ACERCA DEL AUTOR:
Keymer Avila
Abogado (UCV) Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Barna). Investigador del @cpenalesucv y Profesor de @criminologial en Pre y Postgrado UCV
En estas líneas presento una síntesis de los principales hallazgos de la investigación sobre el uso de la fuerza letal en Venezuela, que realizamos en el marco de la segunda edición del proyecto regional Monitor del Uso de la Fuerza letal en América Latina, un estudio comparativo de Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Jamaica, México, Trinidad y Tobago y Venezuela, publicado hace apenas unos días.
Por razones de espacio no nos vamos a detener en la crisis mutidimensional en la que se encuentra inmerso el país, especialmente durante los últimos nueve años, de carácter político-institucional, económico y social que sirve de contexto y caldo de cultivo para un ejercicio ilimitado de la violencia institucional de carácter letal. Nos concentraremos solo en cuatro puntos:
- Las cifras oficiales disponibles
Las cifras oficiales nos muestran que a partir del año 2016 mueren cada año unas 5 mil personas por intervención de la fuerza pública en Venezuela. Entre 2016 y 2018 murieron diariamente 15 jóvenes venezolanos por estas causas.
Número absoluto de civiles asesinados por agentes de seguridad pública en servicio. Información oficial
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| Número de víctimas | 5,995 | 4,998 | 5,287 | No disponible | 16,280 |
Fuentes: Para los años 2016 y 2017 N. Reverol, (2017); OACNUDH (2019)
Si lo vemos por tasas por cada cien mil habitantes (pccmh) y comparamos con los países vecinos, las diferencias son muy grandes, triplicamos al país que más se nos acerca que es Jamaica. Una tasa de 16,6 muertes por intervención de la fuerza pública, es una cifra superior a la tasa de homicidios de la mayoría de los países del mundo.
En términos generales, según la información oficial disponible, el porcentaje que ocupan estas muertes dentro de los homicidios en Venezuela es también cada vez mayor: en 2010 era apenas de un 4%, ocho años después llega a 33%. Es decir, uno de cada tres homicidios que ocurre en el país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Un 10% es lo que se considera como un umbral máximo aceptable, cuando éste es superado estamos ante un claro indicio de un uso abusivo de la fuerza letal. En Venezuela superamos tres veces este umbral, algo que no se observa en ninguno de los países de la región.
Fuente: Ávila (2020):327
Para tener una idea de las dimensiones: en Brasil este tipo de casos apenas ocupan entre el 9% y el 11% de sus homicidios. Entre 2017 y 2018, Venezuela tuvo más muertes por intervención de la fuerza pública que este país vecino, que tiene siete veces su población: Brasil 9.920 muertes y Venezuela 10.285.
- Año 2019
Lamentablemente, no se cuenta con información oficial para el año 2019. Los datos registrados en las noticias nos muestran para este año la mayor cantidad de casos del seguimiento realizado durante los últimos cinco años, probablemente este incremento (57,5%) también haya sido una de las motivaciones del silencio oficial sobre la cantidad real de estos casos para este período.
- Índice de letalidad
Respecto al índice de letalidad, que es la relación entre heridos y fallecidos, que debería estar por debajo de uno -si supera este umbral, es decir, si se registran más fallecidos que heridos, revela un uso excesivo de la fuerza-, en Venezuela también presenta unas cifras alarmantes.
Así se pasa de 22 civiles fallecidos por cada herido en el año 2016, a 60 para el año 2019, se trata de un incremento del 173% en estos cuatro años.
Fuente: Casos registrados en las noticias
- Caracterización de los casos
El perfil de las víctimas que mueren por intervención de la fuerza pública es el siguiente: hombre (98%), moreno-mestizo (79%), con una edad entre 26 y 27 años, perteneciente a los sectores populares y barrios periféricos del país. La mayoría de estos casos ocurre en el contexto de operativos policiales, justificados oficial y discursivamente por la “seguridad ciudadana”, algunos de ellos son anunciados de manera propagandística por el gobierno, durante coyunturas electorales o crisis políticas más amplias.
En los años de seguimiento de este fenómeno, se observa que estos jóvenes pueden ser asesinados por múltiples motivos: no en pocas ocasiones se trata de confusiones o errores de identificación; conflictos interpersonales; porque son un indicador de resultados “positivos” que los funcionarios muestran a sus superiores en determinadas coyunturas; porque tenían antecedentes penales o registro policial; estaban solicitados por la justicia o eran acompañantes de alguna de estas personas; porque estaban siendo asaltados por un funcionario; se encontraban en la comisión de un delito o porque efectivamente se trató de un enfrentamiento armado. Este último supuesto es muy excepcional (no más del 12% de los casos).
En general tanto en los indicadores de incidencia como en los de abuso, ya sea por las fuentes oficiales o las noticias, Venezuela presenta unos valores muy por encima de los límites aceptables que indican claramente un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza letal, presentándose –nuevamente– como el caso más extremo de la región.
La búsqueda de justicia en estos casos por parte de los familiares de las víctimas es una labor titánica, esperamos que este tipo de iniciativas puedan ser de alguna utilidad para ellos y evitar más muertes institucionales.
Para leer el informe completo sobre el caso venezolano haga clic en este enlace: https://www.academia.edu/69523955/Uso_de_la_Fuerza_Letal_en_Venezuela_2022
Para leer el informe regional completo haga clic en estos enlaces: https://www.academia.edu/69526594/Monitor_of_Use_of_Lethal_Force_in_Latin_America_and_the_Caribbean_A_Comparative_Study_of_Brazil_Chile_Colombia_El_Salvador_Jamaica_Mexico_Trinidad_and_Tobago_and_Venezuela_2022_
http://monitorfuerzaletal.com/docs/MonitorFuerzaLetal_2022_verA.pdf ;
Sigue al Monitor de Fuerza Letal en América Latina por: @monitor_FL | #MonitorFuerzaLetal | http://www.monitorfuerzaletal.com/
Publicado originalmente en: Efecto Cocuyo
ACERCA DEL AUTOR:
Keymer Avila
Abogado (UCV) Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Barna). Investigador del @cpenalesucv y Profesor de @criminologial en Pre y Postgrado UCV
