ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado | El pasado 20 de septiembre Amnistía Internacional hizo público su informe “Venezuala, esto no es vida” sobre violaciones al derecho a la vida y la integridad personal en el contexto de la actual situación de inseguridad y de las medidas represivas adoptadas por el Estado. Pocos días después, la fundadora y ex rectora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), Soraya El Achkar, reaccionó públicamente ante los crímenes cometidos sistemáticamente por las FAES. Y pocos días más tarde, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció la creación, en un futuro incierto, de una Escuela de Formación y Capacitación de Fuerzas de Acciones Especiales (Faes). El mismo día de este anuncio fuentes de prensa aseguraban que ese cuerpo policial había dado muerte a siete hombres en siete operativos diferentes en Miranda y el Distrito Capital, repitiendo un trajinado formato informativo: hombres jóvenes, llamados por sus alias y vinculados con bandas armadas, muertos en presuntos enfrentamientos en los que no se reportan lesiones a los miembros de los cuerpos policiales.
Al presentar su informe Amnistía Internacional, afirma que “El Estado no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia. El resultado ha sido más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017”. Los testimonios de madres, esposas, padres, y otros familiares, que acompañan este informe, no distan mucho de los que recibiera Soraya El Achkar cuando era una emblemática defensora de los derechos humanos en lo que era la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Justamente esa experiencia como defensora de derechos humanos debiera permitirle pronunciarse de nuevo ante la cortina de humo que es en verdad la anunciada Escuela para las FAES.
Primero porque anunciar la creación de esta Escuela es reconocer el fracaso de la UNES para implementar un modelo policial civilista, pues todos los funcionarios de las FAES deben haber sido formados en la UNES. Segundo porque no basta dar nuevos cursos de formación para desmontar las dinámicas criminales en el terreno si no existen investigaciones y sanciones disciplinarias y especialmente penales para depurar los cuerpos policiales. Tercero, porque es elocuente la evidencia de un accionar criminal sistemático por parte de las FAES como lo refleja el informe de Amnistía Internacional y las múltiples denuncias de las comunidades y los familiares. Cuarto, porque la impunidad de los crímenes de las FAES es total y porque el silencio e inacción desde el Fiscal General y desde el Defensor del Pueblo indican por lo menos una responsabilidad por omisión. Quinto, porque todo apunta a que ya se puede hablar de una “política de un Estado para cometer un ataque contra una población civil” en el que se comenten crímenes contra la humanidad, en los términos del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
No se puede menos que saludar el pronunciamiento personal de Soraya El Achkar pues son y serán demasiadas las víctimas de esta política de Estado como para guardar silencio. Un pronunciamiento personal pues la potestad para cambiar las cosas ya no depende de sus funciones públicas: esa potestad depende principalmente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cuyos pasos van justamente en el sentido contrario. Pero también depende, para prevenir y sancionar esos crímenes, del Fiscal General y del Defensor del Pueblo, quienes han guardado un vergonzoso silencio. Basta finalmente recordar que según la reiterada jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, una “política de Estado” para cometer crímenes de lesa humanidad puede configurarse por acción o por omisión. En otras palabras, el silencio pudiera ser parte de una “política” en los términos del Estatuto de Roma y en este sentido pudiera estar siendo considerado así por la Fiscal de la Corte Penal Internacional en el actual examen preliminar sobre Venezuela.
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Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
