ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
Rafael Uzcátegui | Como una medida de última hora para intentar detener el “impeachment” en su contra, parlamentarios del Partido de Trabajadores (PT) de Brasil han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares a favor de Dilma Roussef. Sin embargo, la CIDH se encuentra ahora mismo inmersa en una crisis económica, que la ha obligado a suspender sus períodos de sesiones y reducir su personal ocasionada, especialmente, por retaliaciones del país carioca en años anteriores. A continuación la historia de cómo Dilma Rousseff debilitó una instancia a la que después acudió como tabla de salvación, y que posiblemente por sus ataques no cuente con todas las herramientas para ayudarla.
Como recuerda Daniel Cerqueira, entre los años 2011 y 2013 la CIDH vivió un período de turbulencias. En abril de 2011 solicitó a Brasil la suspensión del proyecto hidroeléctrico Belo Monte e impedir la realización de cualquier obra relacionada hasta realizar los procesos de consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas así como un estudio del impacto ambiental. En esa oportunidad la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de las comunidades indígenas de la cuenca del Río Xingu, en Pará, por lo que además se solicitaba al Estado brasileño medidas para proteger la vida e integridad de estos pueblos, así como la prevención de enfermedades y epidemias relacionadas con los trabajos. La respuesta brasilera fue virulenta –el presupuesto de la obra orbitaba los 17 billones de dólares-, calificando la decisión de “precipitada” e “injustificable”. La declaración oficial aseguró, en la línea discursiva de otros gobiernos “progresistas” que el país era soberano en sus medidas y que la naturaleza de la CIDH era “complementaria, sus decisiones son legítimas en caso que existan fallos en la jurisdicción interna de cada nación”. La ofensiva incluyó los retiros de su embajador Ruy Casaes y la candidatura de Paulo Vannuchi y la suspensión de sus contribuciones económicas a la OEA.
Dos meses después de esta reacción, y dado el peso geopolítico de Brasil, el Consejo Permanente de la OEA creó un Grupo de Trabajo que preparó 51 recomendaciones dirigidas a modificar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), del cual hace parte la CIDH. Algunos de estos consejos traían veneno: buscaban limitar la capacidad y debilitar los mecanismos de la CIDH. Según Cerqueira “dicho proceso consistió en una catarsis colectiva dirigida a criticar las decisiones de la CIDH, que se constituyó también un foro para criticar a la OEA y toda la institución regional”. La CIDH se convirtió en una piñata, y algunos de los palazos, aprovechando el momento, vinieron de países como Venezuela, Ecuador y Nicaragua.
El 23 de marzo de 2013 se cerró formalmente este proceso de cambios, quedando la CIDH maltrecha por la tempestad política. Sin embargo, lo peor estaba por llegar: La crisis económica.
Como la mitad del presupuesto de la CIDH proviene de la OEA, el retiro de Brasil tendría consecuencias. Históricamente el país carioca ha sido el tercer mayor contribuyente, aportando entre seis y ocho millones de dólares anuales. El mal ejemplo brasilero fue imitado por otros países, lo que motivó a que el pasado mes de mayo de 2016 la CIDH se declarara en crisis, suspendiendo sus próximos períodos de sesiones y anunciara la no renovación de los contratos del 40% de su personal, a menos que reciba donaciones urgentes de los países miembros de la OEA.
El siguiente capítulo de esta temporada muestra a Dilma con problemas de popularidad y sujeta a un proceso irregular de destitución conocido como “impeachment”. Sin la institucionalidad paralela que los “progresismos” estimularon en su mejor momento (ALBA, UNASUR), Dilma apela a las viejas estructuras, cuyas vitrinas lucían los escaparates rotos de piedras que ella misma lanzó. A contracorriente de sus antiguos socios que lo calificaban como el demonio mismo, Dilma se reunió con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien no dudó en darle su apoyo: “no hay ningún fundamento para avanzar en un proceso de destitución, definitivamente no». Luego, ya separada del cargo y tras la aprobación del informe que solicita su destitución definitiva, abogados del Partido de Trabajadores (PT) solicitaron a la Comisión medidas de protección a favor de Rouseff. María Isabel Rivero, vocera de la CIDH, declaró que el ente “ha recibido una petición y una solicitud de medida cautelar alegando violaciones al debido proceso en el proceso contra Dilma Rousseff. La CIDH dará trámite normal a la petición y a la solicitud de medida cautelar”. Lo tragicómico es que la suspensión de los dos próximos períodos de audiencias quita a los abogados del PT la posibilidad de ventilar el caso en la instancia. Y con 40% menos de capacidad operativa, la CIDH tardará más en dar respuesta en un caso que, en situaciones normales, por su propia complejidad demanda atención, esfuerzo y paciencia.
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Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
