ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado | En el año 2002 cuando se produjo el Golpe de Estado contra el Ex presidente Chávez, la organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se aplicara la Carta Democrática.
El día 12 de abril de ese año expresó: Llamamos a la Comunidad Gubernamental Interamericana a tomar posición ante la crisis institucional que vive Venezuela, en aplicación del Artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana que plantea la condena de “la ruptura del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático” de los Estados Miembros, al tiempo que llamamos a los gobiernos democráticos del continente a solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en virtud de la aplicación del artículo 20 de la referida Carta, para que dicha instancia pueda “realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.
Esa posición coherente con la defensa de la democracia y con el respeto a la voluntad popular, mereció el reconocimiento de importantes líderes de quienes hoy están en el gobierno. Una respuesta rápida y sin titubeos frente a una situación que ameritaba firmeza pese a los riesgos que ello implicaba por la represión que los golpistas desataban en esos momentos. Esa posición fue ratificada el 13 de abril ante distintos medios de comunicación nacionales e internacionales.
Nadie de los líderes políticos que apoyaban al presidente Chávez se atrevió a decir que esa posición de Provea significaba traición a la patria o era unos vendidos al imperialismo o cómplices de una intervención extranjera.
Provea actuaba apegada a sus principios en defensa de los derechos humanos y la democracia. Solicitaba la aplicación de un instrumento internacional que el propio gobierno venezolano había ayudado a promover y que constituía un avance de las corrientes democráticas del Continente contra las prácticas autoritarias.
Siete años después, en 2009, cuando se produjo el Golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Provea, solidaria con el pueblo hondureño, indicó el 29 de junio de ese año lo siguiente:
“Urgimos a la OEA a aplicar sin vacilaciones los compromisos contraídos en la Carta Democrática Interamericana. Es impostergable que estos mecanismos institucionales de la comunidad internacional se pongan en marcha para que el pueblo y las instituciones hondureñas, con irrestricto apego al principio de no intervención, encuentren los cauces institucionales de los que la propia Honduras está dotada, para solventar la presente crisis política dentro del marco de las instituciones constitucionales.”
Tal como ocurrió en el 2002 y en 2009 están dadas las condiciones para que a través de los procedimientos establecidos por la comunidad internacional se apliquen los artículos 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana.
En 2017, quince años después de haber solicitado a la OEA por primera vez se activara la Carta Democrática, vuelve la organización de derechos humanos a solicitar su aplicación. Esta vez contra la ruptura del orden constitucional que lidera el presidente Nicolás Maduro. Tal como ocurrió en el 2002 y en 2009 están dadas las condiciones para que a través de los procedimientos establecidos por la comunidad internacional se apliquen los artículos 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana.
En los últimos días los mismos sectores que en pasado evaluaron como positiva la posición de Provea ante esos dos hechos históricos que atentaban contra la democracia, desatan una campaña para tratar de desprestigiar e intimidar. No es de extrañar que en el marco del autoritarismo con la que se sostiene la dictadura en Venezuela esa campaña se intensifique.
Como bien lo viene expresando Provea no es tiempo de vacilaciones. Tras casi 30 años de defensa ininterrumpida y coherente en defensa de los derechos humanos y la democracia, tiempo en el cual cada gobierno de turno ha pretendido intimidar a esta organización y otras destacadas organizaciones de derechos humanos de Venezuela, hoy más que nunca seguirá firme acompañando a las víctimas de violaciones a sus derechos y enfrentando los abusos del Poder.
El artículo 132 de la Constitución dice que es un deber de todas las personas defender los derechos humanos como parte de la convivencia democrática. Pero además indica el artículo 31 que para cumplir con ese deber todas las personas tienen el derecho de acudir a las instancias internacionales. ¿Quiénes son los que actúan al margen de la Constitución?
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
