ACERCA DEL AUTOR:
Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
Es un hecho notorio que las instituciones del Estado venezolano no son transparentes con la información oficial que debería ser sistemáticamente publicada y puesta a disposición de los ciudadanos en memorias y cuentas, sitios web y gacetas oficiales.
Esta política de opacidad no solo busca neutralizar la contraloría ciudadana de la gestión pública, sino que está también dirigida a obstaculizar las instancias internacionales como las Naciones Unidas.
Esa opacidad intencional busca privar de fuentes públicas y oficiales a los mecanismos internacionales que vigilan el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, como ocurre con los mecanismos dependientes del Consejo de Derechos Humanos.
Desde hace años, los representantes de Maduro ante el Consejo hacen propaganda durante los llamados diálogos interactivos en donde se debaten los diferentes informes en temas de derechos humanos ordenados por el Consejo.
Usan el derecho de palabra, que tienen todos los miembros de la ONU, para hablar de planes, programas y normas nacionales sin mostrar data fidedigna que apoye sus afirmaciones o lanzando cifras inverosímiles como la recurrente afirmación de que hasta finales de 2024 habían construido 5.100,000 viviendas sociales.
En cada periodo de sesiones del Consejo, intervienen en casi un 90% de los diálogos interactivos sobre temas globales de derechos humanos, que no están diseñados para que otros Estados controviertan esas cifras, lo cual es aprovechado por los funcionarios del gobierno en Ginebra para decir lo que les plazca.
Pero cuando se trata de informes sobre Venezuela ante el Consejo, como los de la Misión de Determinación de Hechos, del Alto Comisionado o, más recientemente, del Relator sobre el derecho a la alimentación, el gobierno no responde a las solicitudes de información enviadas con anticipación o descalifican los informes porque toman informaciones suministradas por la sociedad civil.
En el caso de la Misión, además de no permitir su ingreso al país, el gobierno no responde a las solicitudes de información enviadas desde 2020 por ese mecanismo. Además, durante la presentación de los informes el embajador de Maduro abandona la sala tras vociferar agresivos y estériles discursos contra la Misión.
En cuanto a los informes del Alto Comisionado, para los primeros informes de 2017 y 2018 no se le permitió el acceso al país por lo que la información fue recopilada mediante observaciones desde fuera del país. Bajo la administración de Bachelet y bajo el mandato dado por resolución del Consejo, el gobierno de Maduro permitió el ingreso de la Oficina de la Alta Comisionada, más con el ánimo de aparentar cooperación con la ONU para quitarle el piso a la Misión.
A medida que los informes de la OACNUDH mostraron algún nivel de crítica e independencia, el gobierno fue subiendo el tono, descalificando los informes cuando no tomaban las inconsistentes e infundadas cifras oficiales, hasta llegar a expulsar a la Oficina para llevarla a la actual irrisoria presencia de un funcionario de la OACNUDH en el país.
Finalmente, en las sesiones de marzo pasado, durante la presentación del informe del Relator especial sobre el derecho a la alimentación, tras su visita al país en febrero de 2024, el embajador de Maduro descalificó el informe por retomar informaciones de la sociedad civil y llegó a afirmar, sin sustento alguno, que Venezuela “hoy produce el 90% de los alimentos que consume su población”.
Otra forma de obstaculizar el monitoreo de los mecanismos del Consejo ha sido “informar sin informar”.
Así lo hizo la cancillería ante los mecanismos temáticos, compuestos por relatores y grupos de trabajo creados por el Consejo de Derechos Humanos. Varios de los 46 mecanismos temáticos enviaron y siguen enviando comunicaciones al Estado con preguntas sobre casos de violaciones a derechos humanos o sobre normas contrarias a los estándares internacionales, dando un plazo de 60 días para responder.
Entre 2011 y 2020 el Estado solamente había respondido a 39 de las 88 comunicaciones enviadas por los mandatos temáticos. Para aparentar que cooperaba con la ONU y para quitarle piso a la recién instalada Misión de la ONU, entre febrero y agosto de 2021, la cancillería respondió tardíamente a 19 de esas comunicaciones.
Las 19 respuestas fueron enviadas como una operación de maquillaje: tenían contenidos vagos, no respondían a las preguntas y pedían que se dieran como “asunto concluido”. Desde julio de 2021 los mandatos temáticos han enviado otras 21 comunicaciones y el gobierno solamente ha respondido a una, negándose así a dar informaciones sobre las otras 20 comunicaciones. La operación de maquillaje ya no le resulta de interés.
La falta de transparencia como política de Estado tiene también un impacto ante las instancias internacionales que vigilan el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Venezuela.
Al no publicar informaciones oficiales según lo manda la Constitución, al no responder a las solicitudes de información de las instancias internacionales y al impedir su acceso al territorio nacional, el gobierno obstaculiza también el derecho a un recurso internacional previsto en el Artículo 31 de la Constitución.
Sin embargo, ello no ha impedido que esas instancias emitan informes oficiales en la ONU, engrosando el dossier internacional de incumplimiento del Estado.
La falta de transparencia, lejos de exonerar al Estado de sus responsabilidades internacionales, lo ha convertido en una fuente no creíble de información, al tiempo que alimenta la imagen de un Estado que no cumple de buena fe con sus compromisos internacionales.
ACERCA DEL AUTOR:
Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
