Durante el proceso de investigación del libro “Sospechosos Habituales: diez aproximaciones a los antecedentes históricos del movimiento por los derechos humanos en Venezuela (1936-1999)”, tuve el honor de poder conocer y entrevistar en múltiples oportunidades a Antonieta Rodríguez, la principal organizadora y vocera de Luto Activo, el primer comité de víctimas autónomo que abordo las ejecuciones policiales y de las fuerzas armadas en Venezuela.
En conversaciones sobre el origen del nombre del grupo, Antonieta afirmaba que ante la partida de un ser querido producto del asesinato de un funcionario “la familia debía dejar la privacidad del duelo, para exigir de forma activa justicia para su hijo, sin resignación ni aceptación de un asesinato que debe ser denunciado por injusto. Callar es hacerse cómplice de lo injusto”
Esas palabras retumbaron en mi oído un 18 de enero de 2023, al enterarme de la muerte de un activista venezolano en los Estados Unidos por defender el medio-ambiente.
Manuel Esteban Páez Terán fue un maracucho de 26 años, inmigrante y activista eco-anarquista no binario, apodado por sus amigos como “Tortuguita” en honor a su carácter pacífico y afable. Se graduó de psicólogo magna cum laude en la Florida International University y durante un tiempo colaboro en el proyecto Food Not Bombs, que entrega comida gratuita a personas en situación de calle; así como en el sindicato Industrial Workes of the World (IWW) y Live Oak Radical Ecology.
Después de la muerte de George Floyd en el 2020, se involucró en las protestas ciudadanas para denunciar la brutalidad policial en los Estados Unidos, así como apoyo la reconstrucción de casas de afectados por los huracanes que azotaron la Florida durante ese periodo. No obstante, en su horizonte se encontraba oponerse a un mega centro de entrenamiento policial que ocupará una zona boscosa del sur de Atlanta, llamado Cop City.
Este proyecto desarrollista de seguridad, cuya extensión es de 381 acres, lo que equivale a más de 60 campos de football, tiene un costo de más de 60 millones de dólares, sin rendición de cuentas a la comunidad. Este proyecto fomentara la militarización de la policía y generara un impacto medioambiental negativo que afectara a todos los habitantes de Georgia, sobre todo para las comunidades aledañas,
En protesta, Tortuguita formó parte del grupo de activistas que ocuparon el South River Forest a las afuera de Atlanta. El sitio toma su nombre del cuerpo de agua que lo atraviesa, considerado como uno de los cuatro pulmones que mantiene la principal ciudad de Georgia; su cubierta arbórea y su sistema de raíces ayudan a filtrar el agua de lluvia y mitigar las inundaciones al funcionar como una esponja durante las fuertes tormentas.
Los ocupantes de Cop City convivían de forma cooperativa y pacífica, respetando el medio ambiente, organizaban ollas comunitarias, conciertos gratuitos, distribuían literatura y buscaban impactar lo menos posible el bosque que defendían. Manuel Páez Terán era parte de esa experiencia de vida, sus amigos recuerdan su interés por “ayudar a la comunidad QTBIPOC”, haciendo referencia a las personas Queer, Transgénero, Indígenas, Personas de Color y Afrodescendiente; también fue reconocido como “un médico capacitado y un compañero amoroso”.
Ese 18 de enero de 2023, Tortuguita se encontraba acampando junto a otros activistas de #StopCopCity cuando fueron desalojados por la Policía de Georgia. Manuel Páez Terán se encontraba dentro de una carpa resguardándose cuando recibió múltiples impactos de bala. Manuel Esteban Páez Terán es el primer ambientalista asesinado por las fuerzas de seguridad en los Estados Unidos.
El Buró de Investigaciones de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés), reportó el 20 de enero de 2023 que, durante la operación de desalojo del campamento, Páez Terán tenía un arma en la mano cuando un agente de la policía estatal recibió un disparo. El proyectil recuperado, según afirmó el GBI, coincide con una pistola que había comprado en septiembre de 2020. Hasta el momento, no hay imágenes ni audio que corroboren esto.
Asimismo, la GBI indico que no había videos disponibles del tiroteo, pero recientemente, la policía de Atlanta reveló un material audiovisual de cámara corporal en donde se captura una ráfaga de disparos y que ponían en duda la tesis policial sobre el policía herido.
Esto llevo a que la familia solicitase una segunda y autopsia, la cual reveló que el activista estaba en el suelo en posición de loto, con la espalda erguida y las manos en alto cuando murió, recibió 57 heridas de 13 armas distintas. Las manos de Páez Terán presentaban heridas de salida de bala en ambas palmas y no se registró rastros de pólvora en sus manos, lo que significa que no disparo y que mantenía las manos abiertas al momento del desalojo.
Debido a las denuncias y diligencias para denunciar su posible ejecución, sus hermanos han recibido supuestamente amenazas por teléfono, buscando intimidar a la familia en su labor de exigir justicia. Sus abogados solicitaron a las autoridades administrativas acceder a información para establecer responsabilidades en un juicio justo y afirmaron que:
1) La familia a pesar de sus peticiones, no ha recibido el resultado de la primera autopsia y tampoco tiene información adicional acerca de la muerte de su familiar.
2)Las autoridades no han querido reunirse con la familia.
3)Se desconoce el nombre de los seis policías que dispararon.
4) Es sospechoso que las autoridades no entreguen el video de la cámara corporal (body-cam) de los funcionarios involucrados.
Estas inconsistencias judiciales en un caso tan delicado y de repercusión mediática hacen sospechar que estamos frente a una ejecución policial. Para continuar con las investigaciones y el proceso judicial contra los posibles responsables, la familia de Manuel Páez Terán organizó una página de Gofundme en la cual puedes colaborar: https://www.gofundme.com/f/for-family-of-manuel-tortuguita-paez-teran
Sin embargo, existen muchas formas de apoyar de forma pacífica a sus familiares, sobre todo denunciando la muerte de Tortuguita en Venezuela. Recordando su ejemplo y praxis para exigir una vida digna, solidaria y cercana al medio ambiente en nuestro país.
Como venezolanos y defensores de derechos humanos es importante exigir justicia en cualquier parte del planeta. La falta de información gubernamental, los antecedentes de violencia policial y la convicción de la inocencia de Tortuguita por parte de sus familiares, nos obliga exigir justicia para él, como lo hacemos por las víctimas de ejecuciones policiales o de la Rebelión Popular del 2017.
Análisis desde una perspectiva interseccional del caso
Manuel Páez Terán fue parte de la ola migratoria de venezolanos de principios de siglo, el inicio del proceso bolivariano (1999-actualidad), generó un flujo de inmigrante que hoy en día alcanzan siete millones de desplazados según la ACNUR. Muchos huyendo de la Crisis Humanitaria Compleja que padece el país desde el 2014.
Fue migrante en diferentes países: Aruba, Panamá, Egipto, Rusia y Reino Unido, gracias a que su papá es un predicador evangélico. Estudio y se gradúo en Estados Unidos donde se residencio. Pero como muchos otros inmigrantes, probablemente sufrió discriminación y se identificó con los grupos excluidos donde la raza y la diversidad son elementos preponderantes. Incluso se asumió a sí mismo como una persona no-binaria.
Sorprende que el lugar del campamento donde se produce la muerte, es el sector que habían denominado como QTBIPOC (Queer, Trans, Black, Indigenous People of Color) que hace alusión a las minorías excluidas del contexto norteamericano y que durante la administración de Donald Trump se convirtieron en los sectores que protestaban y se estaban movilizando.
También es importante reseñar que durante la redada no se tienen videos (body-cam) del operativo, ni se conoce el nombre de los seis funcionarios que dispararon las armas. Lo que representa una limitación al derecho de acceso de la justicia y demuestra exclusión. Lo que nos obliga a preguntarnos si ese mismo tratamiento hubiese ocurrido con un WASP (White Anglo-Saxon Protestant) que es la cultura hegemónica en Norteamérica.
Por lo cual podemos tener en este caso, una aproximación interseccional cuando nos topamos con un inmigrante latino, miembro de la sexo-diversidad, sin acceso a políticas de integración, que es posiblemente víctima del Estado y al cual se le está negando una investigación independiente que establezca posibles responsabilidades penales.
Es importante reseñar que en el caso de Manuel Páez Terán existen responsabilidades por parte del Estado venezolano al generar las condiciones objetivas para la migración forzada de millones de ciudadanos, fomentando desigualdades sociales y económicas que promovieron su desplazamiento. Venezuela, es uno de los pocos Estados latinoamericanos donde la comunidad LGBTQ no tiene ningún tipo de derechos (identidad, matrimonio, adopción, etc.); siendo un amplio colectivo excluido producto de una orientación ideológica determinada. Sin duda alguna, las precarias condiciones de Venezuela incentivaron la inmigración de Tortuguita y su estadía en otras regiones.
Como podemos apreciar en este caso, dos Administraciones Públicas que mantienen retoricas y formas de producción distintas, enfrentadas en teoría en el verbo, mantienen políticas de exclusión contra sus propios ciudadanos. Lo que nos lleva, a extrapolar un caso concreto como el de Manuel Páez Terán para solicitar equidad de condiciones en Estados Unidos, pero también exigir una vida digna para los venezolanos y habitantes del Sur Global, que se ven forzados a movilizarse por falta de oportunidades, inequidad de género y la exclusión social.
Por Manuel Páez Terán y por todas las víctimas de ejecuciones policiales o de las fuerzas armadas, sigamos exigiendo un Luto Activo.
