ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado | De abril a julio 2017 el país vivió una rebelión popular. No fue una protesta más. La Rebelión de los escudos, de los jóvenes valientes, de los abuelos indignados, de las mujeres perseverantes.Hombres y mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional por miles durante cuatro meses demostraron constancia, arrojo, disciplina y muchos deseos de lograr una Venezuela mejor. Una rebelión que se planteó cuatro exigencias: que se abriera un canal humanitario para aliviar la grave crisis en alimentos y medicinas, la libertad de los presos políticos, el respeto a las funciones y competencias de la Asamblea Nacional y que se estableciera un cronograma electoral y condiciones adecuadas para el ejercicio del voto. Ninguno de los objetivos se logró. Es duro, pero hay que reconocer, fue una rebelión popular derrotada.
No todo fue en vano, sin embargo. La Rebelión logró resultados no previstos. El sacrificio y constancia en la lucha diaria permitió que la comunidad internacional comprendiera más la grave crisis que azota al país. Que el gobierno se quitara la careta y mostrara con nitidez su rostro de dictadura aumentando su desprestigio.Tanto que así lo califican formalmente más de 20 países en el mundo. Permitió que los organismos internacionales de protección de los derechos humanos estén hoy más sensibilizados para hacer seguimiento a la grave situación de derechos humanos y más prestos a ayudar a las víctimas. Resultados muy importantes que abren caminos para otros objetivos a corto y mediano plazo.
El costo de vidas fue alto, lamentablemente. Más de 139 personas fallecieron por la acción directa de funcionarios del Estado, paramilitares a su servicio y algunos particulares que participaban de las protestas y recurrieron al uso de las armas. El gobierno mediante un uso excesivo de la fuerza y con fines de letalidad prefirió llenar de sangre las calles que escuchar y atender los reclamos sociales. A nombre del pueblo se reprimió sin compasión. A nombre de la patria y la soberanía se asesinó a muchos jóvenes. Tenemos el deber de emprender la lucha para que haya justicia y los autores materiales e intelectuales sean castigados. Igual se debe juzgar a quienes resulten responsables del asesinato de los funcionarios. A cada una de las familias afectadas por la represión y la violencia extiendo mis más sentidas condolencias. Nos toca transformar el dolor en más ánimo y dedicación para seguir luchando por democracia, inclusión social y condiciones adecuadas de vida.
Esta rebelión tuvo una conducción política. La Mesa de la Unidad Democrática logró que la población siguiera sus directrices. Convocó una marcha de mujeres y se produjo en todos los estados, una de abuelos y fue igual. Llamaba a cerrar calles y la población atendía el llamado. Pero la Rebelión le quedó grande a la dirigencia opositora. Más allá del esfuerzo y la valentía que mostraron varios diputados y diputadas colocándose con frecuencia a la cabeza de las protestas y asumiendo los riesgos, no tuvo la capacidad de conducirla a un triunfo. La protesta adquirió tal fuerza, combatividad y presencia masiva en la calles de grandes, medianos y pequeños poblados que arropó a la dirigencia quien no supo conducir gigantesca fuerza popular al logro de los objetivos. Esa dirigencia le debe al país un balance, debe dar la cara ante la población que convocó a protestar cada día, pero a la cual no le ha indicado que se logró, que errores se cometieron y cuál es la ruta a seguir.
La rebelión popular también sobre pasó la capacidad de las organizaciones de derechos humanos quienes realizaron un gran esfuerzo para monitorear la situación, acompañar a las víctimas, activar los mecanismos internacionales de protección y sortear las amenazas y riesgos. Una situación tan grave de violaciones a los derechos humanos por un lapso tan largo no se había tenido en el país. Tocará también evaluar aciertos, limitaciones y errores.
La protesta social no ha cesado. Terminó la rebelión, pero en las calles la población sigue reclamando sus derechos como ya lo venía haciendo. De 1999 al 2016 hubo 52.051 protestas la mayoría relacionada a derechos sociales. En los cinco años anteriores a la rebelión el promedio de protestas fue de 19 diarias. Dispersas, con muy poca coordinación con otras y con objetivos muy concretos para el sector que reclama, el pueblo venezolano ha mantenido un alto espíritu de lucha. Seguro continuará. La profunda crisis económica y social y las arbitrariedades del gobierno dan día a día motivos para realizar cierre de calles, movilizaciones, paros, huelgas, plantones. Quedó una experiencia de lucha que con seguridad el pueblo sabiamente utilizara para exigir sus derechos.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
