ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado │ Las cárceles venezolanas están llenas de jóvenes. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en su reciente informe sobre la situación carcelaria en 2019 había un total de 43.992 reclusos distribuidos en 44 cárceles que están funcionando de 52 recintos existentes. Esa cantidad de personas privadas de libertad no incluye a quienes están los calabozos policiales los cuales son cerca de 25.000.
El reto de cualquier preso en una cárcel venezolana es salir vivo de ella. Los altos niveles de violencia, la creciente desnutrición que genera muertes por hambre y la falta de atención médica adecuada y oportuna, produce mensualmente muertes por tuberculosis y otras patologías.
Las cifras emanadas de OVP sobre la violencia en las cárceles refleja el fracaso de la gestión pública en materia carcelaria. Desde 1999 hasta 2019 han fallecido 7.374 personas en las cárceles venezolanas y otras 17.715 resultaron heridas, lo que engloba una cifra total de víctimas, entre muertos y heridos, de 25.089
Si bien la cantidad de personas fallecidas en las cárceles ya sea por violencia o falta de atención adecuada de salud o desnutrición sigue siendo alta, debe reconocerse que ha bajado progresivamente, sobre todo porque han disminuido las muertes por violencia.
Los presos fallecidos por hambre y enfermedades, al contrario, vienen en franco crecimiento. La situación es tan grave que en el año 2019 la cifra de fallecimientos por problemas de salud fue superior a la referida por motivos violentos. Del total de 104 personas fallecidas, 66 relacionados con asuntos de salud, lo cual representa un 63,5%. Ello es un indicador del nivel de indolencia por parte de las autoridades.
Cuando las cifras por violencia eran muy altas superiores a 500 en un año, la excusa fue que los controles de las prisiones estaban en manos de los propios reclusos bajo el mandato de los llamados pranes. El Estado fue asumiendo la autoridad en algunas cárceles y como resultado bajaron los hechos violentos. Pero aumentaron las muertes por no brindar a los presos el mínimo de atención en materia de salud y alimentación.
El Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura ha indicado que la no atención médica oportuna y adecuada a un privado de libertad constituye trato cruel e inhumano.
En los centros de reclusión, los espacios destinados a servicios de atención médica primaria se encuentran cerrados, bien por falta de personal médico o de enfermería, o porque la dotación de insumos es prácticamente inexistente.
Los presos que padecen alguna complicación de carácter médico son trasladados a centros asistenciales de salud sólo cuando se encuentran en situación de extrema gravedad o agonizando. Constantemente familiares de reclusos denuncian ante las organizaciones de derechos humanos, así como ante los distintos entes y medios de comunicación, dicha irregularidad. Se descarga en los familiares el suministro de los tratamientos o medicamentos requeridos por sus seres queridos detrás de las rejas.
Los problemas de alimentación también son graves. Afirma OVP que con frecuencia reciben denuncias de huelgas de hambre realizadas por la población penitenciaria a nivel nacional como medida de protesta, ya que la desnutrición en los múltiples centros está a la orden del día. En 2019 se produjeron 1.934 huelgas de hambre.
Los entes encargados de proveer alimentos a estos recintos no supervisan la entrega efectiva de los mismos, eso sin contar las condiciones de insalubridad de aquellos que efectivamente son entregados. Por otra parte, no se garantizan las tres comidas diarias. Tampoco una alimentación suficiente, ni consistente, ni balanceada, ni variada y, mucho menos, preparada de acuerdo con las normas nutricionales y dietéticas.
Indica OVP que la situación es aún más preocupante porque en los centros de reclusión nacionales existen dos realidades en torno a la alimentación de la población penitenciaria. Por un lado, están los centros bajo el control de un régimen penitenciario impuesto por los organismos nacionales. Es en ellos donde más se padecen los embates de una mala alimentación y donde se focalizan las protestas de los reclusos por la falta de una ingesta alimenticia adecuada.
Por otra parte, los centros donde el control es ejercido por los denominados pranes. En esos recintos, algunos reclusos cuentan con una mejor alimentación siempre que hagan la debida cancelación de una cuota denominada llamada “la causa”. Esta es solicitada por quienes lideran el control penitenciario. Una privatización de hecho del sistema alimentario que produce exclusión. ¿Qué pasa con aquellos privados de libertad cuyas familias no tienen posibilidad de cumplir las exigencias de los pranes? De esta manera también se consolida un sistema delictivo a costa del hambre de los presos.
Ineficacia, indolencia e improvisación caracterizan la gestión penitenciaria. Las consecuencias son muy negativas para los miles de privados de libertad quienes día a día tienen que sortear peligros y dificultades para sobrevivir.
El desafío de todo preso cada día es no morir. Así transcurren las semanas, meses y años para la gran mayoría. Quien recobre la libertad luego de pagar su condena, muy bien puede llamarse un superviviente.
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Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
