El derecho a la memoria forma parte del ejercicio legítimo de todos y todas a participar en un diálogo amplio, diverso y sin exclusiones sobre lo que recordamos y sobre lo que olvidamos como sociedad. Los procesos de construcción colectiva de memoria se fundamentan en la necesidad de comprender los hechos lesivos a la dignidad humana en el contexto histórico en que se cometieron, para llegar a consensos sobre lo ocurrido, sus causas y sus consecuencias.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho a la memoria aborda otros derechos humanos como la justicia, la verdad y la reparación.
De manera que, en el proceso de construcción de memoria, el carácter colectivo supone, en primer lugar, interacción y procura de consensos sobre la verdad de lo ocurrido, como espacio de discusión en el que se tienen percepciones distintas sobre los hechos analizados.
En ese sentido, la administración de justicia surge como un ámbito para dirimir tales diferencias, sobre todo cuando se trata de hechos lesivos a la dignidad humana que ameritan reparación.
Es así como el propósito de este material de Provea, es que las personas defensoras de derechos humanos adquieran herramientas para promover y defender el derecho a la memoria en Venezuela y, además, que se incorporen al debate sobre las mejores opciones para proteger la dignidad de las personas.
En Venezuela, con un sistema de justicia permeado por múltiples debilidades y carente de independencia, se han abordado otros mecanismos extrajudiciales en la construcción colectiva de la memoria como las comisiones de la verdad, órganos oficiales y temporales que actúan para la constatación de los hechos sin tener alcance legal.
Dichas comisiones fueron: Comisión de Verdad y Reconciliación (2002), Comisión por la Justicia y la Verdad para el período 1958-1998 (2011), Comisión Nacional para la verdad, la justicia, la atención de las víctimas y la paz (2016) y Comisión para la verdad, la justicia, la paz y la tranquilidad públicas (2017).
Algunas de estas comisiones lamentablemente fueron instrumentalizadas con fines políticos por el gobierno y se excluyó a víctimas no afectas al partido gobernante con lo cual en lugar de contribuir al avance de la verdad en el camino a la justicia, termina afectando un proceso efectivo de memoria el cual debe asumirse bajo el principio de no discriminación y tener un propósito serio y sincero de conocer, documentar y analizar lo hechos que constituyeron graves violaciones a los derechos humanos.
Un avance importante para conocer la verdad de lo ocurrido en los últimos años en Venezuela lo constituye el trabajo de investigación independiente realizado por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 27 de septiembre de 2019. Los informes publicados y la documentación recopilada constituyen un buen aporte a la memoria.
La construcción colectiva del derecho a la memoria es una tarea urgente en el país, las víctimas, y la sociedad en general, tienen derecho a que sean reparados los daños causados por violaciones de derechos humanos y que el Estado venezolano ofrezca garantías suficientes para que esas reparaciones sean lo más satisfactorias posible.
Desde Provea planteamos la necesidad de que los esfuerzos para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la memoria se orienten al diseño, ejecución y evaluación permanente de políticas públicas integrales con participación ciudadana efectiva.
Creemos que la construcción colectiva de memoria no puede quedar exclusivamente en manos de las autoridades estatales y, si en efecto, se trata de un diálogo amplio, diverso y sin exclusiones, todas las personas están llamadas a participar. Esto es un llamado a la acción.
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