Héctor Escandell | Como recurso primario, la muerte se convirtió en el mensaje, el portador tiene una tarea y la cumple: paralizar al resto. ¿Desde hace cuánto tiempo estamos en guerra? Creo que nadie lo recuerda. Pero los saldos no mienten. Los muertos se cuentan, tienen familia, dejan historia.
El lamento se convirtió en hábito. Los llantos y la rabia brotan en la morgue, en la calle, en los puestos de trabajo y hasta en las redes sociales. Comentar los muertos se transformó en rutina periodística, algunos medios hasta diseñaron contadores digitales para sumar –ordenadamente- cada baja en esta guerra del poder contra la ciudadanía.
Los poderosos intentan matizar la muerte. Los adjetivos no se hacen escasos a la hora de inyectar incertidumbre en cada caso. Se suicidó, fue abatido, lo mataron, se envenenó, se enfrentó y cayó, fue ajuste de cuentas. Nunca se investiga objetiva e independientemente, simplemente se pone un adjetivo y se sentencia firmemente, para que así pase a los registros administrativos.
– ¡Qué pena!, la cámara de seguridad no estaba enfocando en ese ángulo. Esto es lo que van a decir un día de estos cuando alguien pida más explicaciones.
¿Cuántos venezolanos han fallecido por causas “extrañas” este año?, ¿cuántos el año pasado?, ¿cuántos desde que comenzó este siglo? ¿Alguien tendrá la respuesta?
Morirse violentamente en Venezuela dejó de ser un hecho extraordinario. La efectividad de los planes de seguridad se cuantifica en urnas que van al cementerio del olvido. Algunas más emblemáticas que otras, pero venezolanos todos al fin.
Lo más triste de todo es que este contexto ya es una barajita repetida en América Latina. Ya hemos vivo procesos de exterminación social y política en el que los resultados son desastrosos. Chile, Argentina, El Salvador, Nicaragua, México, Honduras, Colombia, Brasil… todos estos países resuenan en la memoria de los Estados y en la de los defensores de Derechos humanos.
Lo de nosotros es una matanza continuada. Las OLP, la escasez de medicinas, las zonas de paz, las protestas, las riñas, los motines, los suicidios en presidio. ¿Quién garantiza la vida? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela –aún vigente- reza en su artículo 2:
“Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.”
¿Qué pasó con la constitución?, alguien olvidó la aspiración suprema de garantizar la mayor suma felicidad posible.
En cuanto al último caso del concejal Fernando Albán, el problema no es si se suicidó o no, el hecho es que está muerto, que estaba en custodia del Estado y no se garantizó su vida. Lo mínimo que debería pasar es que se permita una investigación independiente, que especialistas de organizaciones internacionales, con experiencia probada y de alta credibilidad, accedan a las pruebas y se haga justicia, según nuestras leyes.
Definitivamente, la muerte no puede ser un mecanismo de castigo en ningún caso. Ni a culpables, ni a inocentes. Ojalá podamos cumplir con la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Que nadie tenga licencia para matar. Ni uniformado, ni civil. Nadie.
