ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
El Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de ese país se han sentado nuevamente a negociar. En esta oportunidad, durante la recién iniciada gestión del presidente Gustavo Petro. Aspiro que esos diálogos den resultados positivos para fortalecer el proceso de paz y se revitalice la democracia colombiana.
En Venezuela hay suficientes motivos para observar con interés la evolución de ese proceso de conversaciones. Durante más de 50 años, la presencia de grupos irregulares de Colombia en la frontera, ocupando incluso espacios del lado venezolano, ha generado situaciones de violencia dramáticas. En febrero de 1995, presuntos guerrilleros del ELN asesinaron a ocho infantes de la marina venezolana. Algunos de sus cuerpos fueron mutilados, lo cual demuestra la saña del ataque. En respuesta a esa situación, las fuerzas militares venezolanas respondieron agrediendo a la población civil a quienes acusaron de colaborar con la guerrilla.
Una habitante murió como consecuencia de torturas recibidas y más de 30 afirmaron haber sido torturadas.
Durante aproximadamente cinco décadas se acumulan numerosos hechos de violencia de la presencia de grupos armados de Colombia en los estados Apure, Táchira, Zulia y más recientemente en el estado Amazonas. Imponen su ley a la población. Se ha señalado la complicidad de funcionarios venezolanos tanto civiles como militares, facilitando o tolerando la presencia.
En tiempos más recientes se conocen denuncias realizadas por indígenas del estado Amazonas, señalando que presuntos integrantes del ELN han perpetrado asesinatos contra algunos líderes, han ocupado los territorios e incluso destruido sus humildes viviendas. Imponiéndose por la fuerza de las armas han desplazado a poblaciones indígenas.
El diálogo con el ELN debe incluir su salida del espacio geográfico venezolano. Eso pasa por el hecho que tanto la propia organización guerrillera, el gobierno colombiano y el gobierno venezolano admitan su presencia y se establezca un cronograma de retirada, así como mecanismos para procesar las denuncias de los abusos cometidos.
Abogamos por resultados muy positivos de las conversaciones iniciadas con esa fuerza insurgente y aspiramos las poblaciones de frontera tengan mayores posibilidades de vivir sin los episodios de violencia sufridos por años. Que a su vez se establezcan políticas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de frontera.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
