ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado│ Tres palabras “Mérida se apaga” resumen una gran tragedia. Los reiterados y prolongados cortes de luz que padece la población merideña. Un infortunio que día tras día desmorona condiciones de vida de las familias. La cotidianidad se va trasformando para mal, esparciendo de manera silenciosa angustias, carencias y padecimientos.
En medio de ese contexto hay una luz encendida. La organización de derechos humanos Promedheum motoriza una importante iniciativa. Realiza junto a la comunidad un proceso de contraloría social sobre esos apagones y los efectos para las familias.
El 8 de julio presentó su informe semestral. Los resultados son consecuencia de un proceso participativo de los propios habitantes que se ven afectados. El monitoreo se realiza mediante un registro diario hecho por monitores comunitarios quienes, desde su lugar de residencia, son testigos directos de la situación que no sólo afecta el desenvolvimiento de las actividades diarias, laborales, de estudio y esparcimiento, sino que también está dejando una importante afectación psicológica en la población.
Resulta interesante esta experiencia donde ciudadanos perjudicados por el mal funcionamiento de un servicio público toman la iniciativa de organizarse, conocer mejor la dimensión del problema, darle visibilidad y realizar exigencias para que la situación sea atendida por las autoridades.
Se desprende del informe presentado que, desde el inicio del año 2020, se evidencia un incremento exponencial de los cortes eléctricos en Mérida. En enero y febrero, en promedio las personas padecieron cortes que en algunos sectores se prolongaban hasta por 12 horas, pero que no eran tan continuos como en meses posteriores. Poco menos de la mitad de las horas sin electricidad eran horas laborales. Durante todo el semestre la falta de suministro eléctrico mantuvo a las personas, en promedio, más de cuarenta días a oscuras, limitando aún más la producción, la productividad, la escolaridad y las horas de esparcimiento.
La perturbación de la vida familiar por los apagones y el caos generalizado de los servicios públicos viene deteriorando de manera considerable la calidad de vida de la población venezolana.
En Mérida, Táchira, Zulia y Lara para nombrar solo algunos estados, sus habitantes sufren un trato indigno por parte de quienes tienen la responsabilidad de proveer servicios de luz, agua, gas doméstico y transporte.
El impacto negativo en las condiciones de vida genera un constante sufrimiento principalmente en los sectores de menores recursos económicos. Quizá el ejemplo más demostrativo es que muchas familias se hayan visto obligadas a cocinar con leña, a pesar de tener cocinas en sus casas. Al no poder acceder a las bombonas de gas y sufrir largas horas sin luz, la única alternativa que les han dejado es cocinar usando fogones de leña.
Tal situación no es normal, ni puede asumirse como normal. Es consecuencia de ineficiencia e inadecuadas políticas. Pueden y deben revertirse.
Iniciativas como la de los merideños de ejercer contraloría social ante los apagones son muy valiosas y ojalá progresivamente se vaya realizando en otros estados del país. La creatividad y constancia de las comunidades organizadas puede ir logrado pequeñas victorias para revertir situaciones que hoy les afectan de manera considerable y avanzar hacia transformaciones integrales.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
