Gabriela Buada | “Seguro están tan golpeados que los tienen escondidos hasta que se les borren los moretones” decía el señor Pedro Silva y al mismo tiempo buscaba en el mapa google el posible paradero de su sobrino. Pasaron varios días cuando estas esperanzas se borraron, aparecieron 12 cadáveres en una fosa común en Barlovento. Ya todo había pasado, ya se sabía que estaban muertos.
Muchas son las denuncias de violación de los derechos humanos que ha atendido la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz a lo largo de más de sus treinta años de trabajo. Pero, la de la masacre de Barlovento es sin duda, un horror, una tragedia que ocupa a la organización en su mayor capacidad desde el primer momento de la denuncia realizada por los familiares apenas asumían que los jóvenes no estaban detenidos, sino desaparecidos.
Aunque se sabe que la impunidad es uno de los caldos de cultivo de la escalada de violencia, aunque la resistencia a la denuncia pareciera determinar la existencia de tanto dolor, aunque el panorama en el tema del respeto por los derechos humanos debe ser mucho más claro desde el activismo esperamos que las ciudadanas y ciudadanos conozcan sus derechos y reconozcan la importancia de la denuncia para así lograr que la voz de los más necesitados sea escuchada y que no suceda una masacre más.
Sin prontuario policial
Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Denny Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kendri González y Carlos Marchena Silva eran jóvenes inocentes, trabajadores del campo que nunca esperaron morir de esa manera. Pero, ¿Qué debió pasar si hubiesen tenido que rendir cuenta ante la justicia? Inocentes o culpables el procedimiento estuvo equivocado ya que en cualquier investigación o procedimiento se debe garantizar el respeto por los derechos fundamentales o más bien, se debe respetar el derecho a la vida. Ya están muertos ¿Dónde encontrarán consuelo sus familiares?
Angustia, dolor y rabia tal vez son los sentimientos de los familiares cuando leen en algunos medios de comunicación que refieren a las víctimas como “secuestradores”. La opinión pública repite sin parar que a los delincuentes siempre es mejor no dejarlos vivir, y hacen caso omiso a las declaraciones como la del Defensor del Pueblo y la Fiscal General que señalan que las víctimas no tenían prontuario policial. Un caso para reflexionar, leer e investigar y no dejar pasar la oportunidad para exigir que no se masacre más.
El 15 de noviembre el señor Pedro Silva dedicó las siguientes líneas para desahogarse y expresar lo que vivía cuando creía que su sobrino estaba desaparecido: “Ya hace un mes que salió de casa, se lo llevaron y aquí estamos tristes, no tuvo tiempo de despedirse. Es la injusticia un duro tormento para este pueblo de Barlovento, son inocentes los detenidos son más de doce desaparecidos”…
La denuncia importa
Carlos Gabriel Marchena estaba desaparecido y sus parientes acudieron a todas las instancias para conocer su paradero. “Los familiares nos unimos para un mismo fin: encontrar a nuestros seres queridos. Pasábamos hambre porque no comíamos y regresábamos a nuestras casas en la noche con la misma incertidumbre de no saber qué pasó. Fueron casi 40 días sin comer ni dormir hasta que nos enteramos del trágico desenlace. El pueblo de Barlovento está devastado, se respira un sentimiento de desesperanza, dolor e indignación en cada rincón”. Dijo el señor Silva.
¿Ahora qué?
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización que ha acompañado a los familiares de las víctimas de Barlovento indicó en relación a las investigaciones que continuará acompañando a estas personas y estará pendiente de las investigaciones y acciones judiciales y extrajudiciales que se realicen para la búsqueda de justicia. La organización está convencida en que, si se lleva a juicio a los responsables de los hechos para obtener sanciones penales efectivas, se garantiza las sanciones administrativas por el Ministerio de la Defensa se podrá decir que se obtuvo justicia.
También, la Red de Apoyo exige que el Estado brinde atención psicológica y psicosocial a los familiares, tal como se contempla en el Plan Nacional de Derechos Humanos, el otorgamiento de indemnización y reparación por los daños psicológicos y morales causados después de tan doloroso y traumático hecho, que coordine con las comunidades de los diversos sectores de Barlovento acciones efectivas y sostenibles en el tiempo para garantizar la tranquilidad, seguridad y respeto a los derechos humanos debido al auge de las acciones delictivas en la zona, se refuerce la formación y entrenamiento en derechos humanos de todos los funcionarios castrenses, policiales y de seguridad ciudadana, se brinde seguridad y garantía de no repetición de estos abusos y violaciones de derechos humanos y las disculpas públicas a las víctimas por las actuaciones represivas y las violaciones cometidas por estos funcionarios.
Debemos unirnos y exigir para que no exista ni una masacre más.
│Periodista, docente y activista de Derechos Humanos @gabybuada
