ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado Betancourt | El condenable atentado contra Nicolás Maduro debe ser investigado hasta establecer responsabilidades materiales e intelectuales. Un hecho tan grave no debe quedar impune. Afortunadamente fracasó porque posiblemente hubiese ocurrido una masacre y el país con una mayor inestabilidad. Los caminos de la violencia no resolverán los problemas de nuestro país, los agravarán. Por ello somos insistentes en que la alternativa debe ser constitucional y una de ellas es exigir la renuncia de Maduro.
Investigar y sancionar para que realmente cumplan su cometido debe ser en el marco de la Constitución y la ley. Lo que hemos visto hasta ahora es que ante la acción terrorista, el gobierno responde con terrorismo de Estado.
Cuando es Nicolás Maduro quien asume prácticamente la conducción de la investigación violando el mandato constitucional que debe ser el Ministerio Público, pero cuando el Fiscal Constituyente avala que sea así y el Defensor Constituyente guarda silencio ante la arbitrariedad, existen sobradas razones para decir que no se está buscando justicia sino venganza.
Cuando violando la normativa constitucional se atenta contra la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Requesens y con abuso de poder se ordena la detención del diputado julio Borgues, estamos ante una respuesta que pudiéramos calificar de terrorismo de Estado. Se afianzan los patrones de violaciones sistemáticas a los derechos humanos identificados por el Alto Comisionado de Derechos Humanos y debería elevar aún más la preocupación de la Fiscal de la Corte Penal Internacional.
El Madurismo como en los tiempos de Rómulo Betancourt realiza los mismos atropellos que tanto cuestionan de la llamada Cuarta República. Parlamentarios perseguidos y encarcelados por el mismo abuso de poder. Irrespetan la voluntad popular y con el mismo ánimo represivo realizan una cacería de brujas buscando entre otros propósitos imponer el miedo. No han podido por más que han reprimido. La misma lógica de la doctrina de la seguridad nacional que se impuso para combatir la insurgencia de los años 60 se utiliza hoy. Definir un sector de la población como enemigo interno y para ese sector no hay derecho que valga. Opresión y represión y si es necesario aniquilamiento.
Bajo esa doctrina de seguridad nacional se realizan detenciones arbitrarias, se tortura, se viola el derecho a la defensa, se usan tribunales militares para juzgar civiles, se realizan incomunicaciones y desapariciones, se extorsiona a familiares, se realizan allanamientos sin orden judicial, se intervienen comunicaciones y en algunas ocasiones se realizan ejecuciones extrajudiciales.
Nada extraño que a los actos terroristas, el gobierno responda con terrorismo de Estado, es la manera de actuar de la cúpula que hoy gobierna.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
