ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado / Carmen es una educadora que imparte clases de primaria en el estado Yaracuy con un sueldo no superior a 4 dólares al mes. Con 40 años de edad vive día a día en una situación de sobrevivencia. Desde hace dos meses se acabó en su casa la bombona de gas doméstico y, a pesar de poseer una pequeña cocina eléctrica, la mayoría de las veces cocina con leña. Los prolongados apagones, le impiden usar la cocina de dos hornillas. Su única alternativa es buscar leña para preparar los alimentos. Sus vecinos viven una situación similar, por lo cual a veces salen varios en búsqueda de la leña.
Para obtener algunos ingresos lava la ropa de otras personas y cobra por cada pieza. Como no tiene agua en su casa, debe ir a lavar la ropa a un pequeño riachuelo donde acuden otras personas con el mismo problema de escasez de agua.
Así describía recientemente parte de su vida esta maestra venezolana cuando participaba junto a otro grupo de educadores en un debate sobre la situación de la educación en Venezuela. Su testimonio animó a otras a narrar su día a día. Una de ellas contó cómo buscando leña cayó en un hueco y tuvo un accidente que la obligó a pedir prestado para poder comprar los medicamentos.
Esto es una descripción del drama que viven cientos de educadores y educadoras en una Venezuela a la que nos prometieron hace quince años convertirla en potencia.
La situación de los profesores universitarios no es diferente. El profesor de la Universidad Central de Venezuela Gregorio Afonso en un reciente artículo de opinión titulado «Gofundme»: El nuevo HCM de los universitarios resumía los padecimientos que deben soportar los profesores de nuestras universidades si se les presenta alguna complicación de salud.
Indicó el profesor Afonso: “La desprotección al derecho a la salud de los universitarios, tanto por el sistema público nacional de salud como por el SISMEU, ha obligado que estos recurran a la promoción de campañas de recaudación de fondos para enfrentar contingencias de salud. Las redes sociales son testigos de excepción de esas iniciativas. La caridad y la filantropía se convierten, de hecho, en la única vía que encuentran para tener acceso a una atención que por derecho le corresponde”.
La indolencia del gobierno ante los salarios de hambre del personal docente en todos los niveles educativos, contribuye a la agudización de la crisis en el sistema educativo. La deserción se incrementa, ya sea porque emprenden el camino para cruzar las fronteras buscando un mejor vivir o buscan ingresos en otras áreas laborales o en la economía informal.
Según las cifras difundidas por el INE a finales de 2019, entre los lapsos escolares 2016/17 a 2017/18 se produjo una reducción de 36.465 docentes. No se conocen datos de la situación en 2019, pero por el contexto país de incremento de la pobreza y el caos en los servicios públicos, posiblemente se haya incrementado.
De acuerdo a los datos recogidos por la organización Provea en sus último Informe Anual sobre el Derecho a la Educación 20% de los 450 docentes de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo) renunciaron.
En la UCV según dicho Informe la situación no es diferente. Un estudio del Vicerrectorado Administrativo de la UCV sobre salarios, realizado en 2017 y actualizado en 2019, indicaba que el profesor de mayor nivel con la calificación de Titular a Dedicación Exclusiva ganaba 20 dólares al mes y el de menor categoría, Auxiliar Docente I, laborando tiempo completo, devengaba un salario de 9,9 dólares.
En los últimos cinco años han renunciado 2.018 profesores de la UCV. En un país donde el gobierno repite y repite que pronto seremos un país potencia, la educación poco le importa y es indiferente a las penurias de los miles de educadores.
Con toda razón los gremios del sector educativo vienen convocando movilizaciones exigiendo salarios dignos y mejores condiciones de trabajo.
Tenemos el deber moral de apoyarlos y exigir, junto a ellos, que cese la desidia ante el declive del sistema educativo venezolano.
(*) Abogado, Coordinador de Investigación, Monitoreo y Difusión de Provea
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
