ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado | Los 193 países que integran la Organización de las Naciones Unidas se han propuesto cumplir una serie de metas con el propósito de lograr un impacto favorable en la calidad de vida de los pueblos y evitar una mayor destrucción del medio ambiente.
Así, en el año 2000, establecieron los llamados objetivos de desarrollo del milenio los cuales deberían alcanzarse a más tardar para el 2015. Ocho objetivos se definieron, entre ellos: reducir la pobreza, aumentar la inclusión en el sistema educativo, disminuir la mortalidad materna y reducir las infecciones por VIH. Al evaluar los resultados las Naciones Unidas consideraron que se habían cumplido parcialmente y que el esfuerzo colectivo mediante el cual se definieron e implementaron políticas acertadas y se destinaron recursos, dio frutos positivos.
Concluyó, por ejemplo, que a nivel mundial la cantidad de personas que viven en pobreza extrema se redujo en más de la mitad, cayendo de 1900 millones en 1990 a 836 millones en 2015. Indicó igualmente que la cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistió a la escuela cayó a casi la mitad a nivel mundial: pasando de 100 millones en el año 2000 a aproximadamente 57 millones en 2015 y en materia de salud concluyó, entre otros aspectos, haberse logrado una reducción de nuevas infecciones del VIH en aproximadamente 40% entre 2000 y 2013.
Lograr avances fue motivo de celebración y alentó a definir nuevas metas las cuales fueron orientadas hacia el desarrollo sostenible.
En tal sentido durante el mes de septiembre de 2015 los Estados miembros de la ONU establecieron la “Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible” definiendo 17 objetivos orientados a seguir logrando reducción de la pobreza, alcanzar mayor igualdad y justicia, así como atender los graves problemas del cambio climático.
Algunos de dichos objetivos son: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica
Al acercarnos a los seis años de haberse definido esas metas de desarrollo sostenible y analizar cuánto se ha logrado en Venezuela nos conseguimos con el lamentable resultado que en lugar de avanzar hemos retrocedido. Se adoptan políticas y medidas las cuales alejan la posibilidad de progreso y aumentan el sufrimiento de las familias principalmente aquellas de menos recursos.
Del 2015 hasta el 2021 la pobreza se ha incrementado al punto que millones han salido de manera forzosa a otros países huyendo del hambre y la miseria. Algunos logros que se produjeron en materia de inclusión en el área educativa se revierten progresivamente y cada año más niños, niñas y adolescentes desertan de las aulas, así como también jóvenes universitarios. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia calculó que para 2019 había más de un millón de niños y niñas fuera de las aulas. Los gremios de la educación por su parte desde hace tres años vienen alertando como cada vez hay menos estudiantes en las instituciones educativas.
Según un estudio realizado por el Programa Mundial de Alimentos una de cada tres personas en Venezuela se encuentra en condiciones de inseguridad alimentaria y necesita asistencia. 7.9% de la población, es decir, aproximadamente 2.3 millones de venezolanos, viven en situación de inseguridad alimentaria severa y 24.4% aproximadamente 7 millones bajo inseguridad alimentaria moderada. Según la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura en el trienio 2015- 2017 nuestro país era el 5to con mayor número de personas padeciendo hambre en América del Sur.
La población ha podido sufrir día a día el deterioro generalizado de los servicios públicos traducido en mayor escasez de agua, dificultades en el transporte público, reiterados apagones, obstáculos para acceder al servicio de gas doméstico bajo la modalidad de bombonas sometiendo a miles de familias a cocinar con leña.
Cómo se puede avanzar en la lucha contra la pobreza con un gobierno que impone un salario mínimo mensual de menos de dos dólares, pensiones de menos de un dólar y mantiene durante varios años la economía en situación de hiperinflación y con saldos negativos en materia de productividad.
Si en algún aspecto se pudiesen lograr acuerdos mínimos entre los distintos actores políticos, económicos y sociales en el país, es en la agenda de desarrollo sostenible. Una guía para acordar políticas, medidas y metas concretas para avanzar en revertir el acelerado deterioro de las condiciones de vida de la población. Ello requiere de compromisos responsables, instituciones que actúen con trasparencia, un ambiente favorable para el diálogo libre de persecución, discriminación y ventajismo acompañado de una voluntad seria de dialogar y cumplir acuerdos.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
