Existe una política de Estado mediante la cual se realizan detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y malos tratos contra personas de la oposición.
Las detenciones realizadas en los últimos meses en el contexto electoral es la continuidad del crimen de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física que viene investigando la Corte Penal Internacional por hechos que ocurren desde 2014. Forman parte de un ataque sistemático contra las personas opositoras o consideradas opositoras.
Las detenciones se realizan con pleno conocimiento de las más altas autoridades del Estado Venezolano y posiblemente por órdenes emanadas desde la cúpula del Poder Ejecutivo.
Según la organización Laboratorio de Paz del 04 al 14 de julio en el contexto de la campaña electoral habían sido detenidas de manera arbitraria 71 personas.
A ello hay que sumar 37 detenciones ocurridas en el primer semestre de 2024 incluyendo en ellas al defensor de derechos humanos Carlos julio Rojas.
Este contexto represivo atenta contra la posibilidad de un debate amplio en el país sobre la actual situación y las políticas que deberían implementarse para superar la pobreza, estabilizar la economía y mejorar los servicios públicos entre otros temas de interés nacional.
Afecta el derecho político a la participación a elegir y ser elegido.
Produce mayor sufrimiento en la población afectada en los últimos años por situaciones difíciles en lo económico y social. Es decir, es una represión que trasciende a las personas y familias directamente afectadas
La continuación de este ataque sistemático contra la población opositora es una clara muestra que las autoridades venezolanas no tienen ninguna intención de cumplir los compromisos establecidos con la Fiscalía de la Corte penal Internacional.
Además de no realizar investigaciones genuinas sobre los crímenes perpetrados desde 2014 persiste en cometer crímenes.
No se investiga a las personas presuntamente responsables de tales crímenes ubicados en la mayor jerarquía de la cadena de mando, sino que esas personas posiblemente son las que hoy estén dando las instrucciones a los cuerpos policiales y militares para que ejecuten la persecución y encarcelamiento.
Toda la documentación que se viene realizando de las detenciones arbitrarias deben servir para que la Fiscalía de la Corte continué con la investigación y pueda avanzar en la determinación de las personas a quienes se les pudiese dictar en su debido momento órdenes de captura u órdenes de comparecencia.
En Venezuela no puede haber borrón y cuanta nueva ante los crímenes de lesa humanidad. Los responsables deben ser investigados y sancionados principalmente aquellos que han estado en la cúpula del poder y los más altos mandos de los organismos represivos.
La impunidad no es una opción. La Venezuela del futuro debe construirse sobre la base de la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido, la reparación a las víctimas y la toma de decisiones sobre medidas y políticas para que no vuelvan a ocurrir graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales.
