ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado | El gobierno avanza hacia ese propósito: usar un sector de la población para que realice labores de represión política y de represión a las luchas sociales.
Imagine estimado lector este escenario. Usted tiene una semana sin que en su comunidad llegue el agua. Junto a los vecinos adelantó muchas gestiones sin obtener solución y agobiados deciden llamar la atención de las autoridades realizando una protesta pacífica. Se concentran en una esquina con pancartas y tobos vacíos. En el momento menos esperado aparece un grupo de motorizados y otras personas a pie, civiles, que se identifican como parte de las Fuerzas Especiales de Acción Rápida , gente como usted que trabaja, o estudia, o es su vecino, pero a quienes les han dado responsabilidades que corresponden a la policía. Ellos vienen no a escuchar la preocupación de la comunidad, mucho menos a reforzar el reclamo que efectuan, llegaron para reprimirte. En lugar de ser funcionarios de la policía, son civiles que se presentaron para obligarte a que cese la protesta. Y si te niegas, seguro usaran la violencia para dispersar la concentración. Si civiles, que tal vez como tú carecen también del servicio de agua y sufren, por ejemplo, la inseguridad, pero creen que hacen patria, que son revolucionarios acallando la protesta o denunciando en el Sebin u otro organismo policial a quien emita opiniones que cuestionen la gestión del gobierno.
Ese escenario puede ser muy real a corto plazo. El pasado 01 de febrero el presidente Nicolás Maduro indicó que desplegará esas fuerzas especiales en barrios, campos, universidades, fábricas. Los obreros que organicen huelgas para exigir derechos ya no solo deberán preocuparse por la posibilidad de ser reprimidos por la fuerza pública, sino por civiles integrantes de las milicias desplegados con esa misión.
En el decreto se faculta a las organizaciones de base del llamado Poder Popular para que realicen labores de vigilancia, dígase sapeo, y para mantener el orden público, es decir para reprimir
La base jurídica de esta arbitrariedad y medida inconstitucional la tenemos en el artículo 2.9 del Decreto de Estado de Excepción que nos rige. En el decreto se faculta a las organizaciones de base del llamado Poder Popular para que realicen labores de vigilancia, dígase sapeo, y para mantener el orden público, es decir para reprimir. Es la materialización de la Doctrina de Seguridad Nacional. Hay un enemigo interno y contra ese enemigo hay que incorporar a la población a colaborar con las fuerzas represivas.
El gobierno de manera inconstitucional viene creando un andamiaje jurídico para su ejercicio dictatorial. Para ello tiene a su favor la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia y el silencio y sumisión del Defensor del Pueblo.
Debo advertir el peligro que significa organizar, incitar y ordenar a un sector de la población para reprimir a otro que reclama derechos o se identifica opositor. Se puede incrementar la violencia y aumentan los riesgos a las violaciones de derechos humanos. Violaciones perpetradas por particulares cumpliendo órdenes de funcionarios o toleradas. Son mayores los riesgos de violaciones al derecho a la vida y a la integridad física. Recordemos que en varias protestas desde el 2014 hasta la fecha, se ha podido ver a grupos de civiles actuando conjuntamente con la policía y la Guardia Nacional Bolivariana para detener a quienes protestan. No olvidemos que varios manifestantes en el 2014 fueron asesinados y cuando se realizaron las investigaciones resultaron los responsables vinculados a entes u organizaciones pro gobierno.
Frente al avance del autoritarismo y aumento de riesgo a la violación de los derechos, se requiere de las fuerzas democráticas mayor organización y decisión. Es necesario afianzar en el marco de la Constitución y la Ley las acciones de resistencia para restablecer la democracia y construir un mejor país.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
