Gregorio Afonso | El incumplimiento por parte del gobierno de facto de las obligaciones contractuales que en materia de protección de la salud contrajo con los universitarios, a través de las Normas de Homologación, la Convenciones Colectivas Únicas de Trabajo y las Actas Convenios, ha genera que los trabajadores de la educación superior ante contingencias médicas, tengan que recurrir a campañas de solidaridad para recaudar fondos que les permitan financiar los gastos que de ellas derivan.
Recientemente el buen amigo y destacado profesor de la Universidad de Los Andes, Ángel Andara, publicó un tweet con el título de estas notas. En él, en menos de 240 caracteres, se resume una realidad dramática: El Estado incumple sus obligaciones constitucionales, legales y contractuales de garantizar el derecho humano a la salud de los trabajadores universitarios y sus familiares. Dejándolos a merced de lo que ellos en forma individual puedan lograr.
El gofundme, aunque es el instrumento de recolección de fondos más conocido, porque permite campañas de recaudación en moneda extranjera, no es el único utilizado por los universitarios para enfrentar sus contingencias de salud, sus requisitos, en oportunidades, conduce a que muchos trabajadores no puedan concretar una campaña de este tipo. En los casos en los que esto sucede, impulsan iniciativas de recaudación de recursos en moneda nacional, en entidades financieras ubicadas en Venezuela.
Con las Convenciones Colectivas Únicas del Sector Universitario (CCU), empezó el camino que generó la penosa situación actual, en la cual la desprotección en materia de salud del trabajador universitario y su familia es total. En ellas el régimen propuso la creación del Sistema Integrado de Salud de las Trabajadoras y los Trabajadores Universitarios (SISMEU) y el Instituto de Previsión Social Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras Universitarios. Sus objetivos a través de ambas propuestas han sido:
- Eliminar todas las experiencias previsionales y asistenciales que por décadas han resultado exitosas, como lo han sido: los servicios básicos auto administrados de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) para imponer un Sistema Centralizado denominado Sistema Integral de Salud del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (SISMEU)
- Ahogar financieramente todos los institutos de previsión social, para igual que como ocurre con el HCM básico, eliminar las experiencias preexistentes en las universidades, sin evaluación alguna que lo justifique e imponer el Instituto de Previsión Social Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras Universitarios (IPSU).
Con estas dos iniciativas centralizadoras (SISMEU e IPSU), el gobierno de facto desconoce sus obligaciones con los institutos de previsión social y los acuerdos federativos preexistentes, pese a que en 2013, para levantar el conflicto que paralizó la educación superior por casi seis meses, firmó un acta con los gremios docentes y las autoridades universitarias, en la que reconocía la experiencia de tales institutos y la vigencia de esos acuerdos cuando estos resulten más favorables para el trabajador.
De las dos experiencias propuestas por el gobierno de facto, la que, hasta ahora, impacta a todos los trabajadores universitarios, es el Sistema Integral de Salud del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (SISMEU), un HCM centralizado en el Ministerio de Educación Universitaria, que cuenta con el apoyo técnico de una empresa aseguradora.
El SISMEU muestra el desprecio del Gobierno de Facto hacia los trabajadores universitarios. Su cobertura es un afrenta a la dignidad (bs. 1.200.000), lo que equivale a 2,2 USD. Los trabajadores para solicitar una cobertura mayor a ese monto, deben dirigirse, directamente o a través de su universidad, al Ministerio de Educación Universitaria para solicitar una cobertura superior. Este procedimiento deja en manos de un burócrata la decisión de si se aprueba o no tal la solicitud, lo cual no sólo ralentiza la respuesta sino y esto es esencial, le otorga discrecionalidad a la administración de un beneficio que no es focalizado sino universal.
El resultado de la asfixia presupuestaria impuesta por el Gobierno de Facto a los sistemas de previsión social preexistentes en las universidades y la insuficiente cobertura e ineficiente servicio del SISMEU es: Dolor y luto para los trabajadores universitarios.
La desprotección al derecho a la salud de los universitarios, tanto por el sistema público nacional de salud como por el SISMEU, ha obligado que estos recurran a la promoción de campañas de recaudación de fondos para enfrentar contingencias de salud. Las RRSS son testigos de excepción de esas iniciativas. La caridad y la filantropía se convierten, de hecho, en la única vía que encuentran para tener acceso a una atención que por derecho le corresponde.
Desde que inicio la pandemia a la fecha, a través de un examen a las RRSS y consulta a diferentes organizaciones gremiales y sindicales, el autor de estas notas pudo identificar el impulso de 83 campañas de recolección de fondos, promovidas por distintos universitarios, para atender sus contingencias de salud o la de sus familiares. Esta cantidad, seguramente incompleta, indica que: Ante la total desprotección de su derecho a la salud, cada dos días, un nuevo trabajador universitario, se suma a la lista de los que convocan la solidaridad de conocidos y extraños, para estar sanos o mantenerse con vida.
Los derechos económicos y sociales no son prioridad en la agenda del Gobierno de Facto, por eso la población y dentro de ella, los universitarios recurren a iniciativas privadas y organizaciones públicas no estatales para sobrevivir. Esta práctica crece exponencialmente, motivado a la agudización de la Emergencia Humanitaria Compleja y la ausencia de respuestas favorables por parte del Estado.
En pleno siglo XXI, en Venezuela vivimos una realidad premoderna, en la que la caridad y la filantropía son las opciones que encuentra el ciudadano para hacer frente a la crisis social. El Estado y la Ley están al servicio exclusivo del poder, el bienestar de la población no es prioridad.
Si bien es correcto apoyar las iniciativas que impulsan los ciudadanos para enfrentar su contingencias de salud, no se debe naturalizar el incumplimiento del Estado de sus obligaciones en materia de garantizar el acceso a derechos sociales, es necesario no desmayar en la tarea de mostrar esta situación a través de registros sistemáticos y lógicamente, reclamar, a través de la movilización ciudadana, el derecho a vivir en condiciones dignas. Protestar no es un delito, al contrario, es un derecho y un resultado ineludible ante el atropello.
Profesor universitario y Secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela | @gregorio_afonso
