Seis más uno no son siete

Seis más uno no son siete. Son más, muchos más.

En nuestro país, bajo la égida de un régimen arbitrario, autoritario y de vocación totalitaria, que desarrolla una política sistemática, sostenida y generalizada de terrorismo de Estado contra la población, con especial énfasis hacia los dirigentes sindicales y gremiales, la disidencia política, los luchadores populares y defensores de derechos humanos; que ha condenado a los trabajadores y su familia a un salario mínimo menor a cuatro dólares mensuales, ha acabado con las prestaciones sociales, las contrataciones colectivas y la libertad sindical; que ha arruinado la economía, saqueado las arcas del Estado, destruido los servicios públicos y empobrecido a la mayoría nacional; que como única respuesta a los reclamos populares solo tiene la mentira, la represión y la violencia; en un país como este seis más uno son mucho más que siete.

Seis tiene rostro de pueblo y manos de trabajador, milita en el sindicato, convoca la asamblea, encabeza la marcha, patea las calles defendiendo derechos y luchando por reivindicaciones. Seis tiene nombre y apellido: se llama Gabriel blanco, Reinaldo Cortés, Emilio Negrín, Néstor Astudillo, Alcides Bracho y Alonso Meléndez, condenados a 16 años de prisión sin la existencia de pruebas ni acusadores formales, más allá de las actas policiales y la declaración de funcionarios, más allá de un “patriota cooperante”, un casi anónimo que nunca compareció ante el tribunal para ratificar el dictado que le redactó la policía para la cual trabaja.

En ellos no se condena delito alguno, sino la consecuencia en la lucha de los trabajadores por condiciones de vida y trabajo dignas.

A estos seis le han sumado ahora el nombre de John Álvarez, un joven estudiante de antropología en la Universidad Central de Venezuela, a quien a base de torturas físicas y psicológicas quisieron convertir en el acusador que no tienen para condenar a los otros, una vez que la defensa ha apelado la sentencia en la instancia superior; aunque, como ha quedado demostrado infinidad de veces, la arbitrariedad que desgobierna no necesita pruebas para mantener preso a cualquiera que elija con el propósito de acallar la protesta, descabezarla y amedrentar a los llamados a tomar el testigo y continuar la marcha.

Pero es que en el caso de los seis al régimen le preocupa el coro de voces que continúa escuchándose en el concierto nacional e internacional, en repudio a la aberrante sentencia que injustamente los condena y en demanda de su inmediata libertad.

Le preocupa la campaña mundial iniciada por Amnistía Internacional, el pronunciamiento de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, las declaraciones de rechazo venidas del movimiento obrero y sindical internacional, entre muchas manifestaciones más.

La dictadura quiere “bajarle el volumen” al caso mientras fabrica las “pruebas” que contrarresten la presión nacional e internacional, mientras maniobra inútilmente para impedir las investigaciones de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Pero su torpeza y su talante solo han servido para sumar un nuevo detenido, nuevas denuncias de torturas y nuevos sectores, como el universitario, que se unen solicitando respeto a la integridad física y moral de John Álvarez y en demanda de su libertad.

Como en la fábula de la rana y el escorpión, la naturaleza autoritaria del oficialismo lo conduce a clavar el aguijón envenenado de la represión, con lo cual solo logra desenmascararse más, aislarse más y ampliar el abanico de sectores incorporados a la lucha por las libertades democráticas y los derechos humanos.

Suma uno más, es cierto; pero seis más uno no son siete, como podemos constatar. Son cientos y miles de voces solidarias multiplicadas en centrales obreras, corrientes sindicales, federaciones internacionales, ONG’s diversas, instituciones y defensores de los derechos humanos unidos en un solo cántico: cese la represión y las torturas. Libertad para todos los presos políticos.

Seis más uno son también Rubén González y los que estuvieron antes. Son 81 trabajadores presos en defensa de derechos laborales, de un universo de más de 3500 que han sido represaliados, sometidos a régimen de presentación en tribunales y a restricciones inaceptables de sus derechos políticos y sindicales.

Son los sidoristas repudiando esquiroles y reclamando derechos. Son los educadores movilizados en todo el país en defensa de su contrato colectivo. Somos los universitarios demandando autonomía, presupuesto, salarios y condiciones de trabajo dignos. Son los jubilados y pensionados que todos los días nos dan lecciones de dignidad en la calle, protestando las pensiones de hambre mientras la casta dominante cuenta por miles los millones de dólares saqueados en su festín filibustero.

En definitiva, seis más uno son las más de 4.350 protestas registradas en el país en los primeros seis meses del año, las 18 Coordinadoras Regionales de Trabajadores en Lucha, el Comité Nacional de Conflicto que las articula y el 85% de nuestros compatriotas que exige unidad nacional por el cambio como un clamor popular que debe ser escuchado.