ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
Carlos Patiño | No fue el capitalismo salvaje ni el comunismo primitivo. Tampoco la tercera guerra mundial ni el auge del terrorismo. Ha sido el coronavirus, la pandemia que detuvo al planeta, la que ha dinamitado el mundo laboral ocasionando una pérdida equivalente a 305 millones de puestos de trabajo, tan sólo en el primer semestre de 2020.
Aunque existe el consenso de priorizar la gestión sanitaria ante la expansión del virus, las consecuencias sociales y económicas han sido dramáticas, en especial para los más pobres y desasistidos. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la propagación del Covid-19 en Estados frágiles, divididos por los conflictos y la inseguridad política, está convirtiendo a sus habitantes en víctimas por partida doble.
La propagación del coronavirus en los países menos adelantados (PMA), con situaciones humanitarias que ya eran precarias, podría constituir el factor desencadenante para esta re-victimización. En el caso concreto de Venezuela, previamente afectada por una recesión económica y una emergencia humanitaria compleja reflejada en un sistema de salud precario y de protección social deficiente; se proyecta un escenario alarmante sobre su futuro post pandemia.
A corto plazo, las personas necesitan garantías de empleo y apoyo para que no pierdan sus ingresos. El llamado de la OIT ha sido el de promover una visión estratégica a largo plazo que permita fortalecer la resiliencia y la capacidad de reconstrucción de cada país. Una propuesta a la acción enfocada en las personas, para que puedan recuperar sus medios de subsistencia lo antes posible.
El contagio o el hambre: El dilema de los trabajadores informales
Las inevitables medidas de confinamiento agravarán la pobreza y la vulnerabilidad de los 2.000 millones de trabajadores de la economía informal en el mundo, según la OIT. Entre sus recomendaciones, destaca la necesidad de adoptar políticas que reduzcan la exposición de los trabajadores informales al virus; garanticen que las personas contagiadas tengan acceso a la atención médica; proporcionen un ingreso y una ayuda alimentaria a los trabajadores y sus familias, y prevengan los daños causados en el tejido económico de los países.
La masiva pérdida de ingresos impacta a 90% de los trabajadores informales en América Latina y el Caribe. El contagio por coronavirus en mercados laborales arroja un panorama desalentador para la mayoría de los 158 millones de personas que trabajan en condiciones de informalidad en esta región, asediadas por mayor pobreza y desigualdad.
Se estima que la crisis dio lugar a una pérdida del 60% de los ingresos de los trabajadores informales a nivel mundial. En América Latina y el Caribe esta pérdida de ingresos fue mayor, y llega al 80%. Eso traerá como consecuencia un aumento de la tasa de pobreza en el continente.
Una de las aristas más funestas del Covid-19 es la desigualdad. El impacto de la pandemia afecta desproporcionalmente a los más pobres, a los que no pueden hacer teletrabajo, a quienes dependen de empleos precarios y que con frecuencia tienen más limitaciones para cumplir con las medidas de confinamiento. En muchos casos, se pide a trabajadores informales confinarse en condiciones de hacinamiento sin garantías sanitarias adecuadas. Esto incluye el acceso al agua, por ejemplo, esencial para el lavado de manos.
Es por ello que en Venezuela es imperativo, atendiendo al cumplimiento de los Convenios de la OIT, la reactivación del diálogo social tripartito sin dilaciones, que permita a empleadores, Estado y trabajadores llegar a acuerdos urgentes para evitar males mayores. Ya los empleadores representados en Fedecámaras y los gremios y sindicatos de trabajadores han iniciado acercamientos bipartitos. El único de los tres bloques que obstaculiza el diálogo social es el representado por el Estado.
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Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
