WASHINGTON, 1 dic 2020 (IPS) – La migración de venezolanos a los países vecinos de América del Sur y el Caribe ha continuado, utilizando pasos ilegales terrestres, marítimos y fluviales, constató un nuevo informe sobre la situación divulgado este martes 1 desde la Organización de Estados Americanos (OEA) en esta capital.
“El cierre de fronteras durante la emergencia por la covid-19, y la profundización de la crisis en Venezuela, han llevado a los venezolanos a cruzar por caminos irregulares (trochas) o a utilizar rutas marítimas peligrosas para huir del país, aumentando así su condición de vulnerabilidad”, señaló el informe.
Al avanzar a mediados de año en la región la crisis sanitaria y económica desatada por la covid, unos 130 000 migrantes regresaron a Venezuela, miles de ellos tras largos recorridos a pie para cruzar las fronteras de Ecuador, Colombia y Brasil, pero en las últimas semanas de nuevo se dirigen a los países de acogida.
“Alrededor de 500 venezolanos están ingresando diariamente a Colombia por caminos irregulares”, dijo David Smolansky, político opositor venezolano a cargo de la oficina creada para monitorear la migración de ese país por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Desde Colombia, retornados provenientes de Ecuador, Perú y otras naciones aspiran a desplazarse hacia esos países de acogida a medida que se flexibilicen las medidas de confinamiento y se reanimen las actividades económicas y el empleo.
Colombia tiene formalmente cerradas al tránsito de personas sus fronteras terrestres, fluviales y marítimas, pero durante años muchos de quienes cruzan las líneas fronterizas pasan a través de parajes despoblados o pagando sobornos a funcionarios o a irregulares armados que controlan los accesos.
El 22 de noviembre Trinidad y Tobago, vecino insular de Venezuela en el Caribe, deportó en dos botes a 16 niños y 13 adultos que ingresaron ilegalmente a ese país, cruzando en frágiles embarcaciones el paso marítimo conocido como Boca de Serpientes.
La oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expusieron su preocupación por la deportación de los niños migrantes y pidieron a Trinidad y Tobago anteponer el derecho preferencial para los niños.
Tribunales trinitobaguenses impusieron el regreso de los deportados, pero días después un acuerdo entre Puerto España y Caracas facilitó la expulsión de otras 160 personas. En Trinidad y Tobago, de 1,3 millones de habitantes, viven ya 24 000 venezolanos y su gobierno rehúsa que le use como “campo de refugiados”.
Por contraste, algunos vecinos latinoamericanos avanzaron en la concesión de facilidades para acoger a migrantes, y Smolansky elogió la “política de brazos abiertos” de Colombia, que hasta el 12 de noviembre había registrado el reingreso de 5345 venezolanos a través de pasos no oficiales.
Brasil concedió este semestre el estatuto de refugiados a 7992 venezolanos –entre ellos indígenas de la etnia warao, originarios del delta del Orinoco-, con lo que adquieren esa condición 46 000 de los cerca de 250 000 venezolanos en ese país.
Las autoridades brasileñas se basaron en la Declaración de Cartagena de 1984, un texto consensuado en la región que considera refugiado no solo a quien huye de su país por razones políticas, sino también a quienes son víctimas de la violencia generalizada, la violación masiva de derechos humanos y razones similares.
Costa Rica decidió aplicar la condición migratoria, durante los próximos dos años, a los venezolanos que llegaron a ese país -así como a cubanos y nicaragüenses- desde 2016 hasta marzo de 2020, siempre que no tengan antecedentes penales.
Perú, por su parte, prorrogó hasta abril de 2021 el plazo para que los venezolanos gestionen sus permisos temporales de permanencia, lo que les permite vivir y trabajar legalmente en ese país, de acuerdo con el informe.
Durante esta década salieron al exterior, como migrantes o refugiados, 5,4 millones de venezolanos, empujados por la crisis política, social y económica, que ha sumido a casi 90 por ciento de la población en la pobreza y mantiene a un tercio de sus 28 millones de habitantes en situación de insuficiencia alimentaria.
Colombia es el mayor receptor, con 1,7 millones de venezolanos, seguido de Perú con un millón, Chile y Ecuador con más de 400 000 cada uno, Estados Unidos y España con más de 300 000 respectivamente, casi un cuarto de millón en Brasil y 170 000 en Argentina. En Costa Rica hay unos 30 000.
Fuente original: Diario Digital
