ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
La normalización de la crisis venezolana entre nosotros pudiera llevarnos a pensar que la escasez cíclica de combustible sería, apenas, una muestra de la ineficacia gubernamental sin relación con los derechos humanos. La idea del presente texto desafía esa idea e intentará establecer los vínculos entre ambas dimensiones.
Al igual que tener agua potable, servicio de luz eléctrica o el gas doméstico, el acceso al combustible debe incluirse dentro del renglón de los “servicios básicos”, que según los estándares internacionales de derechos humanos forman parte del llamado “nivel de vida adecuado” que debería disfrutar, sin discriminación, el conjunto de la población. Por ejemplo, en el año 2010 el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, expresó:
“Toda la gente tiene derecho a beber agua limpia, a la sanidad, el albergue y los servicios básicos. Toda la gente tiene derecho a vivir con una sensación de seguridad. Toda la gente debe tener la oportunidad de luchar por un futuro mejor”.
No solamente se reconoce la necesidad de contar con servicios básicos permanentes, sino también que el protestar por ellos debe ser permitido por las autoridades.
En otra opinión similar, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) asegura: “Los servicios públicos de suministro son fundamentales y desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social… Son una condición sine qua non para la erradicación efectiva de la pobreza. Los gobiernos son responsables en último término de asegurar el acceso fiable y universal a los servicios en unos marcos normativos que prevean la rendición de cuentas”.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), aprobado en 1966, suscrito por Venezuela en 1969 y cuya vigencia empezó diez años después, incluye el nivel de vida adecuado en su contenido. En el artículo 11 se reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia y a una mejora de sus condiciones de existencia. Además, se agrega que los Estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho. Por su parte, el artículo 2.1 expresa que los Estados deben adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la satisfacción del derecho.
En el año 2015 todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas y el planeta en el cual se engloban 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Objetivo número 7, sobre la energía asequible y no contaminante. Al respecto la meta fijada para el año 2023 es “Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos”. Subrayo el adjetivo “fiable”, que sugiere que el servicio energético, el combustible, no debería causar daños ni perjuicios a quienes lo utilizan, teniendo estándares técnicos mínimos de calidad.
Las consecuencias de la ausencia de gasolina para el disfrute de diferentes derechos económicos, sociales y culturales de venezolanos y venezolanas ha sido documentado y denunciado por los organismos internacionales.
En septiembre de 2021 el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó al Consejo de Derechos Humanos que “La escasez de combustible afectó negativamente en la producción y distribución de alimentos, el transporte público, los servicios públicos, la educación y el sector de la salud”.
No podemos obviar que mucho antes de las sanciones, una de las causas del deterioro de la industria petrolera ocurrió en el año 2003 con el despido de 18.756 trabajadores de PDVSA, luego del paro nacional de actividades de finales de 2002, que representaban el 47% de la nómina de la industria estatal. Lo que representó el mayor despido masivo de la historia del país, de violación flagrante de las prestaciones sociales y el socavamiento del sindicalismo no estatizado, devino en la desprofesionalización de la industria petrolera cuyas consecuencias hoy están a la vista.
A pesar de la ausencia de poderes independientes y Estado de derecho, las autoridades actuales tienen responsabilidad en la vigencia de las garantías de la dignidad humana para la población. Sobre algunas medidas que pudieran implementarse para revertir esta situación, la OIT sugiere: “El diálogo social desempeña un papel importante en la elaboración de estrategias conjuntas por los interlocutores sociales a fin de mejorar los servicios públicos de suministro, con el objetivo común de lograr que todas las comunidades pueden acceder a los servicios, de mejorar la eficiencia de los servicios, y de y examinar los aranceles y otras fuentes de recaudación de ingresos. Una de las cuestiones clave en el sector de los servicios públicos de suministro es la necesidad de respetar los convenios internacionales que protegen la libertad sindical y de asociación y la negociación colectiva, y evitar interrupciones en la prestación de servicios públicos de suministro en la medida de lo posible”.
La próxima vez que usted haga horas y días de cola para llenar el tanque de gasolina de su vehículo, opine lo que quiera. Pero también que las autoridades le están violando su derecho a acceder a servicios básicos y tener un nivel de vida adecuado.
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Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
