La reciente sentencia contra seis líderes sociales condenándolos a 16 años de prisión a solicitud del Ministerio Público confirma el papel de este ente como instrumento de persecución contra la disidencia o quienes la cúpula en el poder percibe como disidentes.
Tanto la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como la Misión de Determinación de Hechos han establecido que en Venezuela se comete el crimen de lesa humanidad de encarcelación o privación grave de la liberta física.
La sentencia dictada por la jueza Grendy Duque confirma también el uso del Poder Judicial, y en particular los tribunales con competencia en terrorismo, para perpetrar el crimen de encarcelación.
Estos hechos dan más motivos para que la sociedad venezolana siga apoyando el trabajo de la Corte Penal Internacional, de la Misión de Determinación de Hechos y de la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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