ACERCA DEL AUTOR:
Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
La desaparición forzada, criminalización y excarcelación de la defensora de derechos humanos Martha Lía Grajales, forma parte de un patrón represivo aplicado desde el Estado contra personas opositoras o percibidas como tales.
Al momento de ser desaparecida, ella fue sumada a 807 presos políticos y al momento de ser excarcelada se hizo parte de más de 10.000 personas sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad.
Este nuevo caso pone en evidencia que los informes de la Misión para la Determinación de los Hechos han creado una cuadrícula para interpretar casos como este, no como un caso aislado sino como parte las políticas represivas de quienes ejercen el poder en el país.
En su informe 2023, sobre “el aparato estatal y sus mecanismos de represión y las restricciones del espacio cívico y democrático”, la Misión identificó varios de los métodos represivos aplicados en el caso de Marta Lía Grajales.
Ella fue sometida a una desaparición forzada de corta duración; previamente, fue víctima de ataques, vigilancia y acoso mientras participaba en manifestaciones pacíficas con los familiares de los presos políticos y su vivienda fue vigilada por una mujer sin identificar; fue sometida a difamación y declaraciones de descrédito, desde las más altas esferas del poder pasando por medios de comunicación oficiales o a favor del gobierno: y finalmente fue criminalizada con delitos de instigación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir, que son parte del “paquete” de delitos aplicados sistemáticamente a opositores, para ser luego excarcelada manteniendo las investigaciones penales en su contra, sin acceso al expediente, con restricciones a su libertad y sin poder nombrar un abogado de confianza para su defensa.
Para la Misión, esos mecanismos de represión están dirigidos en particular a “restringir el espacio cívico y democrático” al tiempo que “contribuyen a la política de Estado de silenciar, desalentar y sofocar la oposición real o percibida al Gobierno” (párrafo 106).
El caso de Martha Lía Grajales consolida el patrón de persecución contra personas y organizaciones percibidas como opositoras, incluidas aquellas que se identifican con la izquierda.
En efecto, a la campaña nacional e internacional de solidaridad con su caso, se sumaron autoridades, organizaciones e individualidades latinoamericanas y nacionales de izquierda, dadas sus afinidades ideológicas y las de su organización Surgentes. Esto pone en evidencia la inmensa intolerancia del gobierno que no ha dudado en extender la represión a todas las voces críticas, más allá de sus posturas ideológicas.
Por otro lado, este caso ilustra que las iniciativas y organizaciones de víctimas y sus familiares, son desde hace rato percibidas como opositoras por el gobierno, y por tanto perseguidas.
Ya venía ocurriendo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y sus voceras como las defensoras de derechos humanos Andreina Baduel y Sairam Rivas, víctimas de constantes actos de amenazas y hostigamiento.
Como miembro de Surgentes, la señora Grajales venía acompañando a la organización Comité de Madres en Defensa de la Verdad, en defensa de los presos políticos encarcelados en el contexto del 28 de julio de 2024.
Para la Misión de la ONU, los métodos represivos utilizados en este caso, salvo la desaparición forzada, forman parte de los métodos “blandos” desplegados contra opositores reales o percibidos como tales: “Se trata de dos componentes de un aparato opresivo del Estado que se ha utilizado en diversos grados, dependiendo de la naturaleza de la disidencia social y de la percepción de su influencia. Por un lado, … las tácticas de “mano dura” más violentas se utilizaron activamente para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos. Por otro lado, el uso por parte del Estado de tácticas coercitivas más “suaves”, aunque presente anteriormente, se ha vuelto más destacado en los últimos años” (párrafo 107).
El caso también ilustra cómo el aparato opresor se ha vuelto más selectivo, debido – según la Misión- “en parte al “efecto inhibitorio” de sus anteriores esfuerzos por anular la disidencia, al escrutinio internacional de las violaciones cometidas en el pasado, así como al hecho de que muchas personas huyeron del país por temor fundado a ser perseguidas por motivos políticos” (párrafo 108).
En particular, la persecución contra familiares de víctimas y sus organizaciones, y contra quienes los apoyen, como Martha Lía Grajales, buscaría justamente consolidar el efecto inhibitorio en la sociedad.
El gobierno busca consolidar ese efecto inhibitorio atacando toda voz crítica o disidente, incluidos quienes reclaman los derechos humanos de las víctimas. Por allí pasa su interpretación del “derecho a la paz” y su ilusión de vender la imagen de “el país de América Latina con mayor estabilidad política”.
Pretende normalizar las violaciones a los derechos humanos y su impunidad para consolidar su modelo autoritario.
Sin embargo, una vez más, la capacidad de resistencia de la sociedad se ha puesto en evidencia con la excarcelación de Marta Grajales producida gracias a la solidaridad nacional e internacional y a las insistentes denuncias de sus familiares, activistas y ONG, quienes juntos lograron atenuar la represión estatal.
ACERCA DEL AUTOR:
Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
