ACERCA DEL AUTOR:
Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
Al cumplir 80 años, la Organización de las Naciones Unidas enfrenta un periodo de gran debilidad inducida por gobiernos autoritarios que ven en ella un obstáculo para imponer agendas de dominación contra sus propios pueblos o contra otras naciones. El gobierno de Nicolás Maduro invoca ahora el apoyo de la ONU, pero junto a sus aliados han desplegado importantes esfuerzos para contribuir a su debilitamiento.
Hace 80 años, cuando Venezuela suscribió la Carta de las Naciones Unidas se unió a otros 49 Estados resueltos a “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”, según su preámbulo. Hoy la crisis financiera de las Naciones Unidas y los ataques contra ella por parte de poderosos gobiernos autoritarios abren un escenario favorable para regímenes violadores de derechos humanos y perpetradores de crímenes internacionales. Así lo ha entendido desde tiempo atrás el gobierno de Maduro y sus aliados, quienes también han invertido grandes esfuerzos para debilitar a la ONU, especialmente a su Sistema Universal de derechos humanos.
Esos esfuerzos se han hecho evidentes a lo largo de los últimos años durante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, buscando que esta instancia y sus mecanismos se adapten a las conveniencias de gobiernos que no quieren investigaciones sobre sus países ni procesos de rendición de cuentas contra los victimarios. Podemos señalar tres ejes centrales en este accionar ante el Consejo. El primero, consiste en crear y sostener una retórica para seleccionar y manipular los principios de la Carta de la ONU con el fin de descalificar los mecanismos de investigación y monitoreo en derechos humanos. Acompañado de gobiernos aliados, reunidos en el autodenominado “Grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas”, el gobierno interviene en los foros de las ONU en Nueva York y especialmente en Ginebra, invocando la soberanía e igualdad de derechos de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en asuntos internos. Sobre esos principios de las Naciones Unidas, acusan a los órganos y mecanismos de las Naciones Unidas de tener dobles estándares hacia el “sur global” y de servir al colonialismo y al imperialismo. Tratan de justificar así, que el Sistema Universal no establezca mecanismos como la Misión de Determinación de Hechos y se limite a funciones de asistencia técnica “siempre con la aquiescencia del Estado concernido” dicen.
De composición variable, ese grupo de amigos, impulsado por Venezuela y con oficina en Ginebra desde agosto de 2023, estaría actualmente integrado por Venezuela, Bielorrusia, Bolivia, China, Cuba, Corea del Norte, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Laos, Mali, Nicaragua, Rusia, San Vicente y Granadinas, Palestina, Uganda y Zimbabue. La mayor parte de ellos gobernados por regímenes autoritarios, siete cuentan actualmente con Relatores especiales mandatados por el Consejo de Derechos Humanos para investigar las situaciones en sus países, y seis de ellos tienen altos mecanismos de investigación del Consejo similares a la Misión para Venezuela. De allí que su interés común sea socavar los mecanismos de investigación, creando una retórica común, mientras aparentan “defender” la Carta de las Naciones Unidas.
El segundo consiste en seleccionar a conveniencia los mecanismos de la ONU y/o manipular sus declaraciones con fines propagandísticos. Así, el gobierno de Maduro se muestra como un defensor del Examen Periódico Universal (EPU), que es el mecanismo creado para que todos los miembros de la ONU informen sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Aunque luego no cumple con los compromisos y recomendaciones adoptadas, ese gobierno instrumentaliza su participación en el EPU diciendo que esa es la vía para evaluar la situación del país y no las investigaciones e informes de los relatores, grupos de trabajo, la OACNUDH y de la Misión de la ONU, todos ellos mandatados por resoluciones adoptadas por voto en el Consejo.
Por otro lado, solo permite el ingreso al país de aquellos relatores que podrían ser funcionales a su propaganda. Fue así como sólo permitió las visitas del Relator sobre un orden democrático internacional en 2017 y de la Relatora sobre sanciones en 2021, cuyos informes favorables a los intereses del gobierno fueron ampliamente divulgados por el mismo. Esperando tener también un informe favorable, permitieron el ingreso del Relator sobre el derecho a la alimentación en 2024, pero no dudaron en descalificarlo cuando emitió un informe independiente y crítico al gobierno. Actualmente, el gobierno también estaría buscando la visita del Relator sobre deuda externa en 2026.
Cuando esos mecanismos no le convienen entonces no les permite entrar al país. Así, entre 2015 y 2021 nunca respondió a las peticiones de visita enviadas por los relatores sobre tortura, defensores de derechos humanos, salud, afrodescendientes, derecho al agua, libertad de reunión y pobreza extrema. A la fecha, no ha respondido a las actuales peticiones de visitas de los relatores sobre ejecuciones sumarias, violencia contra mujeres y niñas, tráfico de personas, venta de niños y del grupo de trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas.
Desde julio de 2021, ese gobierno solo respondió a una de las 23 comunicaciones de relatores y grupos de trabajo que desde entonces han pedido información sobre casos de violaciones a derechos humanos y sobre normas que violan los estándares internacionales. Antes de esa fecha, se había puesto al día respondiendo comunicaciones atrasadas, pues entonces le interesaba aparentar que cooperaba con la ONU para mostrar que la Misión de la ONU, establecida en 2019, no era necesaria.
En esta dinámica, nada tiene de extraño la expulsión de la OACNUDH en febrero de 2024 y su posterior regreso al país reducida a tan solo una funcionaria a quien otorgaron la visa, ni tampoco extraña que no permitan el ingreso al país de la Misión de la ONU, ni respondan a sus peticiones de información.
El tercero y último eje consiste en contribuir a la crisis económica de la ONU e invocarla como mecanismo inhibidor de mecanismo de rendición de cuentas. El gobierno de Maduro ha convertido a Venezuela en el deudor moroso con mayor deuda acumulada de los 193 Estados miembros de la ONU. Como consecuencia, ha perdido el derecho al voto en la Asamblea General de la ONU y actualmente solo puede recuperarlo si cancela 115.615.828 USD que es la deuda acumulada a diciembre de 2022. Desde entonces esa deuda ha crecido aún más.
Los representantes de Maduro en Ginebra no tienen ningún problema en acusar el costo de la Misión de Determinación de los Hechos, como un desperdicio de “los escasos recursos” de la ONU, cuando ellos mismos han contribuido a la crisis financiera. Así, no ha sido posible para las Naciones Unidas cubrir el presupuesto previsto para la Misión entre octubre 2024 y septiembre 2026 cercano a los 10 millones de dólares, llevando a la Misión a reducir drásticamente sus actividades y a trabajar en condiciones difíciles para cumplir su mandato, como lo denunciaran los expertos Patricia Tapatá y Francisco Cox al momento de renunciar hace unas semanas. El argumento de la falta de recursos ha sido también parte del repertorio del “Grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas” cuando se sumó al ataque contra la Misión de la ONU, durante las pasadas sesiones del Consejo y en ocasiones anteriores.
El debilitamiento de las Naciones Unidas beneficia a las tiranías opresoras de los pueblos a nivel global. Por eso no extraña que, más allá de sus pretendidas ideologías, esas tiranías coincidan hoy en atacar a la ONU y a todo el marco internacional creado para proteger a las víctimas de violaciones a derechos humanos y para sancionar a los victimarios. En todo esto, resulta preocupante que desde sectores de las sociedades victimizadas se aplaudan esos ataques, como si la historia no hubiera demostrado suficientemente que no son los señores de la guerra ni los opresores quienes van a velar por lo derechos humanos de los pueblos.
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Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
