ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado | Son las 8:30 de la mañana del día 14 de enero de 2019. Repica el timbre en las oficinas de Provea, abro la puerta y me consigo a una joven y una señora de unos 45 años. Con mucha decencia saludan y noto en la señora sus ojos llorosos. Es Desiré Cumare. Una humilde mujer que vive en Macarao, Caracas. En medio de lágrimas me comunica que su hijo Maikel Jesús Cumare Ávila de tan solo 22 años fue asesinado en su propia casa por funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional. No era malandro me repite. Era un joven trabajador, amante de la música que tenía un programa en la radio comunitaria de Macarao. Me muestra fotos de su hijo con otros jóvenes en la radio. De seguidas el obituario que le dedica en las redes uno de los compañeros de trabajo “ocurrente animador, locutor, humorista, pero ante nada un grandioso ser humano”. Maikel pasó a ingresar la lista de los cientos de jóvenes asesinados por ese componente de la Policía Nacional. Aquella policía que pretendió ser humanista y respetuosa de los derechos humanos pero que hoy cuenta con un escuadrón de la muerte que va sembrando luto por las zonas populares del país. Ejecutan la política que ha instaurado el gobierno de “disparen a matar”. Un gobierno que realiza masivos allanamientos sin orden judicial, detenciones masivas, arbitrarias y sistemáticas y que convirtió las ejecuciones policiales como parte de su proceder cotidiano. Muchos de sus funcionarios han sido entrenados para asesinar sin contemplación. El denominado nuevo modelo policial derivó en la sofisticación de las graves violaciones a los derechos humanos. Sus directores día a día llenan las hojas del expediente. No hay que olvidar que la justicia tarda pero llega y hay además una Corte Penal Internacional analiza la realidad de los derechos humanos en Venezuela.
Ese mismo día, 14 de enero, leo una escalofriante noticia. Un joven soldado de nombre Leocer José Lugo Maíz fue encontrado cerca de una mina en el Callao, estado Bolívar. Le habían mutilado la lengua, sacado los ojos y cortado las dos manos. Un nivel de ensañamiento contra una persona poco conocido. Un indicador del grado de deterioro de nuestra sociedad en estos tiempos. A él y su familia extiendo mi solidaridad.
La violencia institucional y otras formas de violencia en el país están acabando año tras año con miles de jóvenes. Todos nacidos o vivido la mayor cantidad de años de su vida en tiempos donde se prometió un hombre nuevo, prosperidad y paz.
Esta tragedia nacional no puede ser aceptada dócilmente como parte del nuestra forma de vivir. Como colectivo social estamos obligados a exigir castigo para los culpables de tantos asesinatos. Reclamar el cese a la impunidad cualquiera sea quien atente contra la vida e integridad de las personas. Y un nuevo gobierno tendrá la tarea de retomar lo que el denominado bolivianismo no pudo lograr: un modelo policial eficiente y respetuoso de los derechos humanos, reducir los niveles de violencia y brindar mayor calidad de vida y un futuro próspero a nuestros jóvenes.
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Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
