ACERCA DEL AUTOR:
Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
La citación al coordinador general de Provea por parte del CICPC forma parte de un patrón de persecución contra las organizaciones de la sociedad civil venezolana y se encuadra dentro de los actos de intimidación y represalias según los estándares de las Naciones Unidas. Por esta razón, este tipo de actos tienen consecuencias inevitables en los expedientes internacionales abiertos contra el Estado venezolano y sus autoridades, más aún cuando estas últimas descalifican sistemáticamente a los mecanismos de la ONU como si esto las liberara de sus responsabilidades internacionales.
Durante sus 36 años de existencia, Provea ha interactuado constantemente con los mecanismos de la ONU, enviando informes paralelos con ocasión de los tres Exámenes Periódicos Universales sobre Venezuela y a varios de los diez órganos de tratados, conocidos como los Comités, durante los exámenes de los informes periódicos que debe presentar el Estado por haber ratificado varios tratados de derechos humanos de la ONU. También ha presentado casos individuales de víctimas ante dichos órganos y ante los grupos de trabajo de la ONU que son parte de los procedimientos especiales. En 1998, Provea obtuvo la primera condena al Estado venezolano por parte del Comité contra la Tortura por un caso individual. Provea ha participado constantemente en las tres sesiones anuales del Consejo de Derechos Humanos, y ha sido citada numerosas veces como fuente fiable en los informes de la Misión para la Determinación de los Hechos y del Alto Comisionado para los Derechos humanos. Por estas razones, también ha sido incluida por el Secretario General de la ONU en su informe sobre intimidaciones y represalias contra quienes acuden o cooperan con las Naciones Unidas, creado desde 2009 por resolución del Consejo de Derechos Humanos.
En efecto, desde 2016 dicho informe incluyó al coordinador general de Provea, volviendo a reportar nuevos actos de intimidación contra la organización en 2019, 2020, 2022 y en 2024. Los informes reportaron ataques desde el show “con el mazo dando”, desde otras plataformas digitales afines al establecimiento y por funcionarios del Estado. Los informes ilustran un patrón de persecución contra Provea y sus coordinadores, un patrón que se ha repetido con la última citación del CICPC.
En efecto, por lo menos cuatro de los actos considerados como represalias o intimidaciones han sido implementados en contra de Provea. Primero, los actos de amenazas y acoso por representantes de la autoridad, en particular a través del mencionado show. Segundo, las campañas de desprestigio recogidas por medios y plataformas digitales afines al gobierno. Tercero, el sometimiento a vigilancia por parte de cuerpos de seguridad del Estado. Y el cuarto, la promulgación de leyes restrictivas, como la llamada “Ley contra el odio, la convivencia pacífica y la tolerancia” en la que se basó la última convocatoria del CICPC.
Para el mecanismo de las Naciones Unidas “cuando quienes colaboran con las Naciones Unidas sufren intimidaciones, amenazas, encarcelamiento o una suerte aún peor, perdemos todos, y la credibilidad de las Naciones Unidas queda en entredicho”. Por su parte, los Estados que cometen esos actos y, aún más, descalifican el informe del Secretario General, terminan minando su propia credibilidad en la ONU. Así, los representantes de Maduro en Ginebra no han dudado en descalificar altaneramente los informes durante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Sin duda tal actitud, como también los insultos contra la Misión de la ONU en plenas sesiones del Consejo, contribuyeron a que las autoridades venezolanas apenas reunieran seis votos en el Consejo para evitar que se renovara por voto mayoritario la Misión de la ONU y el mandato de OACNUDH, en octubre pasado.
El impacto internacional de las intimidaciones y represalias contra las organizaciones de derechos humanos es cada vez más grande. Dentro del mismo Sistema Universal, los órganos de tratados (los comités) han creado también mecanismos para denunciar esos actos, en los que también han incurrido recientemente los representantes de Maduro ante el Comité sobre Discriminación Racial. También en Asamblea de Estados parte al Estatuto de Roma se han emitido guías para hacer frente a intimidaciones y represalias contra las organizaciones y personas que acuden a esa instancia.
El patrón de intimidaciones y represalias ha sido y sigue siendo corroborado en documentos oficiales de las Naciones Unidas. A ello se suma la impunidad en la que se encuentran los agentes del Estado que cometen esos actos y la inacción de la Defensoría del Pueblo que omite sistemáticamente su deber de protección. En efecto, las graves irregularidades en la “citación” del CICPC, denunciadas por Provea, deberían generar investigaciones y sanciones contra los responsables de ellas. Pero no ocurrió, ni ocurrirá. La impunidad es la llave que abrió y sigue abriendo la puerta a los mecanismos internacionales, nutriendo la investigación en la Corte Penal Internacional que ya investiga el crimen de persecución, del que puede formar parte este patrón de represalias e intimidaciones contra las organizaciones de derechos humanos.
ACERCA DEL AUTOR:
Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
