A propósito de la quinta revisión de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por el Estado venezolano, mediante un comité de expertos de Naciones Unidas, Acceso a la Justicia presentó un informe alternativo con sus principales preocupaciones sobre el sistema de justicia en el país con importantes recomendaciones.
El Estado venezolano no cumple con el Pacto del cual es parte y por el que tiene la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y las libertades de los habitantes del país. La falta de independencia del Poder Judicial, supeditado a los intereses del Ejecutivo y de su partido político, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es la causa de que en Venezuela no se administre una verdadera justicia.
Esto ha sido denunciado por diversos organismos internacionales entre los que resaltan la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (MIIDHV), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
La justicia, esquiva para algunos y complaciente para otros, permea todo el sistema, desde jueces, fiscales y defensores públicos hasta la Defensoría del Pueblo. Las irregularidades parten de nombramientos apartados de lo que dicta la Constitución, por ejemplo, en el caso del
defensor del Pueblo y del fiscal general por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017, y en el de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por un Parlamento dominado por el chavismo desde 2021, que también se ha dado a la tarea de controlar e interferir aún más en el Poder Judicial con una supuesta reforma de la justicia que ha denominado «revolución judicial».
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