Provea presenta el siguiente Informe sobre el seguimiento del grado de cumplimiento del Estado venezolano a las recomendaciones realizadas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Sra. Michelle Bachelet, en su Informe Escrito presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el 41° periodo de sesiones en julio 2019.
Dicho Informe marcó un hito en el análisis global de la situación de Venezuela ante la principal instancia de derechos humanos de la ONU. El informe incluyó 23 recomendaciones al Estado venezolano, 13 de ellas de cumplimiento inmediato.
Por estar dirigidas al Estado venezolano, el cumplimiento de esas recomendaciones corresponde al gobierno de facto de Nicolás Maduro, pues es quien tiene el control del territorio nacional y de las principales instituciones y, por la misma razón, está obligado a cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos que protejan a la población venezolana.
El presente informe pretende dar elementos de interpretación sobre el cumplimiento de esas recomendaciones. Es evidente que la situación humanitaria y de derechos humanos se ha agravado con la profundización de la emergencia humanitaria compleja y con el afianzamiento del autoritarismo y la destrucción del Estado de derecho en Venezuela.
Podemos afirmar que solamente ha habido pasos positivos en dos de las 23 recomendaciones. La primera tiene que ver con la presencia de oficiales de la Oficina de la ACNUDH en Venezuela gracias al Memorándum de Entendimiento entre la ACNUDH y el Estado venezolano en septiembre de 2019; y la segunda se relaciona con el aumento de la capacidad en los programas de vacunación gracias a las agencias internacionales que han incrementado la cobertura y han publicado la data sobre su asistencia humanitaria.
Las demás recomendaciones no han sido cumplidas, o son imposibles de evaluar por la carencia de data oficial que es responsabilidad del Estado, o presentan evidentes retrocesos.
Podemos hacer las siguientes apreciaciones generales sobre el cumplimiento de las recomendaciones:
- En el contexto de la emergencia humanitaria compleja hay un agravamiento de todos los Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) mencionados en las recomendaciones, deterioro ocurrido antes de la pandemia COVID-19 y agravado durante el llamado “estado de alarma”
- No hay políticas públicas coherentes con el Estado de derecho y la opacidad deliberada y generalizada de las instituciones del Estado impide el control social e institucional del gasto. De esta manera también se dificulta establecer las responsabilidades penales y administrativas por actos de corrupción.
- Las políticas públicas no se ajustan a los estándares de derechos humanos, especialmente al principio de no discriminación, y además son instrumentalizadas con fines políticos.
- La impunidad de las violaciones a los derechos humanos es casi absoluta y es agravada por la falta de independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.
- La inexistente independencia de los poderes públicos, agrava la contraloría desde el Estado, propicia la corrupción y hace más vulnerables a las personas ante los abusos de poder, las extorsiones y las amenazas cometidas por agentes del Estado.
- Las instituciones del Estado son instrumentalizadas para perseguir a la oposición política y social y para asegurar la permanencia en el poder de las élites gobernantes por encima del bienestar de la población.
- La persecución de los defensores de derechos humanos, en su acepción amplia, y de los trabajadores de los medios de comunicación, busca acallar la contraloría social y evitar la divulgación de información diferente a la oficial.
- Continúa la consolidación de mecanismos institucionales y para-institucionales de control social, que pasan por mecanismos de identificación hasta estructuras paramilitares que actúan en colusión con cuerpos policiales, de investigación criminal y militares.
- Las víctimas de violaciones a los derechos humanos no son una prioridad para las autoridades del Estado, en especial para las instituciones encargadas de protegerlas.
- El gobierno de facto busca que la presencia de la ACNUDH en Venezuela se ajuste a la medida de sus intereses, restringiendo sus funciones e instrumentalizándola con fines propagandísticos.
Esperamos que este trabajo contribuya al conocimiento y la divulgación de las recomendaciones de la ACNUDH dentro de Venezuela. Pero también se pretende informar a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y demás miembros de la ONU, alertando sobre el incumplimiento de las mismas, especialmente con ocasión de la presentación de un nuevo informe escrito de la Sra. Michelle Bachelet durante el 44° periodo de sesiones en julio de 2020.
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informe Recomendaciones ACNUDH inglés
