ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
Rafael Uzcátegui | Provea es una ONG que defiende los principios de derechos humanos, esos que los movimientos sociales han ido concretando a partir de sus demandas y luchas a través de la historia, en el mundo entero, que hoy componen los pactos y acuerdos suscritos por los Estados alrededor del planeta. A diferencias de otros sectores de la sociedad, esos son los valores que defendemos, independientemente de la autoridad o la institución que los incumpla.
Desde esta particular mirada, que es muy diferente a la de los miembros de los partidos políticos, Provea opinó sobre los primeros resultados de la mesa de diálogo, en un comunicado titulado “Ningún diálogo puede avalar violación y desconocimiento de derechos constitucionales”.
En este pronunciamiento se reconoció los aspectos positivos de los acuerdos: “Provea valora positivamente que la situación de escasez y desabastecimiento haya estado presente en dicha mesa de diálogo, acordando “priorizar en el corto plazo la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y alimentos sobre la base de contribuir a promover su producción e importación”. Asimismo, queremos reconocer el espíritu de tolerancia y respeto presente en la Declaración Conjunta “Convivir en Paz”, adoptada por la mesa de diálogo, que puede generar condiciones para disminuir el clima de conflictividad entre los venezolanos”.
No obstante, Provea llamó la atención sobre la ausencia de acuerdos sobre el derecho a la participación política de los venezolanos, mediante el voto, cuya suspensión indefinida ha llevado a la ONG a calificar al gobierno de Nicolás Maduro como “dictadura”: “Provea lamenta que la ausencia de otros temas tan importantes, como el acuerdo de un cronograma electoral que devuelva al país al terreno de la democracia, signifique que esta Mesa de Diálogo esté avalando la violación y desconocimiento de derechos presentes en la Constitución. Al no pronunciarse sobre la obligatoriedad de realizar las elecciones regionales en el plazo que lo estipula la Carta Magna, y el no permitir la evaluación de la gestión del presidente Nicolás Maduro a la mitad de su gestión, mediante la participación en un referendo revocatorio, constituyen una violación conjunta de la voluntad popular que sería expresada mediante el voto”.
Creemos que la omisión del tema electoral, especialmente en lo referente a la realización de las elecciones regionales, significa que estos primeros resultados están apoyando, por omisión, la violación de la Constitución
Provea considera que cualquier instancia de interlocución y diálogo es necesaria para la resolución de los conflictos, y que este esfuerzo debe continuar hasta mostrar todos los resultados posibles para allanar el camino a las soluciones de los graves problemas de los venezolanos. Sin embargo, creemos que la omisión del tema electoral, especialmente en lo referente a la realización de las elecciones regionales, significa que estos primeros resultados están apoyando, por omisión, la violación de la Constitución.
No existe ninguna normativa legal en el país que permita la extensión del período de gestión de los mandatarios regionales. Las elecciones a las diferentes gobernaciones del país tienen que realizarse, según lo establecido en la Carta Magna, en diciembre de 2016. Y si no se pueden posponer las elecciones según los plazos legalmente establecidos, tampoco se pueden adelantar, a menos que primero se realice una enmienda constitucional que posteriormente sea aprobada por referendo popular. El Consejo Nacional Electoral es el principal responsable de esta irregularidad, siguiendo órdenes emanadas del poder ejecutivo. Pero que los actores políticos de los partidos opositores no introduzcan en el tema en los espacios de concertación creados para ello, los convierte en cómplices de la violación a la Constitución.
En el comunicado se aludía a la ausencia de independencia de las instituciones: “Si bien la Constitución establece los períodos en los cuales deben renovarse los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), esta mesa de diálogo ha expresado su voluntad de acatar la Carta Magna y realizar la sustitución de los dos rectores cuyo plazo vence en diciembre de 2016. No obstante el camino hacia el equilibrio e independencia de los poderes públicos necesita de otras acciones, como por ejemplo la transformación del sistema de administración de justicia, el cual el pasado 20 de octubre decidió suspender, sin atribuciones para ello, el proceso de recolección de firmas del 20% para la activación del RR”.
En estos momentos de incertidumbre y autoritarismo, Provea indicaba con claridad el camino que seguiría como institución de derechos humanos: “Seguirá promoviendo los diálogos a todos los niveles de la sociedad y la necesidad que las organizaciones sociales y populares tengan su propia voz en el actual conflicto venezolano. Asimismo, continuaremos difundiendo a nivel nacional e internacional la ausencia de un modo de gobernabilidad en nuestro país que pueda calificarse como “democrático”, y la confiscación del derecho a la participación electoral de los venezolanos y venezolanas. En este sentido las exigencias del movimiento social venezolano son la realización de las elecciones regionales en el plazo establecido en la Constitución y la realización del referendo revocatorio en el plazo más breve posible”.
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Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
