ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado Betancourt | El denominado Plan de la Patria de la dictadura derivó en un plan para aumentar el sufrimiento y la miseria de las familias pobres en Venezuela. Un gobierno indolente y cruel lo que ha producido es muerte de las más variadas maneras. El objetivo que establece el Plan de lograr una sociedad igualitaria y justa, arrojó como resultado una mayor desigualdad e injusticias.
Un gobierno que produce muertes por hambre y escasez de medicinas. Semanalmente se reportan niños muertos por desnutrición. En un país con una inflación en 2018 superior a 1.600% según los datos de la Asamblea Nacional, el ingreso de las familias pobres no alcanzó ni para cubrir el 10% de las necesidades alimentarias básicas. El salario mínimo que con frecuencia impone el gobierno es devorado en menos de un mes por el costo de la vida. Un dato es suficiente. En un mercado popular en Caracas un kilo de queso duro que es el de más bajo costo, tenía un precio para la segunda semana de febrero de 15.000 Bs.S es decir, el 83% del salario mínimo establecido el pasado 15 de enero. Esta situación es la que ha llevado a que se multipliquen en los basureros de Venezuela personas buscando alimentos. Los basureros se han convertido incluso para familias enteras en comedores. Esa es una obra de la dictadura.
Como consecuencia de la escasez de medicinas y además del alto costo de las que existen, semanalmente fallecen igualmente personas o se deteriora de manera acelerada las patologías que padecen. A diciembre de 2018 la organización Amigos Trasplantados de Venezuela calculaba que habían fallecido más de 90 pacientes con problemas renales por la falta medicamentos inmunosupresores y dificultades para realizar las diálisis. Situación más grave y resultados también lamentables se presentan con las personas afectadas por el VIH.
Pero además de matar de hambre y por falta de medicamentos, el gobierno asesina con balas. Con la excusa de enfrentar a grupos delictivos, sus órganos armados realizan con frecuencia masacres. La Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana la transformaron en un escuadrón de la muerte que siembra dolor en los barrios. No solo cientos de familias la acusan de realizar ejecuciones, sino allanamientos sin orden judicial y apropiarse de objetos incluyendo alimentos cada vez que ingresan a una vivienda. Una actuación muy parecida realiza el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.
La violencia institucional acaba con la vida de cientos de personas cada año, en su casi totalidad de muy bajos recursos. Una guerra no declarada contra los más pobres, que con frecuencia no tienen los recursos para enterrar a sus seres queridos.
En eso ha derivado el Plan de la Patria. Un plan que incrementa el sufrimiento de las familias de muy bajos recursos, que las distancia cada vez más de las posibilidades de disfrutar de un buen vivir y más aún, de vivir.
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Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
