Por: Luisa Ortega Díaz
El 2017 fue un año difícil para todos los venezolanos, debido a un cúmulo de decisiones desacertadas de la clase política del país.
La progresiva crisis política, económica y social, incrementada por una altísima inflación y escasez general de alimentos y medicinas presentaban un escenario delicado. Esta realidad trajo como consecuencia que, en diciembre de 2015, la oposición resultara vencedora en las elecciones parlamentarias, asumiendo el control de la Asamblea Nacional por primera vez en 17 años.
Antes de hacer entrega de la Asamblea Nacional, los parlamentarios oficialistas salientes designaron arbitraria e ilegalmente nuevos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, mediante un procedimiento claramente irregular, lo que generó una serie de desconocimientos recíprocos entre el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo que produjo una crisis política e institucional de las más severas conocidas en el país.
Estos desconocimientos comienzan a finales de 2015 e inicios de 2016, cuando los nuevos magistrados desincorporaron a los diputados electos por el estado Amazonas. El objetivo era evitar la mayoría calificada de la oposición en la Asamblea Nacional. Ante la falta de respuesta del Tribunal Supremo de Justicia, aproximadamente siete meses después los parlamentarios opositores incorporaron a los referidos diputados. Ante esa acción, el Tribunal Supremo sí respondió de manera inmediata, anuló ese acto y declaró a la Asamblea Nacional en desacato.
También durante 2016 el Poder Electoral hizo inviable el referendo revocatorio presidencial y postergó las elecciones de gobernadores que correspondían para diciembre de ese año, sin precisar ninguna fecha, lo que ocasionó que los gobernadores quedaran ejerciendo sus funciones de facto, incluso siendo algunos designados discrecionalmente por el Ejecutivo Nacional sin elección popular en los estados Carabobo, Barinas, Sucre y Anzoátegui.
En enero de 2017 la bancada opositora de la Asamblea Nacional declaró el “abandono del cargo” del presidente Nicolás Maduro, medida de cuestionada legalidad que sólo agudizaría la crisis.
Dos meses después, a través de las Sentencias 155 y 156, el Tribunal Supremo de Justicia desconoce a la Asamblea Nacional y le otorga al Ejecutivo parte de sus competencias.
Es así como el 31 de marzo en el ejercicio de mis funciones como Fiscal General de la República, en el marco de la presentación del informe anual del Ministerio Público, denuncié públicamente la inconstitucionalidad de dichas sentencias, señalando que constituían una “ruptura del orden constitucional”; días después impugné el nombramiento de los Magistrados realizados en diciembre de 2015, lo que marcó el inicio de un sinnúmero de ataques sistemáticos contra el Ministerio Público.
En el mes de abril, surgieron protestas y manifestaciones que desencadenaron la más cruda y perversa represión que se haya registrado en nuestra historia contemporánea.
La negación de la realidad de lo que padece la población y las ansias de mantenerse en el poder a toda costa, condujeron al gobierno a pisotear la Carta Magna, criminalizar la protesta ciudadana y a utilizar la fuerza pública de forma desmedida. Se utilizó el Poder Judicial como instrumento de persecución al servicio del Ejecutivo y el poder militar, tomando al ciudadano como un “enemigo”.
Asimismo, el binomio Gobierno-PSUV dispuso de todo el aparataje comunicacional al servicio del Estado, para incitar a la población al odio contra los manifestantes desarmados y tergiversar los hechos que se venían suscitando, a fin de convertirlos en actos insurreccionales.
La actuación criminal de los organismos de seguridad del Estado y de civiles armados por el gobierno, bajo la dirección de Nicolás Maduro y su cúpula militar, ocasionó la muerte de más de 131 venezolanos y dejó miles de heridos, detenidos y torturados. Casos que fueron debidamente documentados mediante las investigaciones.
Durante esos difíciles momentos que atravesó la República, mi equipo de trabajo, integrado por directores, fiscales y expertos, estuvo enfocado en dirigir de manera impecable y transparente las investigaciones para establecer las responsabilidades penales correspondientes por la violación generalizada y sistemática de los derechos humanos de los venezolanos.
La población debe conocer, que dispusimos de una logística de acción inmediata, que permitía a los fiscales, médicos forenses, criminalistas, investigadores y otros expertos, arribar a los sitios de suceso una vez se producían los hechos violatorios de los derechos humanos.
Esta logística y la insistencia de los fiscales en procurar investigaciones independientes y apegadas a la verdad fueron torpedeadas por la estructura gubernamental, especialmente por los ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y de la Defensa, de donde giraron órdenes tendentes a impedir la actuación fiscal.
Tras la participación de los fiscales del Ministerio Público, se lograron acreditar 2.049 personas lesionadas, materializar la aprehensión de 33 funcionarios policiales y militares, quienes fueron presentados ante los tribunales. Sin embargo, el Poder Judicial, secuestrado por el partido de gobierno, impidió la detención de otros a quienes se les solicitó orden de captura, para así evitar que se evidenciara la deliberada violación de derechos humanos que estaba ocurriendo en el país.
Así, constatamos que al menos en un 60% de estos casos los organismos responsables no ejecutaron las órdenes de aprehensión o simplemente no procedieron con la entrega de los funcionarios incriminados, lo que dificultó las investigaciones, y reflejó la falta de independencia de los órganos de justicia en Venezuela, que solo esperan órdenes del ejecutivo nacional y de los órganos de inteligencia para actuar.
Como parte de la voluntad investigativa del Ministerio Público, se efectuaron más de 1.600 experticias y diligencias de investigación, las cuales contribuyeron a reforzar y blindar las causas penales que posteriormente sustentaron la denuncia que consignamos el 16 de noviembre de 2017 ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Néstor Reverol, Gustavo González López y Antonio Benavides Torres por la perpetración de crímenes de lesa humanidad.
Vale recordar que, en muchos de esos casos, el Ejecutivo Nacional fungió de manera irresponsable como juez e investigador colocando en tela de juicio el trabajo de los fiscales, solo para desviar la atención de la opinión pública y desvirtuar lo que realmente dictaminan las leyes y la ciencia para hacer justicia.
Tal fue el caso de Juan Pablo Pernalete, del cual informé detalles el 24 de mayo de 2017. Nosotros comprobamos científicamente, luego de que la Unidad Criminalística del Ministerio Público practicara más 90 experticias, que ese joven deportista venezolano murió tras ser impactado por una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional (GN), hecho que el Gobierno Nacional trató de desmentir al señalar sin pruebas que un pistola de perno habría sido la causa de la muerte del joven manifestante, para encubrir al efectivo militar.
El caso de Orlando José Figuera, joven de 22 años que fue golpeado y quemado por varias personas el 20 de mayo de 2017, en un escenario de protesta en la urbanización Altamira del municipio Chacao, estado Miranda, se logró comprobar que Figuera tuvo un altercado con un hombre que lo apuñaló e hizo creer a los demás manifestantes que estaba robando para que lo agredieran, y no que fue atacado por ser simpatizante del régimen como lo aseveró Nicolás Maduro, quien manipulo despiadadamente la trágica muerte de ese venezolano.
Llevar adelante todas esas investigaciones transparentes y científicas, hizo que Maduro ordenara al ministro de la Defensa y directores de policía que los aprehendidos durante las protestas no fueran colocados a la orden del Ministerio Público, sino que fueran sometidos a la justicia militar, con lo cual violó el principio del juez natural que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, argumento que sustentó nuestra denuncia ante la CPI.
Hubo violaciones a los derechos humanos a la población civil de manera sistemática, represiones desmedidas que trataban de amilanar la voluntad y el coraje de los manifestantes que solo ejercían su derecho de exigir condiciones de vida dignas.
Además, los fiscales lograron determinar otras irregularidades en la detención de manifestantes por parte de funcionarios policiales y militares, pues en muchos casos el acta policial no explicaba de forma detallada las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fue aprehendido cometiendo el delito, por lo que se tuvo que solicitar la libertad plena de las personas, en estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y el debido proceso.
Un ejemplo vivo de esto fue lo ocurrido en Nueva Esparta en esa época, donde se aprehendieron 38 ciudadanos por parte de la GN, quienes una vez entregados a efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, estos desconocían las razones por las que fueron detenidos. El Ministerio Público solicitó la nulidad de tal decisión por carecer de sustento, pero en esa oportunidad el tribunal los mantuvo detenidos de manera ilegal, practica que luego se generalizó en todo el país.
Todas esas acciones en pro de la justicia idónea desencadenaron la ira del Gobierno. Por ello, la ilegal y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente instalada el 30 de julio de 2017, tuvo como primera acción el desmantelamiento del Ministerio Público. Su prioridad no fue atacar el hambre o la escasez de medicamentos, entre otros problemas que desencadenaron la ola de protestas, sino apoderarse de la única institución que se mantenía firme garantizando el respeto a la Constitución.
Esta tarea la fijan el 31 de marzo de 2017 cuando denuncié ante los medios de comunicación social que las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia evidenciaban una ruptura al orden constitucional que acabó con mi salida ilegal del cargo el 5 de agosto de ese mismo año, por medio de un viciado antejuicio de mérito del TSJ.
Siempre he sostenido que no debemos avalar la violencia como arma de acción política, pues la política no debe conducirnos a la guerra; la política es el ejercicio de la negociación y en un país democrático, la confrontación de ideas en el marco de las diferencias, guiado por la Constitución.
No obstante, la paz no se decreta, se construye con instituciones fuertes que garanticen el ejercicio del derecho de todos los venezolanos, sin ningún tipo de discriminación política.
Nuestra Venezuela ha caído en un abismo por la mezquindad, corrupción y desconocimiento de un sector gobernante irresponsable que ya comprobó su ineficiencia. Urge organizar a la ciudadanía para entre todos reconstruir la República, de esa manera, lograremos crear una estructura pública y privada que garantice el bienestar de la ciudadanía a través del trabajo y la educación. Una vez salgamos de esta pesadilla, nuestro deber como sociedad pasa por concienciar sobre lo que hoy sufrimos, para no permitir que jamás un gobierno irresponsable e incapaz como el de Nicolás Maduro pueda dirigir nuevamente el destino del país.
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