ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
Carlos Patiño | En agosto del año 2009, Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco (SINTRAFERROMINERA), dirigió una huelga en la empresa estatal Ferrominera del Orinoco, exigiendo el cumplimiento de la convención colectiva de trabajo. Una vez levantada la huelga y resuelto el conflicto, fue encarcelado y juzgado, para finalmente declararlo inocente.
Transcurrida casi una década desde su primera privativa de libertad, Rubén González fue detenido arbitrariamente por segunda vez el día 29 de noviembre de 2018, imputándole los delitos de ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada. A la fecha, Rubén sigue encarcelado en una prisión militar por el simple hecho de ser consecuente en su lucha por los derechos humanos laborales.
Desde finales de 2018 y con especial encono luego del mega apagón rojo que cubrió de tinieblas a Venezuela por más de 100 horas desde el 07 de marzo de 2019, los trabajadores criminalizados y encarcelados como chivos expiatorios de la mala gestión de la revolución bolivariana. Sólo entre noviembre y diciembre de 2018, un total de 16 sindicalistas de las empresas básicas de Guayana fueron encarcelados y acusados de delitos como: agavillamiento, violación de zonas de seguridad, instigación a delinquir, impedimento y coacción al trabajo, ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada; entre otros.
El 09 de marzo de 2019, en el transcurso del apagón nacional, Ángel Sequea Romero, ingeniero de Corpoelec, fue asesinado en los calabozos del CICPC San Félix. Según declaraciones de Tarek William Saab, la autopsia reveló asfixia por estrangulamiento. Ángel fue detenido una semana antes de su muerte, acusado de supuesto robo de “material estratégico”. Coincidencialmente, dos semanas después, el secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores del Sector Eléctrico del estado Bolívar, (Suteeb) Francisco Alarcón Orozco, fue hallado muerto en su casa colgando de una sábana. El CICPC sospecha “motivos pasionales”.
Tal como hemos expresado antes, el falso gobierno obrero de Nicolás Maduro, no protege ni reivindica sus derechos, sino que persigue, encarcela y condena a los obreros
Otro trabajador de Corpoelec Guayana, Geovanny Zambrano, fue desaparecido forzosamente por uniformados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), entre el 11 y el 12 de marzo, recibiendo privativa de libertad el 18 de marzo de 2019, acusado de los presuntos delitos de asociación para delinquir, fuga de información y sospecha de sabotaje.
La persecución en contra de Zambrano comenzó en febrero de 2019, luego de acompañar unas declaraciones en torno a la crítica situación de la industria eléctrica por falta de mantenimiento y corrupción. Dos días después, los trabajadores que participaron de la rueda de prensa, Damarys Cervantes, Juan Ramón Barrios y el propio Zambrano, recibieron cartas de jubilación “especial”.
Apenas días después del encarcelamiento de Zambrano; Asención María Caraballo y Marlyn de González, trabajadoras de Telemática de Corpoelec, fueron detenidas arbitrariamente y liberadas posteriormente tras más de 10 horas de interrogatorios. En ambos casos, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) incautaron sus computadoras y teléfonos celulares.
Desde el año 1999, desde los tiempos de Hugo Chávez hasta el actual gobierno de facto de Nicolás Maduro; Provea ha registrado aproximadamente 150 sindicalistas sometidos a juicios penales. Casos emblemáticos como los 5 trabajadores de la empresa constructora Xacobeo que construía viviendas en el Fuerte Murachí, que en 2012 fueron sometidos a la justicia militar siendo civiles, dejaban registro de la arremetida que vendría.
Tanto en los gobiernos de Chávez como de Maduro se configuró un andamiaje jurídico para criminalizar el ejercicio de la libertad sindical, el derecho a la manifestación, a huelga y a la opinión. Reglamentos y leyes como el Código Penal, la Ley de Seguridad de la Nación, la Ley Especial contra el Acaparamiento y el Boicot, el Código de Justicia Militar e incluso sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, constituyen un cerco jurídico que obstaculiza y genera riesgos a la libertad de toda persona que se proponga exigir y defender derechos.
Tal como hemos expresado antes, el falso gobierno obrero de Nicolás Maduro, no protege ni reivindica sus derechos, sino que persigue, encarcela y condena a los obreros.
ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
