Muchos llegaron caminando a la frontera con Venezuela y al llegar al país empezaron un periplo de albergues y cuarentenas antes de poder llegar a sus casas. El gobierno esperaba unos 15.000 ciudadanos de vuelta, unas previsiones que se han visto desbordadas por los 70.000 venezolanos que ya han regresado a su país.
Un día del mes de abril, luego de quedarse sin trabajo en Bogotá por el COVID-19, Eduardo Mendoza se levantó y decidió que regresaría caminando a Venezuela. Tomó su mochila con cuatro mudas de ropa y animó a otro connacional que vivía cerca para emprender el camino.
Cuenta que caminaron por siete días y durmieron donde los agarraba la noche, incluso una vez en un cementerio. Al llegar a la ciudad de Pamplona, a unos 80 km de la frontera, un autobús del Gobierno Colombiano los acercó hasta el puente internacional en Cúcuta.
Al siguiente día, cuando finalmente pudo cruzar a territorio venezolano, lo esperaba un equipo de médicos y policías. Primero le revisaron la huella para saber si estaba solicitado por las autoridades y luego pasó por una de las 5 pruebas rápidas que le hicieron en los siguientes 14 días.
“Salí negativo, pero esperamos mucho tiempo por unos autobuses que nos trasladarían al refugio. Todos los que estábamos allí teníamos hambre y no nos dieron absolutamente nada de comer, ni agua; distinto a Colombia que nos había dado comida y bebida el día antes mientras lográbamos cruzar la frontera”, expresó.
Este joven de 20 años, que es cantante de rap, contó que luego de unos 20 km llegaron a una escuela abandonada que les serviría de albergue para cumplir, junto a otras 400 personas, la cuarentena obligatoria designada por el Gobierno.
“Fuimos los primeros en llegar a ese refugio. No tenían nada preparado. Dormimos los tres primeros días en el piso pelado. Al cuarto día llegaron unos colchones. Los baños estaban dañados, y comíamos poco”, señaló.
Según Mendoza al pasar los días fue mejorando la situación, en parte porque el militar que estaba a cargo hizo lo posible por mejorar las condiciones. “El capitán pidió recursos, y nosotros mismos arreglamos los baños y las instalaciones para hacerlas más confortables”, indicó.
Compartía el ala del albergue con otros 252 hombres. Lo recuerda porque todas las tardes los contaban para ver si alguien se había fugado. Las mujeres y niños estaban en otro lado de la escuela.
“Era una locura, parecía un penal, pero pasábamos el tiempo jugando basquetbol, y hacíamos ejercicios”, recordó.
Llegó el día de partir a Valencia, la ciudad donde vivía con su madre antes de emigrar. Varios autobuses del gobierno cargaron a los retornados para llevarlos a ese destino. Un viaje de unos 670 km lo hicieron en 24 horas. “Nos paraban en todas las alcabalas y además de eso se nos pinchó un caucho”, agregó.
Cuando arribaron a Valencia, los llevaron muy tarde, en la noche, a la Villa Olímpica, un lugar que también funge como albergue. Le hicieron la última prueba rápida, le dieron alimentos y bebidas y lo montaron en otros autobuses que lo llevarían hasta la puerta de su casa. No pasó: lo dejaron en un puente donde tuvo que caminar, por horas, de madrugada.
Su madre no sabía que él había salido del refugio. Saltó la cerca de su casa a las 3 de la madrugada y el ladrido de su perro despertó a la madre. “Mi mamá salió, me vio, nos abrazamos y lloramos”, sollozó.
De refugio en refugio
Carmen Rondón tuvo una travesía un poco menos accidentada que la de Eduardo para llegar a la frontera pero tampoco la cuenta como fácil. Con su esposo, fueron censados en Barranquilla, ciudad donde estaban residenciados, y Migración Colombia los montó en un autobús que los dejó en Cúcuta. Ambos habían perdido sus trabajos y ya no tenían cómo mantenerse ni enviar dinero a sus cinco hijos que quedaron en Venezuela.
Cuando cruzaron el puente, fueron recibidos por el Defensor del estado Táchira, Freddy Bernal, y por un grupo de médicos para hacerles la prueba rápida. Al salir negativos fueron llevados al terminal de pasajeros de la ciudad fronteriza San Antonio donde pasaron los siguientes 4 días.
“Dormíamos sentados debajo del techo donde se estacionaban los autobuses, nos daban comida, pero nosotros preferimos comer algunas galletas y panes que traíamos”, sostuvo.
Luego fueron llevados a un refugio en La Tiendita, ubicado en plena frontera con Colombia, donde pasaron cuatros días más. “Allí teníamos una colchoneta, la comida no era mucha, pero era más acogedor”, relató.
El noveno día fue el traslado para su casa en Caracas. Ella y su esposo emprendieron un viaje que duró 28 horas, debido a las distintas paradas reglamentarias de revisión en los puestos militares dispuestos en el camino. Antes de entrar a la capital, fueron chequeados y les hicieron una prueba rápida previo a llevarlos al hotel donde pasarían los siguientes 20 días de cuarentena obligatoria.
En el estado Táchira, el gobierno tiene habilitados 29 Puestos de Atención Integral (PASI) que funcionan como albergue para los retornados, y también la Cámara Hotelera de Venezuela difundió que 75 hoteles han sido tomados en el territorio venezolano para albergar a estos venezolanos que habían abandonado el país.
Carmen y su esposo fueron llevado al Hotel Anauco. Un aparta-hotel venido a menos, que antes de ser expropiado por Hugo Chávez pertenecía a la cadena Hilton. “Dormía en una habitación con cuatro hombres más y mi esposo, una cama para cada uno, sin aire acondicionado y sin televisor. No podíamos salir de allí. Todo lo que hicimos fue conversar, y mirar por la ventana, esperando que pasaran los días rápido”, expresó.
Como el caso repetitivo entre los retornados que son llevados a albergues, comentó que la comida era muy poca y que les permitían que familiares y conocidos les llevaran alimentos, que luego eran entregados en sus habitaciones.
El día 16 de cuarentena le hicieron la prueba PCR y cuatro días después la llevaron a su casa donde la esperaban sus hijos que habían quedado a cargo de su hija mayor. Pero allí no terminaba la cuarentena. La mañana siguiente, los integrantes del Consejo Comunal le tocaron la puerta para pedirles que se quedaran otros 14 días encerrados. Carmen se negó.
“No teníamos dinero, ni agua, ni gas, teníamos que salir a resolver la vida y a reinstalarnos. ¿Cómo pretendían que nos quedáramos encerrados?», alegó.
A los 15 días le hicieron otra prueba y le dieron un papel donde decía que estaba libre de coronavirus. Un día después montó una venta de café en la calle de su casa y con eso se sustenta.
«El gobierno no tenía idea de que iban a llegar tantas personas»
Según el padre Eduardo Soto, Director del Servicio Jesuita para los refugiados en Venezuela, las historias de caos en los distintos Puestos de Atención Integral contadas por los migrantes que decidieron regresar al país se dan porque el Gobierno no tiene recursos para cubrir las necesidades de más de 70.000 retornados.
“El gobierno no tenía idea de que iban a llegar tantas personas. De hecho, en su momento dijeron que esperaban 15.000. Pensaban que iban a llegar por goteo, pero Colombia habilitó transporte para dejarlos en la frontera. Y este es un momento donde el Estado no tiene dinero, tiene dificultad para conseguirlo, y eso hizo que colapsara toda la logística para recibirlos”, enfatizó.
Asimismo, el padre indicó que su ONG no pudo tener acceso a los refugios donde estas personas se encuentran alojadas. Sin embargo, alegó que lo que han podido recabar es que la alimentación está cubierta, y que han recibido solicitud de ayuda con artículos de limpieza para el aseo de los albergues.
El funcionario jesuita también reveló que han tenido conocimiento de distintos hechos de violencia en estos lugares. “Ha habido intentos de fuga y situaciones difíciles de controlar”, explicó.
Su sugerencia es que “el gobierno debe dejar el hermetismo y permitir una mayor concertación con las organizaciones nacionales e internacionales que prestan ayuda humanitaria para que podamos dar una respuesta integrada a estos ciudadanos a su regreso”, sugirió.
A su juicio, el modo militar con el que se ha dado respuesta al recibimiento de todas estas personas también ha agravado la desorganización. “Tradicionalmente, cuando se presenta un problema en nuestras fronteras, son las Zonas de Defensa Integral (ZODI) las que asumen esa coordinación. Y han manejado la situación desde el punto de vista de seguridad, se están tomando las medidas en ese sentido, y no están atendiendo factores que en la vida civil normalmente se tomarían en cuenta”, concluyó.