ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
Rafael Uzcátegui | La Carta Democrática Interamericana puede ser activada a solicitud del Estado que ha sufrido la vulneración de su institucionalidad democrática, por petición de otro Estado miembro de la OEA o por iniciativa del Secretario General de la OEA. Como la aplicación de las sanciones diplomáticas previstas en dicho instrumento depende de la aprobación de las dos terceras partes del Conejo Permanente de la OEA, la instancia debe estar lo mejor informada posible acerca de la situación del país objeto de la aplicación. Este es el objetivo de Luis Almagro en los dos informes realizados sobre Venezuela, el más reciente de fecha 14 de marzo de 2017.
Lo primero que resalta del último Informe Almagro es su firmeza en explicar la situación de ausencia de democracia en Venezuela: “-Tengo- la convicción de que, tarde o temprano, la democracia volverá a ser el sistema de gobierno en Venezuela”.
En la primera parte del informe, titulada “El Sistema Interamericano y la Defensa de la Democracia”, Almagro describe la necesidad de activar los instrumentos acordados regionalmente para la defensa de la democracia: “Debemos evitar el doble rasero y utilizar los mecanismos disponibles (…) La protección de la democracia no debe limitarse a las palabras, requiere actuar”.
“La democracia requiere diálogo, pero es preciso reiterar que para obtener resultados satisfactorios, el diálogo debe ir acompañado de acciones”
La segunda parte del texto es referida al proceso de diálogo realizado en Venezuela: “La democracia requiere diálogo, pero es preciso reiterar que para obtener resultados satisfactorios, el diálogo debe ir acompañado de acciones”, recordando el apoyo de la OEA al realizado en nuestro país promovido, entre otros, por el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y describiendo la evolución del mismo, para concluir: “El diálogo no ha dado ningún resultado (…) la situación política, económica, social y humanitaria ha empeorado; y el poder del régimen autoritario se ha perpetuado aún más”. Para finalizar este apartado, sentencia: “Continuar replicando los fallidos esfuerzos de mediación y las gestiones diplomáticas rechazadas sólo puede prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano”.
La tercera parte trata sobre las recomendaciones de actuación de la OEA frente a la situación venezolana, retomando las 8 sugerencias expuestas en el primer informe. Inicia con el Referendo Revocatorio como mecanismo para solucionar el conflicto mediante la consulta al soberano: “El RR fue la última solución constitucional a la crisis política en Venezuela. El referendo no era una baza de negociación que el Gobierno o la Oposición pudieran utilizar como parte de las negociaciones en el Diálogo Nacional; era un derecho fundamental del pueblo establecido en la Constitución de 1999”. Asimismo, se expone las irregularidades presentes tanto en las elecciones regionales como para los diputados de Amazonas. Otras recomendaciones eran la liberación de las personas presas por razones políticas; garantizar el acceso a los alimentos y servicios de salud; Cumplimiento estatal de su obligación de brindar estándares suficientes de seguridad a los ciudadanos; Eliminar incumplimiento constitucional respecto al equilibrio de poderes del Estado; Garantizar la independencia del Tribunal Supremo de Justicia; crear un mecanismo de combate a la corrupción integrado por expertos independientes y, finalmente, incorporar a la llamada “Comisión por la Verdad” apoyo técnico de Naciones Unidas.
Almagro es tajante en sus conclusiones: “Sería inmoral que las acciones políticas que se instrumenten y ejecuten hoy en Venezuela sean simplemente movidas de fichas en un tablero que pretendiera disfrazar de democracia un país que sufre la violación sistemática de los derechos humanos de su pueblo, que ha visto morir el estado de derecho, que no tiene un sistema de garantías mínimas que se puedan hacer valer frente al autoritarismo, que sufre la violación sistemática de los principios y disposiciones constitucionales”.
Las recomendaciones de este nuevo informe son: 1) “Ha habido una ruptura total del orden democrático y la única solución democrática es que el pueblo vuelva a tener en sus manos el poder de decidir su destino”, por lo que plantea elecciones generales completas, a la mayor brevedad posible, con presencia de observadores internacionales; 2) Implementar sus sistema eficaz de lucha contra la corrupción; 3) Continuar sanciones bilaterales a personas vinculadas al gobierno involucradas en casos de narcotráfico o corrupción; 4) Liberación de presos políticos; 5) Canal inmediato de ayuda humanitaria, con énfasis en alimentos y asistencia médica y 5) Retorno al orden constitucional con pleno respeto a la separación de poderes.
El Secretario General propone a los Estados miembros de la organización aplicar lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana, que estipula suspender al gobierno de Venezuela de las actividades de la OEA. Venezuela seguiría siendo miembro de la OEA, a pesar de esta suspensión, que Almagro afirma que lo hace “con la convicción de que lo será por un breve lapso”.
Casi al final de su documento Almagro reflexiona: “¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la salida real? La gente cuando habla de salida real habla de derrocar a un gobierno; nosotros debemos hablar de elecciones. Esa es la única salida real que existe. Una salida sin elecciones es una salida irreal, es posponer la agonía del país fuera de la democracia, la constitución y la institucionalidad.”
Publicado también en el Correo del Caroní
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