enfrentar el flagelo de la inseguridad y la violencia criminal. Desde 2013 los registros de casos de violaciones a la integridad personal, han marcado un notable aumento. Un dato que genera aún más preocupaciones y que es consecuencia del ascenso del autoritarismo y las prácticas represivas, es que en un período de 14 años, entre 1997 y 2012, Provea contabilizó un total de 11.101 casos de violaciones a la integridad personal; mientras, en los primeros cuatro años de la gestión de Nicolás Maduro (2013-2016), el número total de casos de violaciones a la integridad personal asciende a 23.227, un incremento de 109%.


Prensa Provea