ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
Carlos Patiño | El anuncio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la aprobación de una “Comisión de Encuesta” para Venezuela, no es asunto de tomar a la ligera. Se trata de una investigación internacional de alto nivel por existir serios indicios de que el gobierno viola de forma grave y persistente convenios laborales; algo que los sindicatos y empresarios del país conocen de sobra pero que ahora se evidencia en la máxima instancia de Naciones Unidas sobre la materia.
Es la decisión más grave y severa que el Consejo de Administración de la OIT puede adoptar en estos casos; en concreto, por las presuntas violaciones de los convenios internacionales relativos a la fijación de salarios mínimos, libertad sindical, protección del derecho de sindicación y consulta tripartita; además de la denuncia específica alegada por la patronal FEDECAMARAS de ataques, acoso y agresiones; respaldada, a su vez, por la Unidad de Acción Sindical y Gremial (UASG), en una alianza inédita entre empleadores y empleados.
Para tener una idea de la envergadura de esta decisión, en 99 años que tiene la OIT de fundada, el organismo únicamente ha aprobado 12 Comisiones de Encuesta, siendo la más reciente la aplicada a Zimbabue en 2008. Además, la comisión no necesita la aprobación del gobierno, y lo más importante es que se puede instalar tanto dentro como fuera de Venezuela. En ella se hará una revisión de los incumplimientos del Estado y se ratificarán o añadirán nuevas denuncias.
Para enero de este año estaba prevista la visita de una Misión de Alto Nivel de la OIT, tal como sucedió en 2014, donde tuve la oportunidad de participar, en aquél entonces, como presidente de Sintrainces y director de derechos humanos de la Alianza Sindical Independiente. Sin embargo, la visita de esta nueva misión fue cancelada por el gobierno, lo que aceleró la aprobación de la Comisión de Encuesta.
Las comisiones de encuesta rinden un informe que se publica en un número especial del boletín oficial de la OIT, con difusión mundial, y suele tener una gran repercusión. El gobierno deberá comunicar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, dentro de un plazo de tres meses, si acepta o no las recomendaciones contenidas en el informe de la comisión y, en caso de que no las acepte, la queja pudiera ser dirimida en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Otra espada de Damocles que pende sobre una dictadura que cínicamente se autodenomina obrerista.
ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
