ACERCA DEL AUTOR:
Oly Millán
Economista (UCV) y exministra del Ministerio para la Economía Popular (2006). Integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la CRBV y de la Plataforma Contra el Desfalco a la Nación.
Oly Millán│ Me escribía hace algunos días un amigo jubilado, profesor titular de la UCV e investigador del mundo indígena reconocido por la UNESCO, que el monto de su jubilación no le alcanzaba para mantenerse ni que hablar de las condiciones elementales que necesita un investigador para hacer su trabajo.
Al describirme su drama personal, también reflexionaba diciendo que no era más que el reflejo de un país al que habían conducido a la peor de las circunstancias, al que le habían quitado la posibilidad de proporcionarle a sus ciudadanos un futuro mejor.
Un país víctima de la geopolítica mundial a la que ni el gobierno ni la oposición (no democrática) han sabido oponer resistencia sino todo lo contrario, ofrecer condiciones para el saqueo de nuestros recursos naturales con el potencial desmembramiento de nuestro territorio. Un país que lo han golpeado en su dignidad hasta el punto de convertirlo en pieza fácil de las aves de rapiña que dominan al sistema mundo, donde vergonzosamente pudiéramos perder los activos que tiene la república en el exterior, muy necesarios para nuestra recuperación.
En la descripción de su situación personal, que no es muy distinta al resto de los venezolanos, resulta evidente que quien trabaja y no recibe nada a cambio es un ser esclavizado. Los trabajadores esclavizados de la Venezuela del socialismo del siglo XXI de Nicolás Maduro, resulta que estamos en peores condiciones que los esclavos del siglo XIX, ya que por lo menos aquellos podían “comprar su libertad” y “dejar” de ser esclavos.
Nuestro caso es muy diferente porque con el poco poder adquisitivo que tiene el salario de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, el cual apenas alcanza para sufragar una exigua parte de la canasta básica, son de hecho mínimas las libertades que como seres humanos sujetos de derecho tenemos.
Se ha venido dando como un hecho natural, el acelerado y progresivo empobrecimiento de la población venezolana, lo que redunda innegablemente en la privación de capacidades, muy necesarias estas para superar la pobreza. Esta situación que conduce a la generación de un círculo perverso de pobreza y perdida de capacidades, al final termina generando la perdida de libertades y de derechos.
La pregunta que nos hacemos es: ¿podemos revertir esta desastrosa situación a la que han conducido tanto al país como a las familias venezolanas? Y, por otra parte ¿Cuáles son los mecanismos que como pueblo tenemos para comenzar a cambiar este estado actual de destrucción? A lo que mi amigo responde con mucha convicción: “Sí podemos revertir esta situación, tenemos un mecanismo para hacerlo y es lograr una masiva participación en la próximas elecciones a la Asamblea Nacional”.
En infinidades de documentos, como reflejo de los hechos concretos, se ha venido denunciando el carácter autoritario de este gobierno, por decir lo menos, y su actuación violando sistemáticamente la constitución vigente, al margen de ello sabemos que la única vía constitucional para poder detener la crisis, sobre todo la crisis política institucional y la deriva autoritaria del gobierno, es presionar por una salida democrática y pacífica que genere las mínimas condiciones necesarias para la participación electoral.
El desafío al que nos enfrentamos es grande, sobre todo porque la estrategia de los sectores extremos (gobierno y oposición) es impedir que se exprese con libertad la gran mayoría del pueblo venezolano. Uno porque la violación a los derechos humanos ha sido su fórmula para mantenerse en el poder, y el otro porque su estrategia para tomar el poder está supeditada a las líneas de acción que determine el Departamento de Estado de los EEUU, tal como lo evidenció John Bolton en el capítulo sobre Venezuela de su último libro.
Por otra parte, es posible que exista una poca disposición en la población a participar en las próximas elecciones. Esto se debe a las recientes decisiones que en materia electoral se han venido aprobando, como también la poca conexión que percibe la gente entre el tema electoral y las posibilidades de cambiar las difíciles condiciones de vida que enfrentan los venezolanos. Otra causa que no debe ser menospreciada es la carencia de un liderazgo político opositor que genere confianza y que tenga al país como su preocupación principal.
Si lo vemos en perspectiva, a esta nueva AN le pudiera tocar la posibilidad de activar un referendo revocatorio en el 2022 y, para evitar desvíos al interés y soberanía popular, capitalizar y direccionar con inteligencia democrática la multitudinaria manifestación popular que evitaría las trampas de la elite gobernante.
Por otra parte, la nueva AN podría contribuir a crear las condiciones políticas para debatir los grandes problemas y desafíos que tenemos como país, evitar la injerencia extranjera y promover un cambio de gobierno en el 2025. En fin, transitar la vía de la reinstitucionalización democrática del país.
La reinstitucionalización, entre muchos aspectos, significa el acatamiento a la Constitución. Es por esto que cobra importancia el reconocimiento y respeto a la estructura del Estado, el estado de derecho y la independencia de poderes. Significa también, como me lo explicaba mi amigo jubilado con mucha vehemencia, el ejercicio de la democracia participativa y protagónica como mecanismo, entre otros aspectos, para que el pueblo organizado y consciente ejerza contrapoder.
Un contrapoder que participe en la toma de decisiones estatales y realice contraloría social. Es evitar que una élite siga tomando decisiones de espaldas al país hasta conducirlo a la situación dramática que tenemos hoy, esclavizando a las familias y amenazando la viabilidad futura de la nación venezolana.
Recursos o actitudes que tiene una persona, comunidad o institución para desempeñar una determinada tarea o actividad.
Derechos políticos, sociales, económicos y ambientales.
ACERCA DEL AUTOR:
Oly Millán
Economista (UCV) y exministra del Ministerio para la Economía Popular (2006). Integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la CRBV y de la Plataforma Contra el Desfalco a la Nación.
