ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
El gobierno de Nicolás Maduro constituyó un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a su medida. Realmente es la continuidad del existente con algunas caras nuevas. Cuando se mira la composición se puede concluir que es un Comité jurídico del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La casi totalidad son magistrados comprometidos con el denominado “proceso”, que terminó convirtiéndose en un régimen perpetrador de crímenes de lesa humanidad.
El 16 de septiembre de 2021, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela concluyó sobre la parcialidad del sistema de justicia. «La Misión tiene motivos razonables para creer que, en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos, el sistema de justicia ha jugado un rol destacado en la represión del Estado contra las opositoras y los opositores al Gobierno. Las personas venezolanas que no están explícitamente alineadas al Gobierno comprenden las implicaciones. Muchas de ellas se abstienen de tomar posiciones públicas que puedan diferenciarse de las narrativas oficiales ya que, de lo contrario, se arriesgan a perder años de sus vidas en arrestos y detenciones arbitrarias patrocinados por el Estado y avalados por el sistema de justicia, mientras que con frecuencia también son sometidas a torturas”
El TSJ desde hace una década, al menos, se ha convertido en un instrumento de represión política. Todo indica que continuará con esa labor. En lugar de proteger derechos, servirá para conculcarlos. El autoritarismo del gobierno de Maduro necesita dar barniz de legalidad a sus actuaciones arbitrarias y el TSJ cumple también ese papel.
Para la designación de los magistrados no se atendieron las recomendaciones de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien en septiembre de 2020 recomendaba que se “emprenda y lleve a término las reformas del sistema judicial anunciadas por el Gobierno en enero de 2020 con el fin de garantizar su independencia, imparcialidad, transparencia, accesibilidad y eficacia”.
La forma sobre cómo se realizó la elección violando normas constitucionales y quienes finalmente quedaron designadas como magistradas y magistrados no garantizan independencia en su actuación. Se hará lo que se ordene desde el Palacio de Miraflores. Se actuará y decidirá al antojo de los que decida la cúpula instalada en el poder. Ello es contrario al Memorándum de Entendimiento suscrito con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
El Estado venezolano se comprometió a administrar justicia de conformidad con los estándares internacionales de independencia e imparcialidad y a desarrollar investigaciones genuinas sobre los presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
Un Tribunal Supremo de Justicia que se asemeja a un equipo jurídico del partido del gobierno no garantizará una adecuada administración de justicia y será la manta protectora que garantizará impunidad ante la exigencia de identificación de responsables y la sanción correspondiente.
Los tiempos de justicia lamentablemente seguirán sombríos y las aspiraciones de neutralidad se encontrarán con una muralla que lo hará más difícil, pero no imposible. A la Fiscalía de la Corte Penal Internacional le quedan mayores desafíos.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
