Aproximadamente de 26 personas desaparecieron al sur del estado Bolívar durante 2021 según la reciente actualización del monitoreo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).
La mayoría de estas personas desaparecieron en las minas del municipio Sifontes (10). Las demás, en El Callao (4), Sucre (3), Cedeño (2), Angostura del Orinoco (1) y Gran Sabana (2).
La cifra es apenas el subregistro de un patrón de desapariciones forzadas que ocurre con mayor frecuencia desde que en 2016 Nicolás Maduro puso en marcha la Zona de Desarrollo Estratégico del Arco Minero del Orinoco (AMO) como salvavidas ante la caída en picada de la industria petrolera.
Desde el segundo semestre de 2019, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) en alianza con Correo del Caroní han compilado 175 reportes de desaparición al sur del estado Bolívar ocurridos entre 2012 y 2021.
Aunque estas desapariciones pueden considerarse un patrón sistemático que no puede separarse de la extracción de oro al sur de Venezuela, el Estado aún no ha implementado políticas públicas que garanticen la búsqueda en vida de estas personas.
Las víctimas enfrentan un limbo jurídico: en el país no hay leyes para abordar los procesos de investigación, seguimiento y reparación a las víctimas del conflicto minero. Sus
familiares están solos.
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