El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, tiene como objetivo garantizar la implementación plena de los derechos de acceso a la información ambiental, participación y acceso a la justicia en temas ambientales. Asimismo, incluye disposiciones para que los Estados protejan a los defensores y defensoras de derechos humanos en materia ambiental en la región de Las Américas.
El Estado venezolano no participó en ninguna de las etapas de elaboración de este Acuerdo, ni posteriormente lo ha firmado ni ratificado. No se conocen las razones de este rechazo. A pesar de ello, todos los elementos contemplados por el Acuerdo están presentes como derechos en la Constitución Nacional.
En función del contexto, se realizó una encuesta dirigida a establecer la percepción de las organizaciones de la sociedad civil venezolana (OSC) sobre el Acuerdo de Escazú y sus ejes temáticos.
Los principales resultados de esta encuesta son los siguientes:
Aunque el conocimiento sobre Escazú es limitado, se valora mucho su importancia. El 51 % manifestó conocerlo solo en sus aspectos generales y el 32 % contestó que conoce bastante bien sus características; A pesar de ello. El 93 % de los encuestados consideró que el Acuerdo de Escazú incluye temas fundamentales para Venezuela.
El acceso a información ambiental es muy limitado. El 68 % de los encuestados expresó que, aunque tienen acceso a la información necesaria para su trabajo, hay vacíos y carencias en la misma y el 26 % respondió que no tenían acceso a información. El 70 % de los encuestados respondió que los organismos públicos nunca publican información pertinente sobre temas ambientales. Por otro lado, solo un 35 % de las organizaciones ha realizado solicitudes formales de información a organismos oficiales.
Las organizaciones son frecuentemente excluidas, pero están dispuestas a participar. Solo el 26 % de las organizaciones indicaron que habían sido invitados por organismos públicos a participar en alguna actividad dirigida a generar, implementar y/o evaluar políticas públicas en materia ambiental. En contraste, el 88 % manifestaron estar dispuestas a participar en este tipo de actividad.
Existe desconfianza sobre los mecanismos judiciales para la solución de conflictos ambientales. Tan solo un 16 % de los encuestados indicaron que su organización había recurrido a mecanismos judiciales para la solución de un conflicto ambiental. De los que lo habían realizado, únicamente en un 14 % de los casos se había producido una decisión judicial. Por su parte, 40 % de los encuestados no participa porque percibe que esos procesos son improductivos o riesgosos para las organizaciones.
Se percibe la defensa de los derechos ambientales en Venezuela como una acción insegura. Para el 60 % de las organizaciones encuestadas, la defensa de los derechos humanos ambientales en Venezuela es una actividad que no es segura y el 37 % considera que lo es en algunos temas ambientales, pero en otros no. El 26 % de las organizaciones ha sufrido algún tipo de agresión. Las mismas fueron descritas como estigmatización, amenazas, intimidación, hostigamiento en redes sociales y obstaculización de las actividades realizadas. A su vez, el 51 % dice conocer situaciones de violencia que han sufrido otras organizaciones.
La defensa de los derechos territoriales es una acción de gran riesgo. El 98 % de las organizaciones respondió que la defensa de los derechos territoriales por parte de pueblos indígenas y comunidades tradicionales no es segura e identificaron a la violencia por parte del gobierno, bandas de delincuentes y grupos de rebeldes extranjeros como los causantes principales de esta inseguridad.
Hay una gran disposición a participar, pero se necesita más información. El 75 % de los encuestados está dispuesto a participar en acciones para promover la adopción del Acuerdo de Escazú por parte de Venezuela. El 25 % opina que para participar necesita más información sobre este instrumento.
En conclusión, según la opinión de las organizaciones consultadas, el gobierno venezolano está incumpliendo todos los derechos definidos en el Acuerdo de Escazú y, por lo tanto, incumpliendo su obligación de proteger estos mismos derechos presentes en la Constitución nacional.
Asimismo, esta situación afecta los derechos de los defensores de derechos humanos ambientales, incluyendo activistas ambientales, defensores de derechos territoriales, comunicadores sociales y otras personas que actúan en defensa de estos derechos.
En tal sentido, para fortalecer el cumplimiento de estas disposiciones constitucionales se recomienda al Estado venezolano firmar, ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú en el menor tiempo posible.
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Informe-Escazu-en-Venezuela-2023-Final
