ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado | La lucha por la defensa de los derechos humanos siempre es difícil y de riesgo. Es una lucha contra el poder y sus abusos. Es un esfuerzo permanente por reivindicar la dignidad del ser humano. Es también el anhelo de justicia contra el empeño frecuente de las autoridades de proteger a quienes violan los derechos humanos.
En el derecho internacional de los derechos humanos, las personas afectadas por dichas violaciones se denominan víctimas
Por acción u omisión del Estado se producen las violaciones. Quien tiene el deber de garantizar y realizar el disfrute de los derechos, es a su vez quien por actuación de sus funcionarios o por no actuar de manera oportuna y adecuada, produce violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la vivienda entre otros.
En el derecho internacional de los derechos humanos, las personas afectadas por dichas violaciones se denominan víctimas. Ellas, acompañadas de organizaciones que apoyan la lucha contra la impunidad, afrontan enormes dificultades para garantizar que los responsables sean sancionados. La no sanción a quienes cometen violaciones a los derechos humanos alienta la arbitrariedad y los abusos. Por eso la lucha contra la impunidad no solo persigue justicia, sino también prevenir que se repitan las acciones u omisiones que afecten a las personas.
Las acciones para el logro de la justicia son muchas y es un recorrido cuesta arriba y con obstáculos. Es muy común que el sistema de administración de justicia opere con lentitud o con claros fines de no sancionar. Al no funcionar bien el sistema normal de justicia las víctimas y organizaciones de derechos humanos desarrollan estrategias integrales entre ellas denunciar de manera pública a los presuntos responsables o promotores de una determinada política pública contraria a los derechos de las personas.
Los informes públicos que hacen las organizaciones de derechos humanos y organizaciones de víctimas indicando con nombre y apellido a los responsables o presuntos responsables es una manera de “nombrar y avergonzar” como forma de presionar que se investigue y sancione.
El libro “Las estrategias de la impunidad” referido a la masacre de El Amparo publicado por la organización Provea en 1997 es un típico ejemplo de la denuncia pública ante en no funcionamiento de los órganos de justicia o sus informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela
El nombrar y avergonzar es una forma de ejercer la libertad de expresión al servicio de la justicia. En algunos países, no solo se nombra sino que las víctimas en ejercicio del derecho a la manifestación pacífica realizan concentraciones frente a las residencias o instituciones donde trabajan los responsables. En Argentina y otros países se popularizó la palabra Escrache para identificar esas protestas. Ejemplos recientes lo tenemos en España en la lucha contra los desalojos forzosos en 2013 y 2014 donde quienes amenazados por desalojos protestaban ante jueces y políticos que promovían los desalojos. En Argentina la organización de derechos humanos hijos organizó cientos de protestas contra los militares represores de las dictaduras principalmente la de Videla. Bajo el lema “Si no hay justicia hay escrache” realizó movilizaciones recorriendo las calles con las fotos de presuntos autores materiales e intelectuales exigiendo se juzgara a los responsables de los crímenes de la dictadura.
Las acciones de nombrar y avergonzar se han usado en Europa y América Latina en la lucha por los derechos sociales y en los reclamos de justicia contra los represores. Mientras las acciones se desarrollan de manera pacífica y no afecten la vida privada de las personas señaladas, organismos de derechos humanos y jueces en distintos países han indicado que es una acción plenamente válida y justa. Es una forma de protesta pacífica, en la vía pública y dirigida frente a quien tiene una responsabilidad pública, con la finalidad de defender los Derechos Humanos o cualquier otra reivindicación legítima. Jueces en España y Argentina, por ejemplo han sentenciado que no constituye delito tales actividades y que lo fundamental es que se mantengan con carácter pacífico.
Las acciones por el derecho a la justicia tienen amplias dimensiones y se desarrollan de manera integral para presionar a quienes deben investigar y sancionar que las violaciones a los derechos humanos no culminen en impunidad. Nombrar y avergonzar es solo una de ellas.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
